La universidad con más años de historia aprobó el pasado martes un plan de recortes para devolver el préstamo al Gobierno de Ayuso
En diciembre de 2024, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) atravesó una situación sin precedentes en sus más de cinco siglos de existencia. No disponía de los fondos suficientes para cubrir las nóminas de sus cerca de 11.000 empleados ni la paga extra navideña. No obstante, la solución se materializó mediante un préstamo de 34,5 millones de euros otorgado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, una operación que el Ejecutivo regional definió como necesaria para “hacer frente a sus obligaciones con terceros y también para el pago de nóminas a final de año”, según explicó el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.
La universidad, sin embargo, rechazó considerar esta ayuda como un “rescate”, señalándola más bien como “síntoma del problema”, según un comunicado oficial, puntualizando que su situación no es exclusiva, sino que representa “una realidad compartida por todas las universidades públicas madrileñas”. En este sentido, la UCM destacó que la causa principal radica en una “infrafinanciación que nos afecta desde la crisis económica de 2008” y que nunca ha sido corregida de manera estructural.
Es importante mencionar que, en 2008, la Comunidad de Madrid destinaba 349,8 millones de euros a la Complutense, mientras que en 2024 esa cifra ascendió a 373,8 millones, lo que supone un incremento del 7,8%. Sin embargo, esta infrafinanciación se entiende al considerar la inflación acumulada en el mismo periodo (31,3%), traduciendo en una pérdida real del 20,7% en los fondos recibidos.
La universidad atribuye gran parte del desfase a “incrementos en costos que no han sido compensados por la financiación ordinaria”, como la asunción completa de la Seguridad Social del personal, los trienios y sexenios del profesorado o el refuerzo en Ciencias de la Salud. Además, se suma la escalada de costes energéticos y la inflación, resultando en un déficit estructural que en 2024 alcanzó los 33,186 millones de euros.
Un crédito “condicionado” a recortes
El préstamo de 34,5 millones se otorgó bajo la condición de presentar un “plan económico-financiero con medidas reales y efectivas para controlar el gasto”, según indicó el exconsejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana. En términos claros, la universidad debía demostrar un compromiso de reducción de gastos para acceder a los fondos.
Los sindicatos manifestaron críticas contundentes respecto a esta condición. La CGT-UCM calificó la medida como un “juego de trileros”, mientras que UGT señaló que esta acción “no soluciona la infrafinanciación” y representa “un parche que perpetúa la problemática”. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dirigido por Diana Morant, consideró la ayuda “insuficiente” y alertó que condicionar el préstamo a recortes “compromete la autonomía universitaria”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó este jueves que la izquierda pretenda “colonizar” las instituciones, comenzando por la Universidad, a la cual acusó de constituir un “chiringuito de familias y de negocios” y reprochó que “se otorguen títulos sin control”. (Comunidad de Madrid)
Plan económico para 2025-2028: ajustes, recortes y pérdida de alumnos
Después de siete meses de trabajo, el Rectorado de la UCM presentó y aprobó el pasado martes su Plan Económico-Financiero para 2025-2028, cuyo objetivo es equilibrar las finanzas y devolver el préstamo de 34,5 millones de euros más 4,1 millones en intereses recibido del Gobierno de Ayuso. El plan propone contener gastos mediante la no renovación de jubilaciones y la demora en promociones y concursos internos, lo que se estima ahorrará más de 32 millones de euros entre el personal docente y administrativo.
Los efectos abarcan directamente la docencia. La oferta de asignaturas optativas se ha reducido, y las horas lectivas en el último curso descendieron un 5,7%. El plan contempla un análisis detallado sobre la viabilidad de grados y titulaciones con baja demanda, considerando la posibilidad de eliminar ciertos programas. Aunque la vicerrectora de Economía, María Begoña García Greciano, sostiene que “no es un plan de recortes, sino un ajuste progresivo”, los decanos advirtieron que el impacto en la enseñanza será considerable, reduciendo oportunidades para estudiantes y aumentando la presión sobre el profesorado.
El ajuste afecta también a la investigación y a las becas. Se han suspendido ayudas a grupos de investigación propios y proyectos centrados en calidad docente, así como becas para formación práctica, movilidad y voluntariado. Además, se recortan partidas destinadas a licencias de software, suscripciones a revistas científicas y otros recursos de apoyo académico.
Los decanos de las 26 facultades divulgaban un manifiesto alertando que “los recursos con los que cuenta la UCM son estructuralmente insuficientes para mantener los niveles de calidad que la caracterizan”. A pesar de contar con más de tres millones de volúmenes en sus bibliotecas y ocupar el puesto 41 a nivel mundial en empleabilidad según QS World University Rankings, la universidad se ve obligada a recortar recursos básicos para docencia e investigación.
Madrid, a la cola de inversión pública
El financiamiento de las universidades públicas madrileñas se mantiene estancado, mientras que el sector privado experimenta crecimiento: entre el curso 2015-2016 y 2023-2024, el número de alumnos matriculados en universidades privadas presenciales en Madrid pasó de 47.735 a 80.328, un aumento del 68%. En contraste, las universidades públicas mantuvieron prácticamente el mismo número de matriculados en grado.
Actualmente, la Comunidad de Madrid invierte 5.362 euros por estudiante, frente a más de 9.000 euros en comunidades como Navarra, La Rioja o el País Vasco. Se trata de la región con menor inversión por alumno y la única que ha disminuido el gasto real por estudiante entre 2008 y 2024. Mientras tanto, la nueva ley universitaria autonómica, la LESUC, exige que las universidades obtengan al menos el 30% de sus fondos de fuentes externas, lo que, según el Ministerio, “incrementa la dependencia del capital privado y vulnera el carácter público de la universidad”.
No obstante, el problema que enfrenta la Complutense se extiende a las demás universidades debido a un modelo que no se ha actualizado en más de 15 años. Los rectores de las seis universidades públicas madrileñas llevan meses solicitando más de 200 millones de euros en un plazo de tres años para que el sistema funcione con “una mínima normalidad”, pero la Comunidad de Madrid no ha respondido, mientras la oferta privada aumenta y las plazas en la pública disminuyen.