Más de 500.000 trabajadores extracomunitarios están en situación laboral irregular, con hogares, hostelería y cuidados concentrando el 60 % de esta precariedad
La Comisión Europea afirmó este jueves que corresponde al Gobierno español «decidir» las soluciones legales para los migrantes en España, dado que es una competencia nacional, además de señalar que la regularización extraordinaria aprobada el miércoles es una opción legal viable para responder a las «necesidades» del mercado laboral. (Fuente: Comisión Europea)
El empleo irregular, donde suelen concentrarse trabajadores con mayores dificultades para acceder a empleos estables debido a su situación administrativa o a otras circunstancias, afecta especialmente a las mujeres migrantes extracomunitarias. Así lo refleja el último informe del Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo, elaborado por Fedea y BBVA Research, que estima en un 20% la tasa de informalidad laboral entre mujeres no comunitarias empleadas. Esta cifra supera el 14% registrado entre los hombres extracomunitarios y sitúa al colectivo femenino en el nivel más alto de vulnerabilidad dentro del mercado laboral español.
El estudio, coordinado por Florentino Felgueroso y Rafael Doménech, muestra una tendencia creciente en la brecha entre la ocupación calculada por la Encuesta de Población Activa (EPA) y las altas efectivas en la Seguridad Social, indicador utilizado para medir la incidencia del empleo informal. Desde 2018, la mayoría de esa diferencia corresponde a trabajadores extranjeros, especialmente a los extracomunitarios. En el periodo 2024-2025, más del 80% del trabajo irregular pertenece a población extranjera, mientras que entre los trabajadores españoles las cifras han disminuido a niveles inferiores a los previos a la pandemia.
En 2024, la diferencia EPA-afiliación alcanzó un promedio de 546.000 personas. Esta cifra representa el 25% de los ocupados con nacionalidad exclusivamente extracomunitaria y el 17% al incluir a quienes poseen doble nacionalidad. Este dato no solo evidencia la magnitud del fenómeno sino también su concentración en perfiles específicos: las personas originarias de Centro y Sudamérica presentan una tasa de empleo irregular del 21%, la más alta en todo el mercado laboral.
Las empleadas domésticas, las más afectadas
Según el análisis de Fedea y BBVA Research, esta situación se explica por la fuerte presencia de estas trabajadoras en sectores tradicionalmente asociados a altos niveles de informalidad. El empleo doméstico y de cuidados, donde predomina la participación femenina, aparece como uno de los principales focos estructurales de vulnerabilidad. Las tareas en hogares agrupan el 27% del empleo irregular extracomunitario, seguidas por la hostelería (19%), las manufacturas (17%) y la construcción (16%).
Los datos confirman que la irregularidad no es un fenómeno marginal ni circunstancial. El 90% del empleo informal identificado corresponde a personas asalariadas, lo que indica que la economía sumergida afecta principalmente a relaciones laborales dependientes y no solo a actividades por cuenta propia. Entre los autónomos, la diferencia entre ocupación y afiliación es más variable, lo que señala dinámicas menos estables y más complejas de cuantificar.
El grupo poblacional con menor protección
Las repercusiones de esta realidad trascienden las estadísticas. La falta de afiliación a la Seguridad Social limita el acceso a prestaciones por desempleo o enfermedad y dificulta la cobertura sanitaria junto con la protección frente a abusos laborales. En términos de integración, el empleo irregular refuerza la precariedad y agrava la brecha de género en colectivos ya expuestos a mayores riesgos sociales y vulnerabilidad.
Desde una perspectiva territorial, Cataluña y la Comunidad de Madrid concentran la mitad del empleo irregular extracomunitario en términos absolutos. Sin embargo, ponderando según la población extranjera, destacan la Comunidad Valenciana, Canarias y Extremadura como las regiones con mayor incidencia relativa.
La situación administrativa, un obstáculo para el empleo regular
El boletín incluye además una comparación con las estimaciones de Funcas, que situaban en 840.000 las personas residentes en situación administrativa irregular para 2025. Mientras que esa cifra abarca a todos los residentes sin autorización, el análisis de Fedea y BBVA Research se centra en quienes ya están empleados pero no aparecen afiliados, sea por falta de papeles de residencia vigentes o por otras causas, limitando así el fenómeno al ámbito estrictamente laboral.
Fruto de un acuerdo con Podemos, el Gobierno iniciará una regularización de migrantes que encuentra oposición en PP y Vox.
En este contexto, la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno para este año podría cambiar significativamente el mapa de la informalidad. El seguimiento del diferencial entre EPA y afiliación será fundamental para valorar si esta medida reduce la exposición al empleo irregular, especialmente en los grupos más perjudicados. Actualmente, los datos sitúan a las mujeres extracomunitarias —particularmente a las originarias de Centro y Sudamérica— en el centro de este reto pendiente para la igualdad y la cohesión social en España.