El Ejecutivo aprobará la desclasificación de documentos relacionados con el 23-F, que coincidirá con el 45º aniversario del intento de golpe de Estado liderado por Tejero.
La nueva legislación sobre secretos oficiales, que estipula la desclasificación tras 45 años, continúa estancada en el Congreso debido a múltiples prórrogas.
Aliados del Gobierno como PNV y Bildu exigen también la desclasificación de documentos vinculados a sucesos como los Sanfermines de 1978 y la masacre de Vitoria de 1976.
El Ejecutivo ha promovido celebraciones con motivo de los 50 años de la muerte de Franco y mantiene políticas de memoria histórica, mientras la derecha tilda la desclasificación de «cortina de humo».
Este martes, el Gobierno aprobará la desclasificación de información confidencial sobre el golpe de Estado del 23-F, coincidiendo con la conmemoración del 45º aniversario de la insurrección encabezada por Antonio Tejero en el Congreso.
La medida se basa en una ley que, irónicamente, todavía no ha entrado en vigor, ya que permanece bloqueada en el Congreso. Dicha ley establece que la información clasificada debe hacerse pública tras 45 años.
El texto normativo fue aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de julio de 2025 y enviado a la Cámara Baja al día siguiente.
En ese momento, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, aventuró que si la tramitación parlamentaria avanzaba con rapidez, «la nueva ley de información clasificada podría publicarse en el BOE y entrar en vigor en el último trimestre de 2026».
No obstante, siete meses después, se han registrado hasta 18 prórrogas para las enmiendas en la Cámara Baja, dilatando la aprobación de la norma.
«El proceso se está demorando excesivamente», señala un socio del Gobierno, reconociendo que todo está «paralizado».
Desde Podemos indican que «es una reforma que debería aprobarse con plazos mucho más breves de lo que inicialmente planteó el Ejecutivo».
En el PSOE no descartan una nueva prórroga, cuyo vencimiento está previsto para este miércoles 25. Fuentes parlamentarias puntualizan que aguardan la decisión del Consejo de Ministros prevista para este martes.
Mientras tanto, desde PP y Vox califican la desclasificación de documentos del 23-F como una «cortina de humo», entre los cuales se incluirían grabaciones y conversaciones telefónicas registradas entre los centros de poder y el Congreso, donde Tejero permaneció atrincherado.
El Consejo de Ministros resolverá si estos documentos afectan a La Zarzuela, dado que la intervención de Juan Carlos I fue decisiva para detener el intento de golpe. El «mito fundacional» de la democracia española, según Javier Cercas.
Desde la llegada de Sánchez al poder, Moncloa ha marcado distancia con el Emérito, autorizando su exilio en Abu Dhabi, donde permanece desde hace cinco años.
Además, se ha excluido su presencia en los homenajes a la Transición e incluso su nombre fue omitido por la presidenta del Congreso durante el 50º aniversario de su proclamación.
Ahora se desclasificará información sobre aquella noche que consolidó legitimidad popular y que transformó a España, un país republicano, en una monarquía juancarlista.
PNV y Bildu solicitan más
Esta desclasificación ha provocado que los aliados de Sánchez demanden ampliaciones. Bildu pide la derogación inmediata de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y que «no se espere a que se apruebe la nueva ley para hacer públicos los documentos vinculados a casos que aún permanecen ocultos».
Simultáneamente, el Gobierno ha promovido una serie de actos durante 2025 para conmemorar los «50 años de España en libertad» desde la muerte de Francisco Franco, a pesar de que las primeras elecciones democráticas tuvieron lugar en 1977.
Desde la exhumación de Franco del Valle de los Caídos en octubre de 2019, el Ejecutivo ha seguido una estrategia clara de traer al presente la figura del dictador, asociándola con la derecha.
El 23-F, último intento de los nostálgicos del franquismo por regresar al pasado, es ahora foco de atención.
El Gobierno de Sánchez también ha impulsado la Ley de Memoria Democrática, acordada con Bildu, que junto con PNV, es uno de los principales promotores de la ley de secretos y quienes ahora presionan para lograr más desclasificaciones.
PNV y Bildu coinciden en solicitar la apertura de documentos relativos a las muertes ocurridas el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, cuando cinco trabajadores fueron asesinados por la Policía Armada durante una protesta laboral.
Asimismo, los partidos nacionalistas vascos requieren explicaciones sobre la actuación policial en los Sanfermines de 1978, que dejaron 150 heridos y un estudiante fallecido por un disparo en la frente.
Aunque ambos hechos ya superan los 45 años, a diferencia del 23-F, su documentación continúa clasificada.
Otro caso relevante es el de Mikel Zabalza, conductor de autobús donostiarra que apareció muerto en 1985 en el Bidasoa, tras haber sido supuestamente torturado en el cuartel de Intxaurrondo, caso que aún no alcanza los 45 años exigidos por la ley y que correspondería al Gobierno de Felipe González.
La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurúa, solicitó además los documentos «relativos al GAL», vinculados a la llamada guerra sucia contra ETA.
Estos escuadrones parapoliciales operaron entre 1983 y 1987, bajo el gobierno de González, y terminaron con la condena del ministro José Barrinuevo y el secretario de Estado, Rafael Vera.
A pesar de las tensiones entre Sánchez y González, que llevaron al expresidente a declarar que no votaría al PSOE si Sánchez se presenta nuevamente, el Gobierno parece no tener planes de desclasificar esta documentación por ahora.
Además, el plazo legal para estos documentos aún no se cumple, faltando dos años para alcanzar los 45 años requeridos.
El Ejecutivo podría, si lo considerase oportuno, conservar otro recurso a utilizar en el futuro.
La ley establece cuatro niveles de clasificación –Alto Secreto, Secreto, Confidencial y Restringido– asignando un límite temporal progresivo para cada categoría, considerando el riesgo de divulgación no autorizada o mal uso.
El plazo máximo de secreto es de 45 años, prorrogables justificada y motivadamente hasta por otros 15 años. Por lo tanto, Moncloa podría decidir extender el período de reserva si lo estima necesario.