«Si no has quedado para follar, vienes con nosotros, es una orden. Y si no, te haces pajas como todos en casa». Esas fueron las palabras con las que se dirigieron a Susana, agente de la Policía Nacional, un subinspector y otro miembro del Cuerpo, durante su estancia en una Embajada de España en África como parte de la misión de seguridad diplomática.
Estos hechos tuvieron lugar entre 2023 y 2024. En el verano del segundo año, el 19 de agosto, Susana (nombre ficticio) interpuso una querella ante el Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional por los delitos de acoso laboral, acoso sexual, amenazas y lesiones psicológicas. Paralelamente, en el Juzgado Central de Instrucción n.º 1 se está investigando otro caso similar en la embajada de España en la India.
Según la querella a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL, la agente fue enviada a mediados de 2022 a una misión en el extranjero por la División de Cooperación Internacional de la Dirección General de la Policía. En un edificio ubicado dentro de la zona de seguridad de la embajada se le asignó un alojamiento, donde también residían sus compañeros y el personal laboral del recinto, disponiendo de un salón comedor común y un gimnasio compartido.
A comienzos de 2023, Susana empezó a experimentar un acoso laboral y sexual severo, con constantes frases humillantes y degradantes, creando un ambiente de hostilidad intolerable, fomentado desde la jerarquía del equipo. Principalmente, fue por parte del subinspector J.P.L.C., apoyado por el agente A.Y.M. del mismo equipo.
Estos hechos provocaron, conforme a su denuncia, un deterioro significativo en su salud mental. La agente de policía tuvo que soportar, durante casi dos años, expresiones dirigidas a ella como la que abre esta noticia, pronunciadas por su superior al negarse a acompañarles en sus fiestas.
En otra ocasión, el policía denunciado la rodeó con fuerza con sus brazos, mientras se restregaba contra su cuerpo y le susurraba al oído, impidiendo que ella pudiera liberarse, todo ello ante la presencia del subinspector a quien pidió auxilio. Este respondió: «Yo en temas de abusos no me meto, vosotros sabréis. Yo soy más de follar que de discutir».
Ambos estaban, según la querella, en estado de embriaguez. El policía no cesó su conducta inapropiada y continuó haciéndole gestos obscenos con sus dedos en la boca.
Susana tomó conocimiento de que estos dos hombres ya habían protagonizado incidentes similares, motivo por el cual el Consejero de Interior de la Delegación Diplomática había iniciado una investigación reservada.
Antecedentes
Estos hechos previos fueron comunicados a la División de Cooperación Internacional, y cuando se informó a ambos implicados, llegaron a pensar que Susana era quien había hablado.
Susana dejó de participar en eventos y comidas con sus colegas, intentando evitar esas situaciones, lo que derivó en un aislamiento impuesto por los dos denunciados, quienes dejaron de dirigirse la palabra.
Los dos policías que luego serían sujetos de la querella le complicaron la vida laboral: no le proporcionaban información esencial para el cumplimiento de sus funciones, se negaban a compartir el vehículo oficial, y publicaban canciones en el grupo de WhatsApp laboral donde se empleaban expresiones como “rata, topo o chivata” claramente referidas a ella, sometiéndola a un acoso laboral considerable.
Defensa
La situación empeoró gradualmente, llegando incluso a amenazas, aunque varios testigos ya habían confirmado los hechos y los habían reportado a sus superiores.
La agente, única mujer policía en ese país extranjero y encontrándose totalmente desprotegida, solicitó apoyo a través del teléfono confidencial de Atención y Ayuda a la mujer policía, gestionado por la División de Cooperación Internacional.
Una vez activado el Protocolo de Actuación frente al acoso laboral y sexual dentro de la Policía, ambos denunciados fueron separados de su destino internacional y se abrió un expediente disciplinario, cuyo resultado aún se desconoce.
Tras recibir asistencia psicológica por los eventos sufridos, Susana decidió presentar la querella con el respaldo de su abogado Marco Antonio Navarro, del sindicato JUPOL. Además de la investigación judicial, se solicitan declaraciones de numerosos testigos, junto con la realización de pruebas documentales y periciales.