Las nuevas tecnologías y los conflictos pueden provocar un aumento en la llegada de armas ilegales a la UE. La Comisión sostiene que esta nueva directiva llega en el momento adecuado para preparar al bloque.
La posesión, fabricación y tráfico de armas ilegales podrían pronto conllevar penas de prisión desde dos hasta ocho años en toda la Unión Europea, según una propuesta presentada el jueves por la Comisión Europea.
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El borrador de la directiva, presentado por el ejecutivo comunitario en Bruselas, propone armonizar la definición y sanción de los delitos relacionados con armas de fuego en los 27 estados miembros. Se argumenta que las diferencias en las normativas nacionales han creado vacíos legales que las redes criminales aprovechan cuando operan trasfronterizamente.
Por ejemplo, la creación, adquisición, posesión o distribución de planos para armas impresas en 3D estaría penada con una condena máxima de al menos dos años; la tenencia de armas ilegales y sus componentes esenciales conllevaría hasta cinco años de cárcel; mientras que el tráfico y la fabricación estarían castigados con hasta ocho años de prisión.
Según la Comisión, unas 620,000 armas se encuentran actualmente perdidas o robadas en la UE, alimentando el terrorismo, el crimen organizado y la violencia de pandillas. Además, cada año aproximadamente 1,300 personas mueren a causa de la violencia con armas de fuego en los 27 países miembros.
La Comisión alerta que esta amenaza está cambiando rápidamente, impulsada en parte por avances tecnológicos como la impresión 3D y por el flujo de armas vinculado a conflictos y situaciones de inestabilidad fuera de las fronteras europeas. Estas circunstancias, señala, requieren una respuesta más coordinada y prospectiva.
Magnus Brunner, comisario de Asuntos Internos y Migración, declaró a los periodistas que la UE debe prepararse dado que «hay muchas guerras en curso».
«Es necesario anticipar lo que ocurrirá con las armas, especialmente las ilegales, después de los conflictos,» sostuvo, mencionando la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania y los esfuerzos para poner fin a la guerra.
«Los hechos evidencian que después de guerras anteriores, como la de Yugoslavia hace 30 años, todavía se encuentran armas, las fuerzas policiales aún las detectan, lo que demuestra que este problema persiste y debe abordarse,» añadió.
La inclusión de los planos de impresión 3D responde a la creciente inquietud de las autoridades de seguridad frente a la facilidad para compartir y reproducir archivos digitales, facilitando la fabricación clandestina de armas indetectables. Al criminalizar el manejo ilícito de estos planos, la Comisión busca cerrar una laguna en la legislación vigente.
Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, encargada de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, también subrayó que «la estricta aplicación de la Ley de Servicios Digitales es fundamental para combatir la venta ilegal de armas en línea.»
«De hecho, avanzamos a gran velocidad en este ámbito. La semana pasada se abrieron investigaciones formales contra Shein y sus sistemas para limitar la venta de productos ilegales,» explicó, y añadió que entre los artículos prohibidos detectados en la plataforma figuran armas como los puños americanos.
Además de endurecer las sanciones, la directiva pretende reforzar la cooperación operativa entre los estados miembros. Se requerirá que cada país establezca un Punto Focal Nacional de Armas de Fuego para coordinar investigaciones, facilitar la localización y confiscación de armas traficadas y actuar como enlace para la cooperación internacional.
La Comisión propone también nuevas iniciativas para mejorar la recopilación de datos y el análisis criminal. Los Estados miembros deberán registrar un conjunto mínimo de datos sobre las armas incautadas por la policía, incluyendo detalles básicos como modelo y tipo, para evaluar con mayor precisión la dimensión del tráfico ilegal y detectar tendencias, como la entrada de armas dadas de baja provenientes de zonas de conflicto.
Asimismo, los gobiernos deberán compilar y compartir estadísticas cada cinco años sobre investigaciones, procesos, condenas y sanciones relacionadas con delitos con armas de fuego. Esto, asegura la Comisión, brindará una imagen más clara de la amenaza a nivel europeo y fortalecerá el monitoreo y la concienciación pública.
La propuesta ahora pasa al Parlamento Europeo y al Consejo para iniciar las negociaciones.