En los últimos cuatro años, las denuncias internas por violencia de género en la Policía se han duplicado, pasando de 61 en 2022 a 121 en 2025.
Este incremento se atribuye tanto a una posible subida en el número de casos como a una mayor sensibilización y confianza en los mecanismos de denuncia.
El protocolo interno, que está en vigor desde 2022, contempla medidas como la retirada preventiva del arma al denunciado y la protección especializada para la víctima.
El exdirector adjunto operativo, José Ángel González, está implicado en una denuncia por agresión sexual, mientras que su entorno está siendo investigado por presunto intento de comprar el silencio de la víctima.
Durante los cuatro años con José Ángel González al mando, las denuncias internas por violencia de género se han duplicado en la Policía, siendo él el director adjunto operativo (DAO) ya cesado.
Según el protocolo de la Policía Nacional, al cual tuvo acceso este medio, los procedimientos abiertos han aumentado de 61 en 2022 a 121 en 2025.
El protocolo interno para atender la violencia de género fue aprobado en febrero de 2021 y empezó a aplicarse a comienzos de 2022.
Está diseñado para casos donde la posible víctima o el agresor son funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía “en servicio activo”, así como estudiantes de los centros docentes dependientes de la Dirección General de la Policía, de forma supletoria.
En 2023 se registraron 87 denuncias por violencia de género y en 2024, 96, aunque no todos estos expedientes derivan en investigaciones judiciales.
Fuentes policiales consultadas indican que la subida de denuncias responde no solo al aumento de agresores, sino también a una mayor conciencia social y a la mejora en la confianza hacia los mecanismos de denuncia.
Todos estos hechos coinciden con el período en que José Ángel González, acusado ahora de una presunta violación a una subordinada en una vivienda propiedad del Ministerio del Interior, estuvo al frente de la Dirección Adjunta Operativa.
Como parte de sus responsabilidades, González debía garantizar la correcta coordinación operativa y el adecuado funcionamiento interno de los diferentes servicios policiales.
Sin embargo, la presunta víctima decidió no recurrir a este protocolo y presentó la querella directamente ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, que citó a declarar al ex DAO el próximo 17 de marzo.
Por su parte, Interior ha iniciado una investigación interna para determinar si el comisario Óscar San Juan, mano derecha de González, involucró a más agentes en un supuesto intento de compra del silencio de la denunciante, quien afirmó en la querella que San Juan le habría ofrecido el destino laboral que deseara.
El protocolo se activa cuando se inicia un atestado por violencia de género o cuando hay un proceso judicial relacionado con estos delitos.
A partir de ese momento, el caso se integra al sistema y se realiza una evaluación inicial de riesgo que define las medidas de protección y seguimiento para la víctima.
Entre otras acciones, el protocolo establece como medida preventiva la retirada del arma al denunciado hasta que se resuelva el procedimiento.
Asimismo, el agente denunciado no tendrá acceso al contenido del atestado ni a bases de datos policiales que puedan facilitar la localización de la víctima y estará bajo vigilancia mediante un sistema de alerta.
Otra medida cautelar incluye que, si el denunciado trabaja en la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) o en la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), será reasignado a otro servicio o unidad.
La denuncia es analizada por la Comisión Central de Seguimiento, que es permanente, y a nivel regional por una Comisión Territorial de Seguimiento en cada Jefatura Superior.
De igual forma, se informa de manera inmediata a la Autoridad Judicial competente para la apertura de un procedimiento o la adopción de medidas cautelares que considere necesarias.
Para la víctima, el protocolo garantiza asistencia y protección especializada, aunque tampoco podrá acceder al atestado ni a otras bases de datos policiales.
Además, tiene derecho a la protección de su identidad, asistencia psicológica, reducción de jornada laboral e incluso a solicitar excedencia “sin necesidad de un tiempo mínimo de servicios previos ni plazo obligatorio de permanencia”.