Los vínculos con Epstein provocan tres de los mayores escándalos, aunque también destacan otros casos como los 38 delitos imputados a Marius Borg o el Caso Nóos en España
Las monarquías europeas, cada vez más dedicadas a proyectar una imagen irreprochable y ejemplar, han sido sacudidas últimamente por escándalos que han puesto en riesgo ese objetivo. A pesar de los intentos de las casas reales en el continente, las acciones de ciertos miembros considerados hoy las “ovejas negras” de sus dinastías han generado profundas crisis de reputación difíciles de evitar.
Las conexiones con Epstein constituyen el principal origen de los problemas actuales: desde la detención del expríncipe Andrés de Inglaterra hasta los correos electrónicos que el magnate compartía con su exesposa Sarah Ferguson o con Mette-Marit de Noruega. Paralelamente, continúa abierto el proceso legal contra Marius Borg Høiby, hijo de la heredera noruega.
Estos son tan solo los ejemplos recientes, mientras que en España, el oscuro episodio judicial protagonizado por la infanta Cristina y su exmarido Iñaki Urdangarin vuelve a la actualidad con la publicación de las memorias de este último, tituladas Todo lo vivido.
El exduque de York, el príncipe Andrés, se enfrenta a la justicia tras su arresto. Esta acción se produce tras la divulgación de documentos que lo relacionan con la red de Jeffrey Epstein y que sugieren la posible transmisión de información sensible del gobierno británico.
El expríncipe Andrés y su exmujer Sarah Ferguson
Durante esta semana, el nombre de Andrés de Inglaterra ha vuelto a situarse en el centro del debate público británico, tras haber sido detenido en su residencia por la policía del Reino Unido y haber permanecido 11 horas en una comisaría de Norfolk. Las autoridades, según informó la BBC y confirman documentos judiciales de EE.UU., lo acusan de “mala conducta en un cargo público” bajo la sospecha de que compartió información confidencial con Jeffrey Epstein.
La revelación de correos electrónicos y otras comunicaciones por parte del Departamento de Justicia estadounidense refuerza esta acusación, al señalar que el expríncipe pudo haber compartido datos gubernamentales importantes con el financiero durante su periodo oficial, comprendido entre 2001 y 2011.
El hermano menor de Carlos III, quien ya había sido progresivamente excluido de la vida institucional debido a estas circunstancias, atraviesa la crisis de reputación más profunda de la Corona británica en años. En paralelo, Sarah Ferguson, exduquesa de York, vuelve a estar relacionada con la red Epstein.
Aunque Ferguson no ha recibido cargos formales, recientes documentos judiciales muestran que, más allá del conocido préstamo de 15.000 libras en 2010 para saldar deudas, agradecido públicamente por ella entonces, Epstein la apoyó financieramente de forma continua desde 1996, año en que se divorció de Andrés.
La princesa Mette-Marit y Marius Borg
Noruega tampoco ha estado exenta de polémicas judiciales y relaciones cuestionables. Marius Borg Høiby fue detenido en Oslo el 1 de febrero, justo antes de su juicio por presuntos delitos graves. Las autoridades pidieron prisión preventiva por cuatro semanas debido al “riesgo de reincidencia”.
Høiby, hijo de una relación previa de la princesa heredera Mette-Marit, se enfrenta a un proceso con 38 cargos, que incluyen cuatro acusaciones de violación, agresiones físicas y psicológicas, y violaciones de leyes sobre estupefacientes.
En el sumario hay siete personas señaladas como posibles víctimas, cuatro de ellas por agresiones sexuales ocurridas en situaciones de vulnerabilidad. El tribunal prohibió que el acusado tenga cualquier contacto con las víctimas y fijó el juicio hasta el 19 de marzo, previendo que el veredicto se conozca semanas después. Según los cargos más graves, Høiby podría recibir una condena de hasta 16 años de prisión.
La acción judicial contra Marius Borg coincide con la publicación de intercambios privados entre la princesa heredera Mette-Marit y Jeffrey Epstein. Estos mensajes, algunos fechados en 2012 —cuando Epstein decía estar en París “buscando esposa” y la princesa respondía que la ciudad es “buena para el adulterio”— han provocado un intenso debate social y político en Noruega.
Aunque años después admitió que, al “googlear” a Epstein tras su condena en 2011, “no le causó buena impresión”, la heredera se alojó durante cuatro días en la residencia del financiero en Florida en 2013. El primer ministro Jonas Gahr Støre llegó a convocarla para solicitar aclaraciones sobre la naturaleza y el tono de estos contactos, incrementando la presión mediática y generando dudas sobre su posible acceso al trono.
La popularidad de la familia real noruega alcanzó un mínimo histórico tras los escándalos, según una encuesta difundida por la emisora pública NRK. Solo el 60% de los noruegos apoya a la monarquía, 10 puntos menos que el mes anterior, alcanzando un nivel “sin precedentes”. Según otra encuesta presentada por TV2 a finales de enero, el 47,6% consideró que Mette-Marit no debería ser reina, mientras que apenas el 28,9% apoyó esa posibilidad.
La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin
En el ámbito de la Casa Real española, el caso de la infanta Cristina y su exesposo Iñaki Urdangarin, aunque no reciente, se recuerda como uno de los mayores desafíos reputacionales para la institución. Entre 2011 y 2012, la opinión pública fue testigo del escándalo del Caso Nóos.
Se trató de una trama de malversación de fondos públicos a través de una fundación, que culminó con la condena de Urdangarin a prisión e imputó a la infanta Cristina como posible colaboradora en delitos fiscales relacionados. La reacción de Felipe VI, recién proclamado entonces, fue inmediata y con clara intención de distanciamiento institucional.
En junio de 2015, poco antes de cumplir un año como jefe del Estado, el rey firmó un Real Decreto que retiró a su hermana el título de duquesa de Palma de Mallorca. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado y sumada a reducciones en los familiares con funciones institucionales y códigos de conducta internos más claros, evidenció públicamente el compromiso del monarca por mantener la legitimidad de la monarquía.
Aunque la infanta Cristina fue absuelta de los cargos penales en 2017, no ha recuperado ningún papel representativo dentro de la familia ni retomado funciones oficiales, reforzando así la política de limpieza reputacional promovida por Felipe VI.