El Gobierno ha prohibido los espectáculos cómico-taurinos como el «bombero torero» al considerarlos una burla pública hacia personas con discapacidad, especialmente aquellas con enanismo.
La reforma del Reglamento de Espectáculos Taurinos impide que las autoridades otorguen permisos para estos eventos y contempla multas que pueden alcanzar hasta un millón de euros para quienes los organicen.
El Ministerio de Derechos Sociales ha puesto en marcha el programa «Pisadas con dignidad» con el fin de brindar apoyo social y capacitación laboral a los artistas afectados por esta prohibición.
Esta medida pone fin a una prolongada controversia entre proteger la dignidad e igualdad de las personas con discapacidad y defender el derecho al trabajo de los participantes en estos espectáculos.
Se termina el «bombero torero». El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que modifica el Reglamento de Espectáculos Taurinos para impedir la realización de eventos cómico-taurinos que «constituyan una burla pública o vulneren la dignidad de las personas con discapacidad, especialmente de quienes presentan enanismo».
La reforma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, añade un nuevo inciso en el artículo 90 del reglamento que exige el respeto a la dignidad humana y prohíbe expresamente autorizar espectáculos que dañen derechos o transformen en objeto de burla a minorías sociales.
Pero, ¿qué implica esto? Desde ahora, la autoridad competente no podrá conceder permisos para este tipo de eventos.
Con esta decisión, el Ejecutivo fortalece una línea ya establecida en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que se endurecerá con la reforma que actualmente tramita el Parlamento.
La modificación contempla tipificar estas conductas como infracciones muy graves, con sanciones que varían entre 600.000 y un millón de euros.
«Jamás debe permitirse que la discapacidad se transforme en motivo de burla o de ridículo para lucrarse«, indicó Bustinduy en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Partidos de la izquierda del PSOE como Podemos o Sumar habían insistido durante años en prohibir este tipo de espectáculos por su carácter denigrante para personas con enanismo.
Este debate ha generado divisiones persistentes entre administraciones, tribunales y la sociedad. Como ha documentado este diario en diversas ocasiones, los artistas involucrados desean continuar trabajando en estos formatos.
En febrero de 2025, EL ESPAÑOL informó sobre una sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Málaga, que anuló la negativa de la Junta de Andalucía a autorizar un espectáculo cómico-taurino protagonizado por artistas con acondroplasia.
La jueza determinó que la Administración realizó una «interpretación errónea» de la ley al asumir intención de burla simplemente por la participación de personas con discapacidad, advirtiendo que prohibirlos sin fundamentos objetivos podía ser discriminatorio.
Aquel fallo favoreció a compañías como África Taurina y Diversiones en el Ruedo, cuyos responsables defendían que sus miembros son «artistas cómicos» y exigían el derecho a mantener su empleo.
«No resulta humillante; peor es terminar en empleos como gogó en despedidas de soltera», resumían algunos afectados, quienes afirmaban verse obligados a aceptar trabajos precarios tras la cancelación masiva de sus actuaciones.
En 2023, Jesús Martín, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, señaló que el espectáculo del bombero torero debía eliminarse por considerarlo una humillación pública.
Frente a esta visión, algunos artistas argumentaban que nadie está más capacitado que ellos para decidir qué es digno o indigno en su experiencia.
Desde entonces, la tensión ha oscilado entre dos principios enfrentados: la protección de la dignidad y la igualdad, y el derecho al trabajo y la libre elección profesional de los participantes en estos espectáculos.
Reinserción laboral
El real decreto aprobado este martes no se limita a la prohibición. El Ministerio ofrece el programa «Pisadas con dignidad», desarrollado junto con Fundación ONCE, para proporcionar apoyo social y capacitación laboral a personas con discapacidad que trabajaban en estos espectáculos, con el fin de que accedan a empleos «dignos y estables».
Con esta reforma reglamentaria, el Gobierno busca poner fin a una disputa que ha pasado por juzgados, plazas de toros y titulares mediáticos.
Para el Ejecutivo, la prioridad es proteger los derechos de las personas con discapacidad. Por otra parte, sus opositores consideran que el Gobierno ha excedido el límite entre protección y tutela.
La diferencia ahora es que esto dejará de ser un asunto de interpretación. Con la nueva redacción del reglamento, las autoridades perderán la potestad para autorizar estos espectáculos.
El bombero torero, icono de una práctica controvertida durante décadas, queda definitivamente fuera de la programación oficial.