Aboga por cerrar un acuerdo programático antes de discutir la distribución de consejerías en Extremadura y Aragón
Ayer, en la sede de la calle Bambú, no se trataron temas como «consejerías con presupuestos» ni se habló de una «vicepresidencia» que las coordine. Tampoco surgió una distribución de «responsabilidades» basada en criterios de «proporcionalidad». Ignacio Garriga no pronunció el «queremos gobernar» que varios líderes de Vox venían reiterando desde que, el 11 de enero pasado, Santiago Abascal expresó su intención de volver a compartir ejecutivos autonómicos con los populares. En cambio, Vox pospuso esta demanda, aplazando toda negociación sobre su regreso al poder hasta que los partidos de derecha alcancen un acuerdo programático. Así, el tema más delicado para Vox en este proceso queda en suspenso, y el equipo de Abascal controla los tiempos.
Tras semanas de estancamiento en las conversaciones en Extremadura y con el inicio próximo de las negociaciones en Aragón, PP y Vox se preparan para reiniciar el proceso y regresar casi al punto inicial. Para ello, la formación de Abascal ha comunicado a sus equipos un nuevo «marco» en el que las discusiones sobre la composición de los nuevos ejecutivos autonómicos se consideran el último paso del proceso, que solo se abordará si primero se consolida un «plan de gobierno». «Primero hay que acordar el qué, es decir, qué vamos a hacer desde los gobiernos, y después veremos quién será responsable de ese qué y cómo garantizaremos que se cumpla», resumió Garriga ayer. Desde el partido aclaran que esta postura no implica renunciar a volver a los ejecutivos, sino que esa posibilidad permanece, pero no se manejará hasta cerrar un pacto programático.
Dar prioridad a las «políticas» frente a las carteras no es algo nuevo en el discurso de Vox; sin embargo, en semanas recientes, la formación de Abascal defendía que un acuerdo programático no bastaría sin un poder real para ellos. Debido a la «desconfianza» expresada hacia los populares, especialmente hacia María Guardiola, consideraban imprescindible ocupar puestos en los ejecutivos para asegurar que esas políticas se lleven a cabo. Ahora, sin embargo, Vox pretende cerrar con el PP un pacto de medidas que incluya ciertas «garantías» de implementación y luego negociar la asignación de carteras.
Garriga y Abascal detallaron ayer algunas de las «garantías» que exigirán. La primera: un «acuerdo pormenorizado» que contenga las «ideas» y las «medidas concretas» que el nuevo gobierno aplicará. Tras alcanzar un consenso en este aspecto, solicitarán fijar «plazos de cumplimiento y garantías claras» —»nada de planteamientos vagos como ‘vamos a impulsar…’», aclaró Garriga—. El número dos de Vox incluso propuso la posibilidad de levantar actas durante las reuniones con los populares. Todo ello, pretenden que sea público para evitar «cualquier tipo de interpretación errónea».
Los formatos de negociación entre PP y Vox han sido variados en los últimos años y podrían servir como referencia en este proceso. Abascal señaló ayer el acuerdo alcanzado en la Comunidad Valenciana para investir como president a Juanfran Pérez Llorca como un «modelo» para su partido —en aquella ocasión, no hubo puestos en el gobierno ni un pacto formal, solo un compromiso público del popular que incorporó las políticas de Vox en su discurso—. Algo similar realizaron Fernando López Miras y Carlos Mazón en 2025 para aprobar sus presupuestos. Finalmente, solo tras el anterior ciclo electoral se establecieron acuerdos escritos que definieron la hoja de ruta de los gobiernos autonómicos.