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Este jueves, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad, tras dos semanas de diálogo con actores políticos y representantes de la sociedad civil, una ley de amnistía que permitirá la liberación de cientos de personas detenidas.
No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que esta ley es limitada y no abarca a quienes ellos consideran como "presos políticos", incluyendo a integrantes militares, según informó Reuters.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ratificó la nueva ley durante una ceremonia en la sede gubernamental.
"Hay que aprender a pedir perdón y también a aceptarlo. Este es el proceso que se inicia con esta ley de amnistía", declaró Rodríguez luego de la firma.
Antes de la firma, se efectuó la votación en el Parlamento luego del segundo debate contemplado por la legislación venezolana.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina, lamentó que "hayan ocurrido hechos tan tristes y devastadores" para que "todas y todos impulsemos la fraternidad, la unidad y la paz en la República".
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Rodríguez, que asumió el cargo en enero tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos para ser juzgado allí, ha accedido a demandas del gobierno de Donald Trump relativas a reformas legales y exportaciones petroleras.
En semanas recientes, se ha procedido a liberar a cientos de personas que defensores de derechos humanos clasifican como presos políticos.
Desde la perspectiva del gobierno venezolano, sin embargo, no existen presos políticos y los detenidos han sido procesados por delitos concretos.
Aspectos incluidos en la ley de amnistía
El documento aprobado contempla amnistía para quienes participaron en protestas políticas y en "acciones violentas" durante el corto golpe de Estado de 2002, así como por hechos vinculados a manifestaciones o procesos electorales en determinados meses de 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019, 2023, 2024 y 2025.
No incluye a quienes fueron sentenciados por "rebelión militar" en relación con los sucesos de 2019.
El texto de 16 artículos no especifica con exactitud cuáles son los delitos que podrán acogerse a la amnistía, aunque versiones preliminares mencionaban cargos como instigación a actos ilegales, resistencia a la autoridad, rebelión y traición, según reporta la agencia Reuters.
La ley no contempla la devolución de bienes confiscados, no elimina las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos por razones políticas ni suspende sanciones contra medios de comunicación, medidas que figuraban en borradores anteriores.
Para quienes residen fuera del país, se permite designar un abogado para solicitar la amnistía, pero es indispensable que la persona comparezca personalmente en Venezuela para que se otorgue.
También, la ley solo aplicará a quienes hayan cesado en la comisión de los actos tipificados como delitos.
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Esta ley elimina las órdenes de detención internacionales para quienes obtengan amnistía y establece que los tribunales deberán resolver las solicitudes en un plazo máximo de 15 días.
No se contempla amnistía para condenados por violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra, homicidio, narcotráfico o corrupción, ni para quienes promuevan, apoyen o ejecuten "acciones armadas" contra Venezuela con ayuda de estados o entidades extranjeras.
El gobierno acusa con regularidad a miembros de la oposición de colaborar con agencias como la CIA para dañar al país y su infraestructura, señalamientos que la oposición rechaza.
El fiscal general venezolano, Tarek Saab, manifestó la semana pasada su expectativa de que la amnistía logre un "país completamente pacificado" y reafirmó que los presos no son políticos.
Aprobación unánime
Aunque la mayoría oficialista domina la Asamblea Nacional, el proyecto contó también con respaldo de legisladores opositores, quienes afirmaron haber conseguido modificaciones durante la revisión en comisión.
La diputada Nora Bracho, del partido Un Nuevo Tiempo, reconoció que la ley "no es perfecta", pero la consideró un paso adelante hacia la reconciliación.
Organizaciones como Foro Penal han manifestado críticas ante las limitaciones del texto y afirman que una amnistía efectiva debería eliminar completamente cargos, sentencias, arrestos domiciliarios y otras restricciones legales.
Su vicepresidente, Gonzalo Himiob, expresó en X que, pese a que la ley no es tan amplia como esperaban, la lucha por la libertad debe continuar.
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En Caracas, familiares de personas detenidas mantienen un campamento frente a una comisaría ubicada en la Zona 7.
La protesta con huelga de hambre comenzó tras el incumplimiento de un plazo prometido para liberaciones, según declaró el jefe parlamentario la semana previa.
Para el jueves por la tarde, solo permanecía una huelguista: Narwin Gil, de 40 años, cuñada de José Gregorio Farfán, un detenido.
Otra participante, Sandra Rosales, esposa de un policía apresado, señaló que abandonó la huelga por indicaciones médicas debido a su hipertensión, aunque permanece en el campamento. "Queremos es la libertad", destacó.