Se sumará a la anterior, presentada a finales de enero por el Ministerio dirigido por Félix Bolaños
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes está gestionando una segunda solicitud de indulto para Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado condenado por revelar secretos.
Tal como adelantó este jueves El Confidencial y confirmaron fuentes del Ministerio que preside Félix Bolaños a EFE, Justicia ya ha enviado al Tribunal Supremo esta segunda solicitud de indulto, que se unirá a la primera tramitada a finales de enero.
El Supremo impuso a García Ortiz una sanción de dos años de inhabilitación para el puesto de fiscal general y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de información confidencial, además de una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
A finales de enero, el Ministerio de Justicia inició el procedimiento para una primera petición de indulto para García Ortiz, tras la solicitud realizada por dos particulares para su indulto total.
Según indica El Confidencial, esta segunda solicitud fue presentada por una ciudadana residente en Valencia, mientras que la primera, de acuerdo con dicho medio, fue promovida por un fiscal y una magistrada jubilados: Félix Pantoja y María Virginia García Alarcón, ambos de tendencia progresista, quienes ejercieron como fiscal de sala coordinador de siniestralidad laboral y magistrada de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, respectivamente.
Cuando se recibe una petición de indulto, el Ministerio de Justicia debe remitirla al órgano judicial sentenciador, en este caso el Supremo, para que recopile los informes necesarios y los remita de nuevo al Ministerio. Asimismo, debe solicitar el parecer de la Fiscalía General del Estado y de la parte afectada.
Mientras, González Amador ha solicitado la expulsión de García Ortiz de la carrera fiscal. La representación legal de González Amador pidió anular el decreto emitido el pasado 23 de diciembre por la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que autorizaba la reincorporación a la carrera fiscal de su predecesor —actualmente adscrito a la Sección de lo Social del Supremo— tras la aprobación de la Inspección Fiscal.