El PP ha presentado un documento marco para las negociaciones con Vox, en el que se exige coherencia programática y respeto absoluto a la unidad nacional y a la Constitución.
Este acuerdo establece como principios la proporcionalidad conforme a los resultados electorales y descarta iniciativas que provoquen desigualdades basadas en territorio, ideología, lengua, género u origen.
El texto señala que las negociaciones con Vox se enfocarán inicialmente en las políticas y, posteriormente, en la posible incorporación de Vox a los gobiernos autonómicos.
Génova asume un control más estricto de las negociaciones autonómicas para unificar criterios y prevenir la firma de pactos diversos según cada territorio.
El documento marco establece las directrices políticas y metodológicas a través de las cuales el PP pretende organizar sus acuerdos postelectorales con Vox, bajo un criterio uniforme para toda España. «En un momento de grave decadencia en España», señala en sus siete páginas, «tenemos la responsabilidad de garantizar el respeto hacia las principales instituciones de la Nación».
Se presenta como un texto «vinculante» y de aplicación general, con el objetivo claro de asegurar gobernabilidad mediante «coherencia, proporcionalidad y estabilidad», rompiendo así la dinámica de «chantajes» y privilegios que atribuye al Gobierno de Pedro Sánchez y sus aliados.
En el ámbito institucional, el PP marca como línea roja el respeto a la unidad nacional, la Constitución y el Estado de derecho, en consonancia con las condiciones principales del PP Europeo.
Cualquier pacto debe ajustarse además a la distribución actual de competencias: las medidas acordadas únicamente podrán referirse a las responsabilidades legales de cada Administración, y el partido se compromete a resguardar la separación de poderes, la dignidad de las instituciones autonómicas y la Jefatura del Estado.
El documento exige «coherencia programática»: se acepta «ampliar las ofertas electorales, pero sin contradecirlas«. La igualdad ante la ley y la defensa de la libertad son fundamentes innegociables para cualquier proposición.
Se rechazan expresamente las propuestas que «produzcan desigualdades según territorio, ideología, lengua, sexo u origen». Se reivindica además la ampliación de libertades individuales, la iniciativa personal y el pluralismo.
Distribución «proporcional»
En cuanto a la distribución del poder, el principio central es la proporcionalidad derivada de los resultados electorales, tanto en el ámbito Legislativo como Ejecutivo.
El PP subraya mantener una «identidad política propia», señalando que un acuerdo no implica «ser idénticos» al socio, pero sostiene que «ninguna diferencia» puede prevalecer sobre el «interés de España» ni obstaculizar el mandato de cambio atribuido a los resultados electorales.
El texto señala un amplio conjunto de áreas autonómicas prioritarias para el acuerdo: reducción de impuestos dentro de las competencias regionales, simplificación burocrática y eliminación de barreras regulatorias, apoyo al sector agrario, defensa de un mix energético que incluya energía nuclear, y una política energética orientada a la competitividad industrial.
Se añade el diagnóstico de un «shock de oferta» en vivienda (más suelo disponible, reducción de obstáculos, dinamización de suelo público), junto con la lucha contra la ocupación ilegal.
En materia migratoria se avanza en una línea restrictiva con la exigencia de expulsiones para delincuentes reincidentes, coordinación con las Comunidades, impulso a la natalidad y la familia, protección de la infancia frente a contenidos o intervenciones ideologizadas y un sistema educativo riguroso y alejado del «adoctrinamiento».
También contempla compromisos en igualdad y violencia, con condena explícita de todas las formas de violencia y defensa de políticas “concretas” frente a conflictos identitarios. Contiene referencias a la situación juvenil, la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de la sanidad pública autonómica, especialmente en Atención Primaria y salud mental, con planificación de profesionales y equidad territorial.
Finalmente, el PP exige que cualquier pacto garantice gobiernos colegiados, estables y con seguridad jurídica, evitando el “chantaje parlamentario” y la fragmentación. Se establece como estándar la aprobación de cuatro presupuestos autonómicos anuales y el diseño de mecanismos de seguimiento para asegurar el cumplimiento de los acuerdos.
Extremadura y Aragón
El entorno de María Guardiola insiste en que la interlocución con Vox continuará liderándose desde Mérida, bajo la dirección de la baronesa extremeña.
