José Ángel González, quien ejercía como director adjunto operativo de la Policía Nacional, presentó su dimisión tras ser citado como investigado por la presunta violación de una agente bajo su mando.
La denuncia formulada por su ex pareja y subordinada también le imputa cargos de coacciones, daños psíquicos y malversación de fondos públicos.
El Juzgado ha convocado a ambas partes a declarar el 17 de marzo, después de aceptar a trámite la denuncia por hechos supuestamente ocurridos el 23 de abril de 2025 en una residencia oficial del Ministerio del Interior.
Conforme a la acusación, González habría obligado a la agente a acudir a su domicilio valiéndose de su autoridad, donde presuntamente se produjo la agresión sexual a pesar de las negativas reiteradas de la víctima.
José Ángel González, quien se desempeñaba hasta este martes como director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, renunció a su puesto tras ser citado como investigado por presunta agresión sexual con penetración contra una agente subordinada.
Así lo ha confirmado EL ESPAÑOL a través de fuentes del Ministerio del Interior. Su renuncia tuvo lugar tras la admisión a trámite de una querella que le acusa formalmente de agresión sexual.
Una agente subordinada y ex pareja de este alto cargo le atribuye también los delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación de fondos públicos.
El Juzgado ha citado ya a la denunciante y al acusado para que presten declaración el próximo 17 de marzo, según consta en una resolución fechada este martes a la que EL ESPAÑOL ha tenido acceso.
González, apodado Jota dentro del Cuerpo, fue designado a finales de 2018 como DAO de la Policía por el entonces ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Su función es la de jefe operativo y, en el rango general, solo está por debajo del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, responsable de su nombramiento.
EL ESPAÑOL también ha revisado la querella presentada en su contra, que describe que la agresión sexual supuestamente ocurrió en la cocina de una vivienda oficial, propiedad del Ministerio del Interior y que habita González.
Dentro del domicilio oficial ubicado en la calle [omitido], el acusado sirvió dos cervezas e inmediatamente empezó un acercamiento físico con connotaciones sexuales hacia la denunciante», detalla la querella, firmada por el abogado Jorge Piedrafita.
De acuerdo con la versión de la denunciante, ella expresó un rechazo «verbal, explícito, rotundo y sostenido» a dichos avances.
«Desde ese momento y pese a las negativas contundentes y constantes de la querellante, el acusado mostró una conducta agresiva de índole sexual caracterizada por violencia física y un ambiente intimidatorio, aprovechándose de la condición de aislamiento, superioridad física y autoridad institucional que ejercía sobre la víctima», asegura el representante legal de la mujer.
Los hechos habrían tenido lugar el 23 de abril de 2025. Según el testimonio de la víctima, ese día ella cumplía «servicio ordinario en horario vespertino» en la Comisaría de Coslada (Madrid).
A partir de las 14:15 horas, comenzó a recibir «numerosas llamadas telefónicas del denunciado, exigiendo su presencia de forma urgente y perentoria».
Ante la «negativa inicial y repetida de la víctima», según la querella, González, «haciéndose valer de su autoridad institucional, le ordenó (…) abandonar su puesto mediante el uso de un vehículo policial camuflado desde la comisaría de Coslada, con el propósito de reunirse con él con carácter urgente».
En ese momento, de acuerdo con el relato de la denunciante, el acusado se encontraba en un restaurante finalizando una comida con un comisario y tomando una copa. La mujer se unió a la mesa.
Posteriormente, la mujer y Jota se desplazaron, por instrucción de este último, a su vivienda oficial, donde habría ocurrido la presunta agresión sexual.