La exconcejala de Móstoles, A. M. L., interpuso una querella contra el alcalde Manuel Bautista y el PP por acoso sexual y laboral, además de otros cuatro delitos.
La denuncia incluye delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, con evidencias que buscan demostrar solicitudes de favores sexuales y el posterior hostigamiento.
Se imputa al PP la falta de protección hacia la víctima y la ausencia de una respuesta institucional adecuada, por lo cual se citan como testigos a Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano y Ana Millán.
La querella señala la difusión de correos electrónicos y la exposición de la identidad de la exconcejala como posibles delitos relacionados con la revelación de secretos.
A. M. L., la exconcejala de Móstoles que denunció inicialmente al alcalde de Móstoles del PP, Manuel Bautista, ha optado finalmente por acudir a la justicia. De esta forma, presentó una querella por un supuesto delito de acoso sexual y laboral, además de cargos por delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.
Su representante legal, el abogado Antonio Suárez-Valdés, comunicó a la agencia Efe que la querella fue presentada este lunes en la Sala de lo Penal del Juzgado de Instancia de Móstoles y está dirigida, además del alcalde, contra el PP como persona jurídica, conforme a los artículos 184.5 y 31bis del Código Penal.
Según el abogado, «la omisión inicial y el posterior fracaso de los mecanismos internos para proteger a la víctima, junto con la falta de respuesta institucional por parte del Partido Popular, han llevado a nuestra defendida a buscar protección directa en la vía penal, que inicialmente intentó evitar».
Así, la querella se basa en un «sólido apoyo probatorio», diseñado para demostrar «la presunta solicitud de favores sexuales por parte del acusado hacia la víctima, con el propósito de establecer una relación personal», según explicó Suárez-Valdés en un comunicado.
Asimismo, se intentará demostrar que, tras el rechazo de la víctima, se instauró «un presunto patrón constante de acoso y abuso de la jerarquía, con el supuesto fin de aislar y hacer invisible profesionalmente a la denunciante» hasta que presentó su renuncia en 2024.
Por esta razón, la querella también apunta contra el PP como persona jurídica debido a la «omisión inicial y el fallo posterior de los mecanismos internos de protección y la ausencia de respuesta institucional del Partido Popular».
En consecuencia, se solicitará que presten declaración como testigos, entre otros, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano; y la vicesecretaria de organización del PP madrileño, Ana Millán, en relación con su papel en la gestión interna del caso.
Finalmente, la querella también incluye la difusión de correos electrónicos intercambiados por la exconcejala con la Comunidad de Madrid, los cuales fueron enviados a diversos medios de comunicación, y su identidad apareció en uno de ellos, circunstancia que, según Suárez-Valdés, «podría constituir delitos de revelación de secretos».
Suárez-Valdés ha subrayado que se trata de «un proceso con alta complejidad técnica debido a que parte de los hechos ocurrieron en la esfera privada de la víctima y su presunto acosador, además de que los correos oficiales de la víctima fueron borrados».