El Parlamento Europeo ha enviado dos delegaciones a España para examinar el deterioro del Estado de derecho y las políticas relacionadas con el cierre de la central nuclear de Almaraz.
Una comisión LIBE analizará posibles retrocesos democráticos, entre ellos la independencia judicial y la corrupción, colocando a España bajo un escrutinio similar al que enfrentan Hungría y Eslovaquia.
La comisión PETI estudiará los efectos económicos y ambientales del cierre de Almaraz, además de los problemas de gestión de la fauna salvaje en Cabañeros tras la prohibición de la caza.
El Gobierno español, incluyendo al presidente Pedro Sánchez, ha rechazado reunirse con los eurodiputados, hecho que ha suscitado críticas y comparaciones con otros países bajo vigilancia europea.
El Parlamento Europeo ha puesto el foco en España debido al deterioro del Estado de derecho y las políticas de Transición Ecológica, desplegando dos misiones simultáneas de eurodiputados que comenzarán este lunes 16 de febrero.
Una delegación perteneciente a la comisión de Libertades Civiles (LIBE) evaluará en Madrid las deficiencias y denuncias sobre un posible retroceso democrático en el país.
La otra delegación, de la comisión de Peticiones (PETI), inspeccionará de manera directa las repercusiones del eventual cierre de la central nuclear de Almaraz y la gestión de la fauna salvaje en Cabañeros, después de la prohibición vigente de la caza en el parque desde 2020.
La primera misión coloca a España en un nivel de vigilancia reforzada comparable al de Hungría y Eslovaquia debido a preocupaciones relacionadas con la independencia judicial, la separación de poderes y la corrupción.
La segunda misión se deriva de solicitudes formales presentadas por plataformas ciudadanas.
Por un lado, habitantes de la comarca de Almaraz denuncian el impacto global, tanto económico como ambiental, que implica el calendario para clausurar la planta; por otro, cazadores y ganaderos alertan sobre la descontrolada fauna salvaje en uno de los parques nacionales más importantes de España.
Sánchez se niega a reunirse
A nivel institucional, la misión de LIBE ha sido promovida por el Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de derecho y los Derechos Fundamentales (DRFMG), que designó a España como uno de los dos Estados miembros sujetos a control en 2026.
Hasta el momento, misiones similares solo se han realizado en Hungría y Eslovaquia, naciones bajo vigilancia especial de la UE debido a sus retrocesos democráticos, según fuentes de LIBE.
La visita se produce tras una serie de evaluaciones negativas en los informes anuales de la Comisión Europea, que desde 2020 han señalado reiteradamente diversas deficiencias en áreas clave del Estado de derecho en España.
Estas incluyen un sistema de elección politizado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la falta de independencia de la Fiscalía General y, en términos generales, una baja ejecución de recomendaciones anticorrupción.
Los últimos datos de Transparency International, que sitúan a España en el puesto 49 en el índice global sobre corrupción con 55 puntos de 100, consolidan esa percepción de deterioro democrático.
La delegación de LIBE estará en Madrid durante los días 16 y 17 de febrero con una agenda focalizada en reuniones de alto nivel, aunque una de ellas fue rechazada: Moncloa ha denegado la invitación a Pedro Sánchez para encontrarse con los eurodiputados.
No obstante, se llevarán a cabo reuniones con el CGPJ, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, y con la nueva fiscal general, Teresa Peramato, nombrada tras la condena de su predecesor Álvaro García Ortiz.
Una nota interna difundida por el Partido Popular Europeo (PPE) destaca que la misión también abordará el retraso en la trasposición de la directiva anticorrupción –que complicaría, al menos, la amnistía a los delitos de corrupción de Carles Puigdemont–, y evaluará el funcionamiento de los contrapesos institucionales frente al Poder Ejecutivo.
Según fuentes oficiales del Parlamento Europeo, la finalidad es «valorar la independencia judicial y los esfuerzos contra la corrupción» en España, con declaraciones previstas para el lunes al mediodía desde el Congreso de los Diputados y una rueda de prensa final el martes.
No solo Sánchez, sino también los ministros de Justicia, Félix Bolaños, e Interior, Fernando Grande-Marlaska, han declinado reunirse con los eurodiputados. Esto, a pesar de que, según fuentes del PPE, la invitación contaba con «el respaldo de todos los grupos del Parlamento Europeo, incluidos los socialistas».
Los populares, en efecto, compararon este «desaire» con la disposición de Eslovaquia, donde el primer ministro, el polémico Robert Fico, sí recibió a la misión. Lo califican como «una falta de respeto institucional y una señal alarmante para la Unión Europea».
La misión se complementará con encuentros con las principales asociaciones de jueces y fiscales y organizaciones de la sociedad civil.
Además, se reunirán con el Consejo de Informativos de RTVE, en un contexto marcado por crecientes críticas sobre la politización de la radiotelevisión pública. Desde la delegación lamentan que el director de RTVE, José Pablo López, haya rechazado la invitación de la misión europarlamentaria.
Aagesen no asistirá a Almaraz
De manera paralela, la Comisión de Peticiones enviará una delegación a la comarca de Campo Arañuelo y al Parque Nacional de Cabañeros desde el lunes hasta el 18 de febrero.
Este desplazamiento responde a la solicitud de la plataforma Sí a Almaraz, Sí al Futuro, con el objetivo de analizar las repercusiones del eventual cierre de la central nuclear de Almaraz sobre el empleo, la economía local, la seguridad del suministro y los objetivos climáticos establecidos por la UE.
La agenda publicada por los organizadores incluye una reunión inicial en el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata con los alcaldes de la región.
También estarán presentes representantes de la Presidencia de la Diputación de Cáceres y de la Asamblea de Extremadura, aunque la convocatoria a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, fue igualmente rechazada por el Gobierno.
Los eurodiputados realizarán una visita técnica a la central acompañados por el comité de empresa y expertos del sector. La misión evaluará in situ si el calendario de cierre es compatible con los compromisos de descarbonización y la estabilidad de la red eléctrica tras el gran apagón ocurrido en abril pasado.
Dentro de este mismo recorrido, los eurodiputados han incorporado una visita a Cabañeros para escuchar a cazadores y ganaderos que advierten sobre el «descontrol de la fauna salvaje» después de que se prohibiera la caza en el parque nacional.
Los dueños de fincas y asociaciones locales alertan de la «sobrepoblación de ciervos y jabalíes, daños a cultivos y hábitats, y el riesgo de enfermedades y accidentes», reclamando un modelo de gestión que combine «conservación y control efectivo» de la fauna silvestre.
El caso de Cabañeros ha sido llevado a Bruselas mediante denuncias presentadas también ante la Comisión Europea por organizaciones cinegéticas europeas.
Estas entidades sostienen que el ejemplo español evidencia los problemas que surgen cuando se prohíbe la caza sin implementar mecanismos alternativos de gestión de la fauna en espacios protegidos de forma simultánea.
Las misiones a Almaraz y Cabañeros han provocado además un conflicto político tras que el PSOE acusara al PP de impedir una reunión entre los eurodiputados y el delegado del Gobierno en Extremadura durante la visita.