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Kevin Arley Acosta, a sus 7 años, permaneció más de 24 horas hospitalizado, sangrando por la nariz y el oído tras golpearse la cabeza al caer de su bicicleta en el departamento del Huila, situado en el centro de Colombia.
El menor convivía desde los 9 meses con una hemofilia A grave.
Pese a las angustiosas peticiones de su madre para obtener el medicamento necesario para su tratamiento, la respuesta del personal médico y administrativo del hospital siempre fue idéntica.
«No hicieron nada», relató Yudy Katerine Pico, madre de Kevin, a Caracol Radio; «lo único que me decían era que había que esperar la autorización de la EPS y que hubiera camas disponibles porque no había en ningún lugar».
Algo más de 24 horas después, Kevin Arley, un niño apasionado por las matemáticas, con sueños en su mente y que peleó contra una enfermedad que le acompañó toda su corta existencia, falleció sin recibir el tratamiento crucial que pudo salvar su vida.
Para diversos profesionales de la salud, la tragedia de Kevin expone con claridad el «deterioro progresivo» del sistema colombiano, denunciado por la Procuraduría en un informe publicado en diciembre de 2025, donde señalaba que la falta de acceso a medicamentos está «poniendo en riesgo la vida de muchos colombianos».
No obstante, para el gobierno del presidente Gustavo Petro, este caso refleja otros problemas sociales presentes en el país.
«El esfuerzo que realizamos está enfocado en la prevención. ¿Y cuáles son las instituciones responsables de prevenir?», planteó Petro durante un consejo de ministros, presentando luego su interpretación sobre la causa del fallecimiento del menor: «primero que todo, la familia».
«Si a un niño hemofílico no se le permite andar en bicicleta, el riesgo es menor, es un tema de prevención. Pero si el sistema de salud no enseña, las madres no nacen sabiendo, especialmente en contextos educativos deficientes».
Las palabras del mandatario y el respaldo de su ministro de Salud han provocado rechazo en varios sectores, como la Sociedad Colombiana de Pediatría, que expresó en un comunicado: «Rechazamos enérgicamente cualquier señalamiento que intente trasladar responsabilidades a las familias en medio de su dolor».
Una caída fatal
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Según contó la madre del niño al diario El Tiempo, el drama de Kevin y su familia comenzó en diciembre de 2025, cuando recibieron una comunicación de la Nueva EPS, su aseguradora, informando que el medicamento que el menor utilizaba para prevenir episodios hemorrágicos dejaría de estar incluido en su plan de salud.
Este medicamento puede costar hasta US$11,000 mensuales y su función es minimizar los episodios de sangrado provocados por la hemofilia, un trastorno caracterizado porque la sangre no produce la cantidad adecuada de factor coagulante, elevando el riesgo de hemorragias.
Cuando Kevin sufrió la caída el domingo 8 de febrero y comenzó el sangrado, Yudy Katerine acudió al hospital de Palestina, en el Huila, pero allí se percataron de que sería necesario trasladar al niño a Bogotá.
«Cuando se cayó en la bicicleta, rogué por el medicamento, rogué para que me lo trasladaran a Bogotá y no fue posible», declaró la madre a Caracol Radio, añadiendo: «el niño estuvo 24 horas sangrando por el oído y la nariz, y no hicieron nada».
Yudy Katerine Pico tuvo que esperar casi hasta las 5 de la tarde del lunes para que trasladaran a su hijo, quien falleció poco después de su llegada a la capital.
La mujer responsabilizó a las directivas de la EPS por la muerte de Kevin: «Ellos son los responsables de la muerte de mi hijo y del dolor que estoy sintiendo porque ellos prácticamente no sienten nada».
Responsabilidades
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Gracias a que Pico recurrió a las redes sociales para solicitar ayuda por su hijo, el caso obtuvo cobertura mediática y fue motivo de discusión en el Consejo de Ministros encabezado por el presidente Gustavo Petro el 16 de febrero.
«Kevin llegó a un hospital público en el Huila tras un desafortunado accidente, porque fue en bicicleta», afirmó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. «A un paciente con hemofilia se deben limitar este tipo de riesgos».
El ministro también apuntó que esperaban los resultados de la autopsia para establecer responsabilidades, en caso de encontrarse indicios de negligencia.
«Ningún niño debería morir por negligencia, ni médica ni por falta de un medicamento».
Sin embargo, las declaraciones del ministro y el presidente provocaron una fuerte condena entre varios comentaristas, profesionales de la salud y, en un país a punto de elecciones presidenciales, también entre opositores al gobierno.
Alejandro Gaviria, exministro de Salud durante la administración de Juan Manuel Santos, respondió al presidente en su cuenta de X, calificándolo de «cínico y desvergonzado» por «culpar a la madre y a la familia».
«Es la especialidad del presidente Petro: encontrar culpables», añadió.
Por su parte, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, afirmó que «Kevin fue otra víctima de las deficiencias en la disponibilidad y acceso a medicamentos que actualmente enfrentan miles de colombianos para obtener tratamientos oportunos y cruciales para su salud».
La crisis del sistema
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El ejemplo de Kevin revela un problema creciente, según señaló la Procuraduría en diciembre de 2025: cada vez más colombianos se ven obligados a recurrir a tutelas para acceder a tratamientos que las EPS deberían garantizar.
Para comprender la función de estas EPS, es fundamental conocer que el sistema de salud colombiano es mixto y se divide en dos regímenes: contributivo y subsidiado.
Esto implica que, por ley, todos los ciudadanos deben estar afiliados a una EPS según sus ingresos.
Estas empresas reciben del Estado una suma asignada por cada afiliado, con la finalidad de utilizar esos recursos para cubrir los gastos médicos frente a las IPS, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
El problema actual radica en que las EPS alegan insuficiencia de fondos para cubrir los tratamientos de sus pacientes, aunque el gobierno nacional asegura estar efectuando pagos récord a estas entidades.
Una de las decisiones más controvertidas del gobierno de Petro fue la intervención de varias EPS, incluida Nueva EPS, la más grande del país y aseguradora de Kevin Arley; la justificación fue que los recursos no alcanzaban debido a sobrecostos y corrupción.
Sin embargo, el informe de diciembre de la Procuraduría indica que estas intervenciones agravaron la crisis: «En la Nueva EPS, tras la intervención, el costo de prestación de servicios superó los ingresos, aumentando del 95,6% en 2022 al 121% en 2023, y con un patrimonio que se volvió negativo en -$4,4 billones en 2024».