Fuentes cercanas a la presidenta en funciones destacan que la intervención de Génova responde a la necesidad de establecer un marco nacional y no implica un cambio en el liderazgo de las negociaciones.
El mensaje hacia Vox es claro: «Se pretende no entrar en el marco de Vox, que busca mostrar la existencia de dos PP diferentes», insisten las fuentes, «when esto no es cierto ni conviene que se perciba así».
Desde Mérida, el entorno de Guardiola manifiesta cansancio por las demandas de Vox para aplicar políticas distintas según la Comunidad.
La candidata enfatiza, según esta fuente, que «tampoco es legítimo pedir algo en Extremadura y no en Aragón«, y que la posición nacional pretende justamente evitar esa estrategia de los líderes madrileños de Vox.
En este contexto, el entorno de Guardiola sostiene que «queda claro que nadie está más cerca de un acuerdo programático, porque el marco es idéntico» en todas las regiones, incluyendo Castilla y León de Alfonso Fernández Mañueco, que celebra elecciones en tres semanas.
Lo que sí varía, destacan, son los resultados electorales en cada territorio y «respetando esta realidad, los acuerdos deben mantener la proporcionalidad pertinente«. Es decir, que el PP de Extremadura defiende su ventaja sobre Aragón, dado que Guardiola obtuvo un 43% de los votos frente al 34% de Jorge Azcón.
El principal motivo de preocupación del PP, que ahora busca mitigar con el «acompañamiento» desde Génova, es que «algunas de las propuestas que Vox plantea ni siquiera corresponden a competencias autonómicas, sino estatales«. En este punto consideran útil que la dirección de Feijóo desactive intentos de «generar divisiones internas» en el partido.
Por ello, desde Génova destacan que la dirección nacional del PP ha decidido intervenir directamente en las negociaciones autonómicas para «evitar nuevas elecciones» y homogeneizar criterios. Feijóo asume el liderazgo político y Génova enviará «un representante propio» a las mesas donde Guardiola y Azcón buscan la reelección.
La cúpula popular confirma que todo esto ha sido ya consensuado con Vox, motivo por el cual, junto al anuncio del lunes al mediodía, se difundió un «documento marco nacional» que servirá como «guía común en todos los territorios» con negociaciones abiertas con Vox. El objetivo también es reducir la capacidad de las baronías para romper la coherencia.
Génova y Bambú han pactado que las conversaciones se centren «primero, en las políticas» y solo después en la posible incorporación de Vox a los gobiernos autonómicos.
La prioridad principal es asegurar «buenos acuerdos» que se concreten «cuanto antes» para evitar un posible escenario de nuevas elecciones, «que no asustan, pero resultarían un contrasentido».
En Extremadura, las tensiones se centraron en las demandas «imposibles» de Vox, reclamando cuatro consejerías, una vicepresidencia y el control de la radiotelevisión autonómica inicialmente.
El partido de derecha extrema acusa al PP de intentar «gobernar en solitario», no descartó forzar elecciones anticipadas, y Abascal incluso sugirió que la solución podría pasar por la sustitución de Guardiola como candidata. Pero fuentes de Génova aclaran que «esto nunca ha estado ni estará en consideración».
Posteriormente, el conflicto se centró en la fiscalidad sobre la central nuclear de Almaraz y la ecotasa autonómica aplicada a las eléctricas.
El Gobierno de Guardiola acordó una reducción progresiva del impuesto entre 2027 y 2030, vinculada a la extensión de la vida útil de la planta, mientras que Vox demanda «impuestos cero» y presenta este punto como condición esencial para la investidura.
En Aragón, el bloqueo es preventivo: el equipo de Alejandro Nolasco no está autorizado para iniciar negociaciones formales hasta conocer el resultado electoral en Castilla y León el 15 de marzo.
Bambú condiciona todos los pactos autonómicos a la fuerza que obtenga Vox en ese proceso electoral, lo que mantiene a Azcón «limitado» durante semanas.
Feijóo interpreta este cambio como una corrección de su estrategia previa, donde se otorgaba máxima autonomía a los barones. Refuerza además un mensaje central: Vox es el «aliado natural» del PP, pero debe ajustarse a un marco de «coherencia y proporcionalidad» definido ya desde la sede central de Génova.