Es la primera ocasión en la que el Alto Tribunal evaluará el incumplimiento por parte de un Gobierno en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado.
Este martes, el Pleno del Tribunal Constitucional ha aceptado a trámite el conflicto de competencias planteado por el Senado frente al incumplimiento del Gobierno de Pedro Sánchez en su obligación constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), según fuentes legales consultadas por EL MUNDO.
La resolución fue adoptada por unanimidad, con la magistrada progresista y ex alto cargo de Moncloa, Laura Díez Bueso, como ponente. Nunca antes el Alto Tribunal había examinado un caso de inobservancia en la presentación de presupuestos por parte de un Gobierno.
El PP, que ostenta el control en la Cámara Alta, optó por acudir al tribunal de garantías porque entiende que la ausencia de la presentación presupuestaria impide al Senado ejercer la función constitucional asignada por el artículo 66.2 de la Constitución.
El Senado recuerda que «Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, supervisan la acción del Gobierno y cuentan con las demás competencias otorgadas por la Constitución», como establece el artículo 134.1, que indica que «corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación». Además, el artículo 66.2 de la Carta Magna atribuye a las Cortes Generales la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
El Senado subraya que la «Ley de Presupuestos es una ley especial» con «una previsión constitucional específica en el artículo 134, regulada separadamente de la competencia legislativa descrita en el artículo 66, y una referencia precisa a un procedimiento legislativo especial para su preparación, presentación y debate».
El Tribunal Constitucional ha indicado que el conflicto entre órganos constitucionales, previsto en el artículo 73 de su Ley Orgánica, puede presentarse tanto cuando un órgano realiza una acción que bloquea la competencia de otro, como cuando la omisión en el ejercicio de una competencia causa perjuicio a otro órgano constitucional.
Asimismo, la Cámara Alta destaca que, ante la ausencia de unos presupuestos actualizados que respondan a las nuevas demandas del país, el Gobierno está incurriendo en fraude de ley. Esto se refleja, por ejemplo, en su compromiso mediante decretos-ley para gastos en asuntos de gran importancia que no están contemplados en los presupuestos, «gobernando al margen de las Cámaras, que observan pasivamente cómo el gasto se ejecuta de un modo distinto al establecido en los Presupuestos que aprobaron en 2022».
El Ejecutivo ha prolongado la vigencia de la Ley de Presupuestos Generales del Estado durante los años 2024, 2025 y ahora también para 2026.