Moncloa presenta una nueva legislación anticorrupción que incrementa las sanciones y limita los beneficios penitenciarios para los corruptos hasta que restituya el dinero ilegalmente obtenido.
La norma incorpora 84 medidas, incluyendo la ampliación a 20 años de la inhabilitación para contratar con la Administración y la obligación de realizar auditorías externas en partidos políticos.
Se establecerá una Agencia Independiente de Integridad Pública y se fortalecerán los mecanismos de prevención, detección y recuperación del dinero público.
La ley contempla el empleo de inteligencia artificial para identificar irregularidades, la extensión del plazo de prescripción de delitos y la creación de nuevas unidades judiciales especializadas en corrupción.
Este martes, Moncloa presentó lo que se propone como una nueva ley anticorrupción. La medida llega en medio del escándalo generado por los whatsapps de Koldo García publicados por EL ESPAÑOL.
La ley de «integridad» impulsada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elimina los beneficios penitenciarios para los corruptos hasta que no reintegren el dinero obtenido ilícitamente.
Sin embargo, es improbable que esta norma sea aprobada durante la presente legislatura debido a plazos insuficientes para completar todos los trámites. Deberá ser revisada por los órganos constitucionales y posteriormente debatida en el Congreso.
El Consejo de Ministros dio luz verde este martes en su primera fase a esta nueva regulación, tan solo nueve meses después de que estallara el caso Cerdán. La presentó la vicepresidenta primera María Jesús Montero.
Con esta ley anticorrupción, por ejemplo, ni José Luis Ábalos ni Koldo García podrían beneficiarse de medidas penitenciarias hasta que devuelvan el dinero supuestamente sustraído.
La normativa contempla modificar la Ley General Penitenciaria, vinculando los beneficios penitenciarios al cumplimiento de la responsabilidad civil y económica derivada de delitos de corrupción.
Así, quien haya cometido un delito fiscal no podrá acceder al tercer grado ni a la libertad condicional hasta que restituya “cada euro público”, aunque alegue “insolvencia económica”.
Según explicó el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, el tribunal evaluará si la falta de pago responde a una insolvencia real o a la ocultación de bienes, aunque probablemente esta circunstancia no será determinante.
Durante un encuentro con medios para profundizar en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, la subsecretaria de Hacienda, Lidia Sánchez Milán, indicó que el Gobierno concluyó «la carga normativa» necesaria para convertir en ley la mayoría de las acciones previstas en el Plan de Lucha contra la corrupción.
El plan incluye 15 medidas, de las cuales 12 se integran en este anteproyecto. En total, la nueva legislación incorpora 84 medidas que suponen la modificación de 18 leyes, seis de carácter orgánico.
La subsecretaria explicó que la norma «responde a una preocupación ciudadana» y representa la reacción “más ambiciosa” de España contra la corrupción.
El plan abarca todo el ciclo —prevención, detección, fortalecimiento y recuperación— con especial atención a la fase preventiva.
El propósito, según Sánchez Milán, es «recuperar hasta el último euro para que la corrupción no sea rentable«.
«Se debe asegurar que cada euro público se administre con honestidad y eficiencia para el interés general. Por ello, se fortalecerán los mecanismos de prevención, control y recuperación de fondos».
De este modo, habrá formación obligatoria para altos cargos y funcionarios públicos, además de llevar a cabo encuestas anuales sobre corrupción.
También se promoverá una cultura de concienciación mediante campañas institucionales y se focalizará la atención en empresas corruptas, partidos políticos y contratación pública.
En el ámbito de los contratos, «se fomentará mayor transparencia, control reforzado y una publicidad más extensa en la información contractual».
Se implementarán herramientas de Inteligencia Artificial para identificar «patrones anómalos» y se hará público un registro con prohibiciones para contratar con la Administración.
Concretamente, se extenderá a 20 años la inhabilitación para contratar con la Administración, recibir subvenciones o beneficiarse de incentivos fiscales.
Además, las empresas implicadas en corrupción deberán pagar multas proporcionales a los beneficios ilícitos que hayan obtenido.
El objetivo, según Olmedo, es aumentar la transparencia, limitar el encadenamiento de contratos y garantizar mayores controles, así como revisar el régimen de subcontratación para evitar excesos.
Se pretende «dotar a las autoridades del máximo número de herramientas para acceder a registros y conocer con precisión quién está detrás de cada entidad jurídica», afirmó Olmedo.
La ley también exige a los partidos políticos realizar auditorías externas de sus cuentas y fortalecer la transparencia sobre las donaciones privadas.
Las formaciones deberán declarar la financiación privada a partir de 2.500 euros, comparado con el umbral actual de 25.000 euros, y se endurecerá el régimen sancionador para sancionar infracciones de partidos y fundaciones fuera del control del Tribunal de Cuentas.
Agencia de Integridad Pública
Uno de los pilares es la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, conforme a las demandas de Sumar.
Esta Agencia integrará funciones de la Oficina de Conflicto de Intereses, la Autoridad Independiente de Protección al Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
Además, será la encargada de coordinar la protección de los intereses financieros de la Unión Europea contra el fraude y supervisar las actividades de los lobbies.
La ley cuenta con el respaldo de la OCDE, que colaborará «estrechamente» con el Ejecutivo en su desarrollo, asesorando en la implementación de la Agencia y en la revisión del marco legal para «reforzar» la transparencia en la financiación de partidos políticos.
El secretario de Estado de Justicia destacó que las medidas desarrolladas desde su departamento buscan fortalecer la lucha contra la corrupción, aunque recordó que «no se parte de cero».
Olmedo defendió el endurecimiento de las sanciones por cohecho, tráfico de influencias y otros delitos relacionados con la corrupción, calificándolos como «delincuencia organizada».
Por ejemplo, se ampliará de cinco a siete años el plazo de prescripción de los delitos para evitar la aparición de «impunidad».
Para reforzar el sistema judicial, se habilitará en la Ley Orgánica del Poder Judicial la creación de secciones específicas en corrupción y se establecerán 500 nuevas unidades, con 91 de ellas ubicadas en Cataluña.
También se fortalecerá la función de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y se permitirá la venta anticipada de bienes embargados.