La UCO ha procedido a la detención de Rafael Pineda, antiguo jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, bajo la acusación de un delito urbanístico.
Pineda, junto con su esposa y un empleado de Emvisesa, están siendo investigados por presuntamente obtener beneficios con la venta de una parcela pública en Sevilla.
Esta parcela fue adquirida por 1,7 millones de euros y revendida cinco meses después por cerca de 4 millones, lo que ha generado sospechas de corrupción y tráfico de influencias.
El caso está siendo llevado por el Juzgado número 10 de Sevilla y ha dado lugar a la apertura de pesquisas internas tanto en el Ayuntamiento como en Emvisesa.
La Unidad Central Operativa (UCO) ha detenido a Rafael Pineda, quien desempeñó el cargo de jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía.
Pineda está bajo sospecha por un posible delito urbanístico relacionado con la venta de una parcela pública que, según los investigadores, podría haberle reportado un beneficio económico ilícito.
Fuentes vinculadas a la investigación indican que la parcela en cuestión fue adquirida por 1,7 millones de euros, mediante una sociedad en la que participa O. P., esposa de Pineda.
Cinco meses más tarde, ese mismo terreno fue vendido por 3,9 millones de euros, casi el doble de su precio original en menos de medio año.
Los agentes han detenido, además de a Pineda, a su esposa, según confirman desde la investigación, y el caso sigue abierto.
Investigación
Pineda ya estaba siendo vigilado por la UCO desde hace un tiempo. En noviembre pasado, agentes de esta unidad registraron la Delegación del Gobierno, donde el detenido trabajó hasta 2025, para revisar toda su correspondencia electrónica.
El objetivo de los investigadores era encontrar indicios de que Pineda, junto con su esposa y un empleado de la empresa pública de vivienda sevillana –Emvisesa-, se habrían beneficiado supuestamente con la venta de una parcela municipal.
La causa está a cargo del Juzgado número 10 de Sevilla. La pesquisa examina si Pineda pudo incurrir en delitos de tráfico de influencias y corrupción empresarial por medio de favores a un empresario.
Precisamente, ese empresario habría cometido delitos de blanqueo de capitales vinculados presuntamente al narcotráfico.
Emvisesa
En noviembre pasado, el Ayuntamiento de Sevilla inició una investigación interna y suspendió a un empleado de Emvisesa tras acceder a un informe de la UCO, que indicaba su probable participación en el proceso de la parcela «desierta y continuado».
Además, la venta posterior también está siendo analizada. Según la investigación, esta persona habría recibido «más de 78.000 euros en calidad de responsable» en esta empresa municipal.
El informe se centra en una parcela de Pino Montano que permaneció «numerosos años desocupada» durante la etapa del alcalde Juan Espadas (PSOE), quien asumió en 2017, debido a que «el precio era elevado porque, desgraciadamente, había tres inquilinos en esos terrenos,«, como confirmó la UCO y señaló entonces el delegado municipal de Urbanismo, Juan de la Rosa.
Inquilinos
El edil recordó que, al constatar el problema de esa parcela, se realizó una tasación que «descendía» debido a la presencia de unos inquilinos «y la venta estaba condicionada por ellos».
«Nos proporcionaron una tasación de 1,8 millones y los inquilinos que adquirieron la parcela la vendieron cinco meses después por casi cuatro millones de euros, lo que resulta sospechoso«, añadió el concejal de Urbanismo al referirse al asunto.
El Ayuntamiento, mediante la empresa pública de vivienda, se personó en el caso el pasado 20 de octubre, tras levantarse el secreto de las actuaciones.
José Luis Sanz
Respecto a este tema, el alcalde, José Luis Sanz (PP), subrayó que durante los ocho años de gobierno del PSOE en Sevilla capital «solo se construyeron 83 viviendas de protección oficial». «Tal vez priorizaban otros asuntos antes que la edificación de viviendas para jóvenes necesitados», rememora Europa Press.
Por su parte, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla mantiene desde el inicio que, tras examinar el expediente urbanístico en Emvisesa, «este cumple en todo momento con la legalidad».