El aumento del salario mínimo influye en las condiciones laborales y la protección salarial del empleo doméstico
La implementación de la reciente actualización del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026 ha introducido una modificación significativa en las condiciones laborales de quienes trabajan en el servicio doméstico.
Con el establecimiento del SMI en 40,70 euros diarios o 1.221 euros mensuales repartidos en 14 pagas —equivalente a un total bruto anual de 17.094 euros—, el Ministerio de Trabajo ha fijado una cuantía básica común para todos los sectores económicos, sin importar la edad o el género del trabajador.
Esta regulación afecta a alrededor de 2,5 millones de personas en España y, en particular, tiene repercusiones notables para el personal doméstico. La particularidad de su régimen laboral, donde predominan contratos a tiempo parcial y acuerdos horarios en varios domicilios, resalta la relevancia de esta actualización para el sector.
Para los servicios prestados por horas y bajo régimen externo, la ley establece ahora un salario mínimo de 9,55 euros por cada hora efectivamente trabajada. Este monto contempla obligatoriamente todos los componentes salariales exigidos y sirve como referencia cuando la jornada semanal es inferior a la completa.
La diferencia con respecto al año anterior es de 29 céntimos por hora —el mínimo por hora era de 9,26 euros en 2025—, representando así un incremento del 3,1% acorde con el alza general del salario mínimo.
Mejoras prácticas y protección salarial
Para quienes trabajan veinte horas semanales en este ámbito, este aumento puede traducirse al finalizar el año en un beneficio superior a 300 euros brutos. Sin embargo, la cuantía precisa varía según la distribución horaria y el pago de las pagas extras.
Este incremento tiene especial importancia en un sector caracterizado por la frecuente fragmentación de las jornadas y la prestación de servicios en múltiples hogares, lo que convierte el cómputo por horas en la clave para garantizar el cumplimiento del salario mínimo legal.
La legislación vigente exige que los importes establecidos como salario mínimo se abonen exclusivamente en dinero. Por lo tanto, conceptos como alojamiento o manutención —presentes en ciertos casos de empleo interno— no pueden deducirse para reducir el salario efectivo por debajo del mínimo legal.
Consecuentemente, el salario en especie queda descartado como método para compensar o absorber la cuantía mínima que debe pagarse en metálico, garantizando así que la remuneración real no disminuya por estas prácticas. Este refuerzo en la protección resulta especialmente relevante para avanzar en la equiparación progresiva de los derechos laborales del empleo doméstico con respecto al régimen general.
Ámbito de aplicación y retroactividad
Aunque el acuerdo sobre el nuevo SMI se formalizó en febrero de 2026, la actualización tiene vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de ese año. Esto permite a cualquier trabajador del hogar reclamar las diferencias salariales generadas si sus nóminas no fueron ajustadas con los nuevos valores desde enero.
La revisión del salario mínimo no solo afecta al sector doméstico, sino también a quienes realizan trabajos eventuales o temporales, siempre que su actividad en una misma empresa no supere los 120 días.
Durante la firma del aumento del SMI, Pedro Sánchez expresó su decepción ante la ausencia de la patronal.
En estos casos, el salario mínimo diario incluye la parte proporcional correspondiente a domingos, festivos y pagas extras: para 2026, el importe mínimo por jornada no debe ser inferior a 57,82 euros. Aunque este colectivo no pertenece directamente al empleo doméstico, la medida subraya la intención de que el salario mínimo funcione como una garantía retributiva común en diversos sectores.