El Ejecutivo considera prácticamente inviable la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado debido a la carencia de respaldo parlamentario, sobre todo por la postura negativa de Junts y la distancia con ERC.
Junts rechaza sentarse a dialogar con el Gobierno, argumentando el incumplimiento de compromisos anteriores, como el retorno de Puigdemont y la transferencia de competencias en inmigración a Cataluña.
La vicepresidenta María Jesús Montero abandonará su cargo en abril para presentarse como candidata en Andalucía, lo que podría agravar las complicaciones en la negociación presupuestaria.
El Ejecutivo también enfrenta obstáculos con ERC, que mantiene su demanda sobre la gestión del IRPF en Cataluña y no garantiza todavía su apoyo a las cuentas públicas.
Tras disiparse la atención por la desclasificación de documentos secretos vinculados al 23-F, el Gobierno se enfrenta nuevamente a su realidad parlamentaria: la gran dificultad para aprobar leyes en el Congreso por la ausencia de apoyos.
Por ello, impulsa iniciativas como la relativa al intento de golpe de Estado ocurrido hace 45 años.
Esta situación lleva a que fuentes de alto nivel gubernamental retomen un pesimismo respecto a las opciones de aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2026.
De forma oficial, persiste el propósito de aprobarlos en el Consejo de Ministros y enviarlos al Congreso, aunque toma fuerza la posibilidad de no hacerlo, como ha sucedido a lo largo de toda la legislatura, contraviniendo la Constitución.
De inicio, y salvo un imprevisto, el Congreso rechazará este jueves la ratificación del decreto denominado «escudo social» que incluye medidas sociales como la prórroga para desahucios de personas en situación vulnerable. Será la segunda vez que esto sucede, con el voto en contra de PP, Vox y Junts.
El Gobierno manifiesta su frustración y disgusto porque Junts ni siquiera ha accedido a negociarlo. Aseguran que atienden llamadas, pero los seguidores de Carles Puigdemont se niegan a dialogar, según explican públicamente los independentistas.
Su negativa se debe al reproche al Gobierno por no cumplir compromisos previos, principalmente tres: el regreso de Puigdemont a España, el reconocimiento del catalán en la Unión Europea y la transferencia de competencias de inmigración a Cataluña.
El Gobierno expresa impotencia ya que estas cuestiones dependen de terceros y no pueden resolverse de inmediato. La primera está vinculada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y luego al Tribunal Supremo. En algún momento Moncloa tuvo esperanzas de reanudar el diálogo con Junts, pero ahora ese optimismo ha desaparecido.
La segunda se encuentra en negociación con el ministro José Manuel Albares ante la UE, enfrentando dificultades debido al veto de varios Estados miembros.
La tercera está siendo negociada con Podemos, con ciertas expectativas tras haber cedido al partido de Ione Belarra la concesión política ligada a la regularización de inmigrantes.
El Gobierno considera extremadamente complicado resolver estos temas antes de presentar los Presupuestos en marzo, fecha límite impuesta por el propio Sánchez.
Conflicto con ERC
Además de Junts, el Gobierno también enfrenta tensiones con ERC, con quien tampoco se alcanza un acuerdo sobre los Presupuestos. Los seguidores de Oriol Junqueras permanecen distantes de apoyar las cuentas de Salvador Illa en Cataluña, condición previa para respaldar el presupuesto estatal.
El obstáculo en este caso es la cesión completa de la gestión del IRPF pagado en Cataluña. La vicepresidenta María Jesús Montero no acepta la propuesta de ERC, situación que desespera a Illa, quien planea aprobar el viernes el proyecto presupuestario para Cataluña sin contar con apoyos y arriesgándose a perder la votación en el Parlament.
El president de la Generalitat afronta una posible derrota que lo debilitaría, preocupación que existe en Moncloa porque parte del plan de Pedro Sánchez se fundamenta en lo que llaman «la normalización» de Cataluña.
Un aspecto importante en este proceso es que Montero, encargada de preparar y negociar los Presupuestos Generales del Estado, tiene previsto abandonar el Gobierno para ser candidata en Andalucía cuando se convoquen elecciones autonómicas, donde encabezará la lista del PSOE. Esto podría ocurrir en los primeros días de abril.
Hasta esa fecha debe lograr un cambio significativo. Su relevo provocará una de las modificaciones más relevantes en los gabinetes de Sánchez, con posibilidades de que otros ministros también sean sustituidos para afrontar el último año de legislatura.
Este jueves, Moncloa volverá a enfrentar una nueva derrota con una sonrisa forzada y sin claridad sobre si presentará otro decreto de escudo social. Explican que la izquierda, es decir, sus socios de Podemos, ERC y Bildu, exigen que se vote el decreto completo, lo que limita su margen de maniobra.
No se espera hasta el lunes el lanzamiento de otra distracción desde Moncloa, iniciativas que no requieren votación parlamentaria pero que dominan la agenda política y los debates durante una semana, aunque se refieran a hechos ocurridos hace más de 40 años.