La Generalitat ha solicitado a las prisiones catalanas que identifiquen a los presos extranjeros en prisión preventiva que podrían beneficiarse de la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
El sindicato SICAP-FEPOL advierte que esta regularización tendría un impacto significativo en el ámbito penal, posibilitando que algunos internos eviten la expulsión si logran la residencia antes de recibir una condena.
Actualmente, el 69% de los presos preventivos en Cataluña son extranjeros, y el sindicato alerta sobre la importancia de incluir garantías para impedir consecuencias negativas en la seguridad pública y la ejecución de penas.
SICAP-FEPOL critica la administración de las prisiones catalanas y demanda que cualquier medida administrativa garantice la protección tanto de los profesionales penitenciarios como de la ciudadanía.
Una comunicación interna del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, difundida recientemente, insta a los centros penitenciarios catalanes a llevar a cabo una «prospección inmediata» para determinar cuántos presos extranjeros en prisión preventiva podrían ser elegibles para la regularización extraordinaria promovida por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.
Así lo ha informado el sindicato de prisiones SICAP-FEPOL. Aunque oficialmente esta iniciativa se presenta como una mera recopilación de datos estadísticos, el sindicato advierte que podría suponer un cambio de «gran relevancia jurídica y penal» si la recopilación desemboca en permisos de residencia antes de que se dicte sentencia firme.
Según la instrucción de la Dirección General de Asuntos Penitenciarios, dirigida por Domingo Estepa Camacho, los centros deben identificar posibles casos que, en líneas generales, cumplan dos criterios: haber permanecido al menos cinco meses en España y no contar con antecedentes penales previos al motivo que originó la prisión preventiva actual.
SICAP-FEPOL destaca que la consecuencia concreta de una posible regularización podría ser significativa en el ámbito penal. «Si una persona extranjera en situación irregular y en prisión preventiva obtiene un permiso de residencia antes de la condena, su defensa podría argumentar con mayor solvencia el arraigo y la integración en España para oponerse a la sustitución de la pena de prisión por la expulsión prevista en el artículo 89 del Código Penal».
«Disponen de información sobre internos extranjeros en prisión preventiva en situación irregular que están siendo asesorados acerca de esta regularización extraordinaria para, antes de una posible condena, regularizar su estatus y fortalecer su defensa frente a una expulsión eventual», señala Miguel Pueyo, secretario general de SICAP-FEPOL.
De acuerdo con Pueyo, algunos internos manifiestan sorpresa ante el hecho de que estar en prisión preventiva pueda acreditar el periodo mínimo de residencia en España requerido.
El sindicato considera fundamental que, antes de cualquier texto final o implementación normativa, se establezcan garantías y controles que eviten «consecuencias no deseadas» en la ejecución penal y en la seguridad pública.
1.888 preventivos, el 69% extranjeros
Actualmente, en Cataluña existen 1.888 reclusos en prisión preventiva. De ellos, 1.307 son extranjeros, constituyendo el 69,23% del total, según los datos proporcionados por el sindicato.
SICAP-FEPOL señala que todavía no hay una cifra exacta acerca de cuántos de esos internos extranjeros en situación administrativa irregular podrían cumplir los requisitos para acogerse a esta regularización promovida por el Gobierno, con la que se espera que 500.000 inmigrantes obtengan documentación válida en España.
El sindicato enmarca este panorama en un contexto de creciente presión sobre el sistema penitenciario. Recuerda que las recientes reformas legales destinadas a combatir la multirreincidencia podrían incrementar la población carcelaria. Según datos de los Mossos d’Esquadra, actualmente habría 3.969 delincuentes multirreincidentes activos en las calles de Cataluña.
En este contexto, SICAP-FEPOL advierte que cualquier medida susceptible de debilitar la respuesta penal o generar “incentivos perversos” debe ser evaluada con “extrema cautela”.
El sindicato exige que toda decisión administrativa sea completamente compatible con la actuación penal y la protección de los profesionales penitenciarios y de la población, al tiempo que critica la «falta de previsión» y la «mala gestión» de las prisiones catalanas por parte del conseller de Justicia, Ramon Espadaler.