Una investigación de la Universidad de Viena sostiene que la política climática no es un gasto discrecional, sino un mecanismo colectivo de gestión de riesgos, que ante la creciente frecuencia de desastres naturales funciona como un seguro público que protege economías y sociedades.
La crisis climática ya no se cuantifica únicamente en grados y metas de emisiones de carbono, sino también en ingresos hospitalarios, pérdida de horas laborales, deterioro de infraestructuras y fondos públicos que se agotan en presupuestos ya tensionados, revela un estudio académico reciente.
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Entre 1980 y 2021, eventos climáticos y meteorológicos extremos provocaron pérdidas económicas que superan los 560.000 millones de euros en la UE27, de las cuales únicamente entre el 25% y el 33% estuvo asegurada, según un análisis encargado por la eurodiputada Lena Schilling (Verdes/Austria) a la Universidad de Economía y Negocios de Viena.
Para el año 2050, se prevé que las pérdidas en producción a lo largo del bloque excedan los 5 billones de euros; además, con un calentamiento de 3°C, el PIB disminuiría cerca del 10%.
Este “déficit de protección climática” indica que la mayoría del daño climático no es cubierto por los mercados privados de seguros, sino que recae directamente sobre los presupuestos públicos, sostiene el informe de la profesora Sigrid Stagl, que plantea la protección climática no solo como una necesidad ambiental sino como una lógica económica.
Aseguradores de última instancia
Exponiendo sus resultados en un evento en el Parlamento Europeo en Bruselas el lunes, Stagl indicó que los gobiernos cada vez más actúan como aseguradores de última instancia, financiando desde fondos públicos las labores de ayuda ante desastres, reconstrucción de infraestructuras, gastos sanitarios, compensaciones sociales y recuperación de emergencia.
Stagl advirtió que el calentamiento sin control está debilitando la base del seguro privado, provocando el aumento de primas, la reducción de la cobertura y la inviabilidad de asegurar zonas enteras. Este escenario podría desencadenar el colapso del mercado y obligar a los gobiernos a implementar rescates financieros.
El daño climático, que antes se consideraba como un coste externo o futuro, se está incorporando cada vez más en los balances estatales y es tratado como una obligación fiscal permanente y no como un impacto temporal.
«Invertir apenas entre el 1% y el 2% del producto económico global puede evitar pérdidas equivalentes al 11%-27% del PIB, con cada dólar invertido generando ahorros de entre 5 y 14 dólares,» indica el estudio, que busca motivar a los responsables políticos a aumentar la inversión en adaptación climática.
Además, define la acción climática como un “seguro de vida para el planeta”, una estrategia de gestión de riesgos sistémicos donde los costes de mitigación y adaptación son reducidos comparados con la magnitud de las posibles pérdidas.
Citando datos del Fondo Monetario Internacional, Stagl informó a su audiencia en Bruselas que una adaptación temprana podría reducir las pérdidas totales en un 65-70%, mientras que las medidas tardías elevarían la carga anual a más de 100.000 millones de dólares (840.000 millones de euros).
“Cada año de demora incrementa los costos, agrava las desigualdades y afecta la competitividad europea. En el discurso político, la acción climática suele presentarse como un gasto. Sin embargo, los datos demuestran que la inacción es la verdadera carga; actuar por el clima es la única estrategia financiera viable,» sostuvo Stagl, señalando que entre 2 y 5 millones de empleos en la UE corren riesgo para 2040 si no se adoptan medidas.
Países de la UE elevan su preparación climática
Portugal anunció recientemente que está desarrollando un marco técnico, económico y regulatorio para adaptar el sistema eléctrico nacional a las nuevas condiciones climáticas y reforzar su seguridad ante la mayor frecuencia e intensidad de eventos extremos.
La iniciativa comprende dos aspectos: la identificación de las zonas críticas más vulnerables a incendios forestales rurales y tormentas, y la evaluación comparativa de alternativas como el refuerzo estructural de líneas eléctricas, su enterramiento total o parcial en áreas críticas, soluciones híbridas y tecnologías para aumentar la resiliencia.
“Estamos obligados a adaptar el sistema eléctrico para evitar interrupciones en el servicio y garantizar la seguridad del suministro,” expresó la ministra de Energía portuguesa, Maria da Graça Carvalho.
Portugal fue golpeado en fechas recientes por tres tormentas fuertes que provocaron inundaciones generalizadas, deslizamientos y oleadas, causando muertes y daños por miles de millones.
La decisión de fortalecer la resiliencia climática coincide con un duro informe del consejo asesor climático de la UE, que insta a los países de la Unión a intensificar sus esfuerzos para mitigar los impactos de desastres climáticos, al señalar que Europa está lejos de estar preparada para los escenarios más severos que se anticipan.
Los impactos en la salud relacionados con el clima han ocasionado hasta 80.000 muertes y costos anuales de 400.000 millones de euros, según el nuevo estudio.
“La crisis climática se está transformando en un cementerio económico de miles de millones para nuestra economía,” afirmó la eurodiputada verde Schilling.
“El clima extremo ya ha provocado daños inimaginables en toda Europa. Y si seguimos prolongando la duda, las pérdidas productivas superarán los cinco billones de euros para 2050. No es solo un número elevado, sino una pérdida absurda y evitable de prosperidad,” agregó la política austríaca.