La próxima prestación universal de crianza será compatible con otras ayudas públicas estatales y autonómicas, posibilitando acumular hasta cerca de 1.000 euros mensuales por cada hijo menor de tres años en ciertas situaciones.
El subsidio de 200 euros al mes por hijo hasta los 18 años se sumará a otras ayudas ya vigentes, tales como los 100 euros para madres trabajadoras y los 500 euros ofrecidos en la Comunidad de Madrid.
Esta prestación será universal, sin que la renta sea un criterio para recibirla, pero se ajustará mediante el IRPF para evitar beneficios netos en familias con ingresos elevados.
La finalidad de la medida es eliminar la pobreza infantil y abordar el problema de la baja natalidad, tomando como referencia modelos implementados en varios países europeos.
La futura prestación universal por crianza que está preparando el Ministerio de Consumo podrá compatibilizarse con otras deducciones fiscales y ayudas autonómicas y estatales ya vigentes.
Así lo han confirmado fuentes del departamento dirigido por Pablo Bustinduy a EL ESPAÑOL. Según estas fuentes, el diseño de la medida parte de un principio fundamental: asegurar que beneficie a todos los hogares sin distinción.
Esto implica, en la práctica, que una madre en Madrid podría alcanzar cerca de 1.000 euros mensuales por cada hijo menor de tres años bajo su cuidado si combina todas las ayudas vigentes y la futura prestación.
¿De qué forma? A los 200 euros mensuales que el Gobierno propone abonar por hijo hasta los 18 años, se incorporarían otras ayudas actuales: 100 euros mensuales para madres trabajadoras con hijos menores de 3 años; 110 euros del complemento vinculado al Ingreso Mínimo Vital para hogares vulnerables; y 500 euros al mes proporcionados por la Comunidad de Madrid durante los primeros tres años de vida.
Este caso no sería uniforme en todas las comunidades autónomas, debido a que las ayudas a la maternidad varían entre territorios y, en varios de ellos, como Andalucía, Navarra o Comunidad Valenciana, están sujetas a deducciones fiscales.
La compatibilidad con otras ayudas, según explican fuentes próximas a Consumo a EL ESPAÑOL, representa uno de los pilares del proyecto.
La prestación funcionaría como una base común para todas las familias y podría complementarse en situaciones de mayor fragilidad, como en hogares monoparentales o beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.
Se argumenta que el sistema actual excluye a familias que no presentan declaración de la renta y que el despliegue del CAPI ha tenido un alcance menor al previsto.
«La prestación universal, en contraste, garantizaría el acceso efectivo para todas las familias y ampliaría el apoyo a toda la infancia, siguiendo modelos consolidados en Europa», añaden.
Familias ricas y pobres
Desde el Ministerio enfatizan que la prestación por crianza tiene carácter universal porque busca erradicar la pobreza infantil y la crisis demográfica.
Esto implica que la renta no será un requisito para acceder a la ayuda. La meta es cubrir a todos los niños.
Los sistemas condicionados, como los vinculados al Ingreso Mínimo Vital o la deducción fiscal para madres trabajadoras, excluyen a hogares que, a pesar de necesitarlo, no cumplen ciertos requisitos.
Pero, ¿por qué otorgar 200 euros a una familia con altas capacidades económicas? La progresividad, argumenta Consumo, se implementará a través del IRPF.
«Las familias de ingresos bajos recibirán la ayuda completa; una parte de las familias de ingresos medios la devolverá vía tributación; y las de ingresos altos la reembolsarán completamente en el impuesto, de modo que no supondrá un beneficio neto para quienes no la necesitan», explican a este medio.
Los únicos requisitos para solicitarla, al menos en su planteamiento inicial, serían los comunes en cualquier prestación estatal: tener hijos a cargo y residencia en España.
Desde el Ministerio no descartan fortalecer la ayuda en determinados casos, aunque sin perder el carácter universal de base. Este punto, por ahora, no está siendo discutido con el PSOE.
Política de Estado
El Gobierno busca que la nueva ayuda se consolide como una política de Estado, que se mantenga en el tiempo independientemente del partido en el poder.
No obstante, su implementación tardará un tiempo: el Ministerio trabaja en negociar con el PSOE dentro del Consejo de Ministros y luego la medida deberá ser aprobada en el Congreso de los Diputados.
El departamento de Bustinduy recuerda que prestaciones similares ya existen en otros países europeos. Alemania y Suecia aplican modelos parecidos desde hace más de cincuenta años, y variantes de estos están presentes en casi todos los Estados de la UE.
España, lamentan, sigue siendo hoy una excepción.
En España hay aproximadamente ocho millones de menores distribuidos en cerca de cinco millones de hogares. Frente al coste de esta medida, el Ministerio enfoca el impacto económico de la pobreza infantil, que varios informes estiman puede alcanzar hasta un 5% del PIB, es decir, más de 60.000 millones de euros anuales.
También subrayan la brecha en la inversión en políticas familiares respecto a la media europea, próxima a un punto del PIB. En este contexto, consideran que la prestación «resulta plenamente viable y eficiente».