El Tribunal Supremo ha solicitado a los abogados que concierten acuerdos en más de 4.500 casos para aliviar el colapso judicial, advirtiendo que la negativa a colaborar podría influir en las costas procesales.
La Audiencia Nacional ha suspendido decenas de procedimientos debido a la escasez de funcionarios, causada por un proceso de consolidación de plazas para disminuir la temporalidad.
El 60% de los casos pendientes en la Sala Civil del Supremo corresponden a litigios masivos, principalmente en materia de derecho bancario, y el ‘cártel de los camiones’ representa un 16% del total.
La sobrecarga y falta de personal ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema de casación civil y provocan retrasos significativos en la resolución de los procesos.
El colapso que afecta a gran parte de los órganos judiciales ha generado en los últimos días decisiones poco habituales. Por primera vez, la Sala Civil del Supremo ha acordado emitir providencias para intentar tramitar más de 4.500 asuntos.
El alto tribunal exhorta a los litigantes a alcanzar una solución pactada y hace una advertencia clara: la «negativa a colaborar» podrá repercutir en las costas de la sentencia que finalmente se dicte (sin fecha determinada).
Por su parte, los jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional han empezado a notificar una providencia informando a las partes sobre la escasez de funcionarios para atender los casos, ocasionada por las bajas surgidas a raíz del proceso extraordinario de consolidación de plazas que busca reducir la temporalidad.
Ambos órganos —Tribunal Supremo y Audiencia Nacional— dependen de los recursos humanos y materiales proporcionados por el Ministerio de Justicia, cuyo titular, Félix Bolaños, asegura estar ejecutando “la mayor transformación de la Justicia en décadas».
«La evolución en la entrada y resolución de asuntos en la Sala Primera durante los últimos cinco años muestra claramente el colapso alcanzado debido a la imposibilidad de hacer frente con los medios disponibles al enorme crecimiento de la litigación», indica la Sala Civil del Tribunal Supremo en un acuerdo no jurisdiccional adoptado el 27 de enero.
Solo en el último año, la Sala Civil registró 13.008 nuevos asuntos, una cifra que califica de “inasumible”.
Al 31 de diciembre, los recursos pendientes en esta Sala ascendían a 27.864. El 90% aún se encuentra en fase de admisión, mientras que el resto espera señalamiento para deliberación, votación y fallo.
El 60% de estos casos proviene de litigación masiva, principalmente en derecho bancario, condiciones generales de contratación y cláusulas abusivas.
El denominado ‘cártel de los camiones’ representa un 16% de los recursos pendientes. Consiste en miles de reclamaciones por indemnizaciones derivadas de daños y perjuicios presentadas por transportistas, empresas y particulares que adquirieron camiones con un sobreprecio ocasionado por un pacto ilegal entre fabricantes para fijar y aumentar los precios.
«El diseño legal y la estructura de la Sala Primera del Tribunal Supremo no están preparados para resolver recursos masivos, una vez que se ha establecido jurisprudencia sobre el tema en conflicto», explica el acuerdo.
Se añade que las consecuencias de esta situación son evidentes: se dificulta la función casacional para aquellos recursos que realmente la requieren, y los tiempos de resolución se prolongan «de manera alarmante».
Además, la demora en establecer soluciones jurisprudenciales que brinden seguridad a los órganos judiciales de primera y segunda instancia incrementa la litigiosidad.
«En definitiva, se llega a una situación de colapso, como la descrita, que pone en grave peligro la viabilidad del sistema de casación civil», concluye.
La Sala Civil dictó las primeras sentencias sobre el ‘cártel de los camiones’ en 2023 y desde entonces ha emitido 171 fallos referentes a las cuestiones jurídicas principales.
La Sala recuerda que en el último año ha solicitado «de forma reiterada» que las partes involucradas en la litigación del ‘cártel de los camiones’, una vez fijada la jurisprudencia, desistieran o acordaran acuerdos en los recursos de casación pendientes.
Aunque se han presentado numerosos desistimientos y acuerdos transaccionales, el resultado «es insuficiente», indica. Aún permanecen pendientes de admisión 4.206 recursos y otros 356 están a la espera de sentencia. En total, 4.562 casos vinculados al ‘cártel de los camiones’ aguardan respuesta en el Supremo.
El acuerdo
La Sala, compuesta por el presidente Ignacio Sancho y nueve magistrados, considera que esta situación justifica el acuerdo adoptado: en todos los recursos pendientes relativos al ‘cártel de los camiones’ se emitirá una providencia que propondrá a las partes la mediación para resolver el conflicto de forma extrajudicial y acordada.
«La aceptación o rechazo de la propuesta de someter el conflicto a mediación será voluntaria», afirma.
Sin embargo, añade que «por todas las circunstancias expuestas, la posible negativa a colaborar en la resolución consensuada podrá tener consecuencias en materia de costas«.
En este sentido, la Sala enfatiza que los litigantes ya disponen de «elementos de previsibilidad suficientes» para anticipar cuál será la respuesta «en caso de que finalmente sea necesario resolver el recurso mediante sentencia».
Falta de funcionarios
En la jurisdicción penal de la Audiencia Nacional, considerada el ‘buque insignia’ de la Justicia española, la combinación de sobrecarga y déficit de funcionarios ha obligado a varios Juzgados Centrales de Instrucción a dictar providencias que paralizan decenas de procedimientos por al menos mes y medio.
La resolución, conocida por EL ESPAÑOL y aplicable en distintos Juzgados Centrales de Instrucción (diferente solo en el número de bajas de funcionarios en las últimas semanas), señala que «se comunica a las partes la situación derivada de la falta de personal ocasionada por el proceso de consolidación de plazas y estabilización mediante concurso» iniciado en 2022 por el Ministerio de Justicia.
«En esta plaza se ha producido el cese de siete funcionarios [seis en el caso del Juzgado de Antonio Piña], quienes, antes de dejar sus puestos, disfrutaron las vacaciones correspondientes, generando un periodo aproximado de 45 días hasta cubrir nuevamente estas plazas«, explica.
«La situación actual de este órgano judicial, sobrecargado con múltiples macroprocesos, hace imposible asignar estos procedimientos al personal disponible«, añade la providencia.
Además, advierte que ello «provocará que cualquier consulta sobre estos casos genere demoras en su tramitación«.
«Se mantendrán las declaraciones ya señaladas y se dará respuesta a cualquier petición que se presente, especialmente a aquellas con carácter urgente», concluye.