El documento de la Brigada de Interior menciona un proyecto editorial que pretendía revelar detalles inéditos sobre la operación diseñada para desalojar a los guardias civiles sublevados
Un informe interno de la Brigada de Interior fechado el 18 de marzo de 1981 revela que la Policía llegó a contemplar un asalto armado al Congreso de los Diputados en el marco del golpe de Estado del 23-F y que los encargados de la operación estimaron que podría provocar entre 80 y 110 víctimas mortales. Este documento, procedente de los archivos de la Dirección General de la Policía y recientemente desclasificado por el Gobierno, trae esta información de manera indirecta al alertar que los autores de un libro en preparación pretendían divulgar datos inéditos sobre dicha operación.
El texto se refiere a un proyecto editorial impulsado por el entonces director de Cambio 16, José Oneto —cuyo nombre aparece tachado— y por el jefe de prensa del Ministerio del Interior, no identificado. Según el informe policial, ambos estaban preparando una obra en la que planeaban “revelar diversas facetas hasta ahora no divulgadas” acerca del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
Entre esas revelaciones figuraba la valoración de una operación diseñada por el Grupo Especial de Operaciones (GEO) para recuperar el Palacio del Congreso, que estuvo ocupado durante horas por guardias civiles sublevados. La intervención fue considerada en los primeros momentos de la crisis, aunque finalmente no se llegó a ejecutar.
Un obstáculo decisivo para la intervención
Además del elevado riesgo para la vida humana, el informe menciona una circunstancia específica que contribuyó a detener la operación. El texto señala que “uno de los aspectos que la frenó fue el hecho de que” una persona cuyo nombre está tachado “permanecería en un despacho inmediato a una de las vías de acceso estudiadas”. Las tachaduras impiden identificar a esta persona y dificultan la interpretación completa del documento. La mención sugiere que la cercanía de uno de los retenidos a una de las rutas planeadas para el asalto constituyó un riesgo extra que influyó en la decisión de no llevar a cabo la operación.
El informe confirma que la Policía Nacional —entonces llamada Cuerpo Superior de Policía— llegó a diseñar un plan específico para desalojar el Congreso por la fuerza, una opción que finalmente fue descartada en favor de la alternativa que permitió poner fin al golpe en la madrugada del 24 de febrero.
La alerta policial respecto al contenido del libro también denota la preocupación de las autoridades ante la posible divulgación de detalles operativos apenas semanas después del intento de golpe. Un año después, Oneto publicaría en solitario La verdad sobre el caso Tejero: El proceso del siglo, una obra centrada en el juicio del 23-F que no desarrolló los aspectos mencionados en el informe.
La hipótesis de la ‘Operación Ariete’
El documento incluye referencias a la teoría que los autores del proyecto editorial manejaban sobre el origen del golpe. Según el informe, estos sostenían la postura de que el intento militar se basaba en la denominada ‘Operación Ariete’, un plan concebido durante la presidencia de Luis Carrero Blanco.
De acuerdo con la comunicación policial, dicho plan constaba de dos fases: la creación de un vacío institucional de poder y la generación de desórdenes masivos que justificaran la intervención militar. El texto señala que la segunda fase no llegó a desarrollarse completamente.
En particular, el informe indica que los desórdenes previstos fueron detenidos en Barcelona “pasadas las seis de la madrugada”, cuando se canceló una convocatoria de movilizaciones impulsada por Comisiones Obreras y UGT.
El Consejo de Ministros ha aprobado la publicación de comunicaciones y archivos hasta ahora reservados sobre el golpe de Estado de 1981.
Los documentos desclasificados permiten también reconstruir el ambiente institucional posterior al fracaso del golpe. Los informes policiales reflejan que el Cuerpo Superior de Policía asumió un papel relevante en la vigilancia de sectores ultraderechistas que justificaban la intentona y en el seguimiento de las iniciativas de apoyo a los militares y guardias civiles procesados.
Además, la documentación revela tensiones entre cuerpos de seguridad y mandos militares tras el 23-F. Los informes mencionan recelos y desaires entre autoridades del Ejército y del Cuerpo Superior de Policía, en un contexto marcado por la desconfianza tras el intento de golpe y por la disputa sobre el control de las investigaciones.