La reducción horaria beneficiará inicialmente a la Administración General y posteriormente al personal de instituciones penitenciarias, docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla
La jornada de trabajo de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) se implementará a partir de marzo, confirmó este miércoles UGT Servicios Públicos. Esta iniciativa, acordada con el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública, implica que los trabajadores de la AGE reducirán su tiempo laboral semanal sin que esto suponga un incremento en las contrataciones, explicó la secretaria general del sindicato, Isabel Araque. El procedimiento está pendiente de superar un último trámite en la Mesa General, cuya convocatoria aún está sin fecha definida.
El anuncio de UGT Servicios Públicos responde a una demanda sindical incluida en el Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI firmado por UGT y CCOO. El Ministerio de Función Pública ya ha comenzado los trámites necesarios para que la reducción de jornada se active lo antes posible.
La aplicación de la medida será gradual. Según declaraciones de Carlos Álvarez, secretario de la AGE de UGT Servicios Públicos, citadas por Europa Press, existen particularidades en instituciones penitenciarias así como en el personal docente y sanitario de Ceuta y Melilla, donde se aplica una instrucción específica. Para este grupo, la jornada de 35 horas empezará aproximadamente un mes después, en abril.
Desde la perspectiva de Isabel Araque, la jornada de 35 horas será “clave” para la Comunidad de Madrid, dado que “su presidenta afirmó que mientras el Estado no la asumiera, la Comunidad no lo haría”. En la actualidad, cerca del 90% de la administración local ya cuenta con una jornada de 35 horas, recordó la dirigente sindical.
Díaz insta a los sindicatos a movilizarse para proteger la reducción de la jornada laboral.
Retos y oportunidades para la función pública
UGT Servicios Públicos señaló que la experiencia en administraciones locales ha demostrado que la jornada de 35 horas ha generado “diversos efectos”. Para Araque, el país desaprovechó una oportunidad “histórica” al no prosperar la implantación de las 37,5 horas semanales, aunque considera que esta nueva medida representa un avance para el sector público.
El sindicato también abordó la situación respecto a la jubilación parcial anticipada del personal laboral. Araque indicó que UGT ha comunicado al Ministerio de Seguridad Social que no continuará negociando otros temas hasta que se resuelva el acceso de este colectivo a la jubilación parcial anticipada. “Es necesario que Seguridad Social desarrolle un texto al respecto, y hasta ahora ese documento no ha sido presentado”, afirmó.
La regulación vigente genera diferencias entre empleados públicos y personal laboral en la AGE. Según Francisco Casado, jefe de gabinete técnico de UGT-SP, el sindicato ha propuesto una medida transitoria que permita cubrir las plazas de quienes opten por la jubilación parcial con personal sustituto, para evitar alargar los procesos de cobertura.
Oferta de empleo extraordinaria y teletrabajo
UGT Servicios Públicos espera que entre abril y mayo se publique una Oferta de Empleo Público extraordinaria con 1.040 plazas, destinada a cubrir las jubilaciones parciales anticipadas del personal laboral en la AGE. Esta convocatoria busca asegurar el relevo generacional y la continuidad de los servicios públicos.
En relación con el teletrabajo, el sindicato intentará unificar la regulación entre las distintas áreas de la función pública, ya que actualmente cada ministerio decide de manera autónoma sobre los días permitidos para esta modalidad laboral.
Contactos políticos y defensa de los servicios públicos
Araque informó sobre una ronda de contactos con partidos políticos, excluyendo a aquellos que promueven políticas de recorte, con el objetivo de impulsar un pacto social en defensa de los servicios públicos.
“La polarización y los recortes debilitan; la inversión y los acuerdos fortalecen”, afirmó la secretaria general de UGT, quien criticó la postura de la CEOE frente al incremento del salario mínimo interprofesional y el manejo del absentismo laboral por parte de las patronales.