La controversia vuelve a generar tensión dentro del PSOE y amenaza con intensificar la caída del voto femenino tras las derrotas electorales.
El apoyo femenino que sostuvo de manera decisiva la investidura de Sánchez es hoy su punto más vulnerable en las urnas. El escándalo provocado por la citación por un presunto caso de agresión sexual del hasta ahora director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, incide directamente en esa fractura y reactiva un desgaste que venía creciendo debido a un flujo constante de denuncias y episodios con tintes machistas vinculados a las siglas socialistas. Además, surge en el peor momento posible, justo después del varapalo en Aragón y el desplome en Extremadura, restringiendo cada vez más el margen político y haciendo que cada crisis interna eleve su coste en votos.
Ya en diciembre, las proyecciones de Sigma Dos para EL MUNDO indicaban que, con una participación parecida a la de 2023, el PSOE perdería más de 162.000 votos femeninos en comparación con entonces. La fuga no es insignificante si se considera que fue el único gran partido nacional con mayor proporción de mujeres que hombres en su electorado, un 28% frente al 23%. Por lo tanto, el sector que sostuvo la mayoría es ahora el que demuestra mayor volatilidad. Y esto, teniendo en cuenta que el cálculo se realizó antes de que salieran a la luz los episodios más recientes, que vuelven a tensar ese mismo vínculo y abren otra brecha en el flanco que más daño electoral provoca a Ferraz.
Desde Tito Berni hasta Ábalos y Koldo, pasando por Salazar y el caso Tomé, el cuarteto de escándalos machistas del PSOE ha ido minando el discurso de un presidente que hace solo unos meses, en vísperas del 8-M, se comprometía a lograr nuevos hitos para consolidar a España «como un baluarte mundial del feminismo».
No obstante, lo más revelador no es la acumulación de casos, sino el patrón que los une. En la mayoría de ellos, la primera reacción fue alegar desconocimiento y, días más tarde, admitir que existían alertas internas, comentarios previos o indicios que circularon durante semanas —en algunos casos meses— sin que se tomaran medidas visibles. La respuesta institucional llegó cuando la investigación ya ocupaba los titulares y el desgaste era inevitable. Esa descoordinación entre lo que se sabía y lo que se hizo es la que actualmente cuestiona la fortaleza del apoyo de Sánchez a Marlaska y debilita su insistencia en que «se ha actuado con contundencia» y en que ningún miembro del Gobierno tenía conocimiento previo del caso.
Uno de los episodios que más alimenta estas sospechas es el del exdirigente socialista Paco Salazar. Dos empleadas de La Moncloa interpusieron denuncias internas por acoso sexual que permanecieron cinco meses sin respuesta efectiva y que incluso desaparecieron del canal interno del partido sin que nadie contactara con las denunciantes. Solo cuando el asunto trascendió públicamente, Ferraz reaccionó convocando de urgencia a las responsables de Igualdad y activando el protocolo interno para buscar responsabilidades.
En Galicia, el caso del expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, repitió esa misma dinámica en un contexto territorial. Señalado por hasta seis mujeres en el canal interno del partido por conductas que iban desde mensajes subidos de tono hasta supuestas ofertas de empleo a cambio de favores sexuales, el tema permaneció en la sombra hasta que una exclusiva televisiva lo expuso. Desde Ferraz se limitaban a reconocer la existencia de una denuncia «genérica» por comportamientos machistas, mientras el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, negaba tener conocimiento de las denuncias, para finalmente comparecer dos días después, bajo presión pública, admitiendo que conocía advertencias trasladadas hacía más de un mes por una tercera persona.
No se pueden desligar de este ambiente los antecedentes que marcaron el inicio del deterioro. El caso Mediador, protagonizado por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, no solo reveló una supuesta trama de corrupción, sino también un entorno de fiestas, prostíbulos y favores que destruyó cualquier discurso ejemplarizante. Poco después, la investigación sobre las comisiones en la compra de mascarillas sacó a la luz las conversaciones entre el exministro José Luis Ábalos y su entonces asesor Koldo García, con sus peculiares referencias a prostitutas, que acaparó portadas en todos los periódicos.
Nada genera hoy un impacto social mayor que esa continua corrosión por episodios de acoso y comportamientos machistas que han ido minando la credibilidad de la política española desde dentro, afectando también al espacio progresista con casos como el de Íñigo Errejón y, más recientemente, alcanzando a la oposición con el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.
La cuestión fundamental es si el electorado femenino que aún apoya al PSOE está dispuesto a otorgar una nueva oportunidad a Sánchez. Si el caso del DAO termina encajando en el mismo patrón de negación inicial y reacción tardía que han marcado los antecedentes, el desgaste podría acelerarse y fragmentarse en varias direcciones, con trasvases hacia Sumar y Podemos y con Vox beneficiándose indirectamente de esta volatilidad. En un Gobierno presionado por el desgaste territorial y la sensación de fin de ciclo, perder ese voto diferencial no supondría simplemente un tropiezo más. Sería debilitar el último pilar que convirtió una investidura ajustada en una mayoría viable.