Además, el tribunal ha rechazado la recusación planteada contra cinco de sus siete miembros por parte del asesor de Ábalos y del propio exministro de Transportes.
La primera foto de Ábalos y Koldo tras su ingreso en prisión: uno cubierto; el otro, agotado
Las defensas del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García sostienen que, tras la renuncia del exdirigente socialista a su escaño en el Congreso, el Tribunal Supremo actualmente carece de jurisdicción para juzgarlos en la causa de la trama de las mascarillas. Así lo manifestaron sus abogados durante la audiencia preliminar celebrada este jueves ante la Sala presidida por el magistrado Andrés Martínez Arrieta.
Por su parte, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se opuso a esta solicitud, ya que Ábalos había renunciado al escaño una vez dictado el auto de apertura de juicio oral en su contra. Asimismo, rechazó que la vista se celebre en la Audiencia Nacional, postura respaldada también por la defensa del empresario Víctor de Aldama.
El fiscal subrayó que desde la resolución del Pleno de la Sala de lo Penal en 2014, la jurisprudencia ha sido clara en este punto. La competencia del Supremo desaparece si el aforado renuncia a su escaño antes de la apertura del juicio oral, pero no tras dicha resolución procesal.
Luzón declaró que resultaría «absurdo» que un aforado investigado pudiera decidir «a su conveniencia» si continúa con su fuero o cambia de tribunal en el último momento, cuando ya conoce las pruebas, la pena solicitada y demás detalles. Respecto a la petición similar de Koldo, la calificó de «confusa y contradictoria», pues hasta ahora solicitaba casi lo contrario: que el Supremo asumiera la investigación realizada en la Audiencia Nacional.
El máximo responsable de Anticorrupción concluyó que, en realidad, esta petición busca demorar el juicio, puesto que, de trasladarse el caso a la Audiencia, habría que esperar a que finalizara la instrucción de otros implicados en ese tribunal.
Koldo solicita la libertad
En tanto, la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, reconoció que el traslado a la Audiencia y el consiguiente retraso en el juicio reducirían el riesgo de fuga invocado por el magistrado del TS Leopoldo Puente como motivo para enviar a su cliente a prisión. Por ello, solicitó la puesta en libertad «inmediata» de Koldo.
Tanto Koldo García como José Luis Ábalos demandan ser juzgados por otros jueces. La defensa del exasesor argumentó que cuatro de los siete miembros del tribunal no deberían participar en el juicio, dado que decidieron la apertura de la investigación, lo que podría afectar su imparcialidad. Una petición semejante fue presentada sin éxito por el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz contra el tribunal que le condenó.
Respecto a un quinto magistrado, Julián Sánchez Melgar, se recordó que fue fiscal general designado por un gobierno del PP, partido acusador en este proceso, circunstancia que, según la defensa, denota una «afinidad manifiesta con una parte en el procedimiento». La recusación fue rechazada tanto por el fiscal jefe, la acusación popular coordinada por el PP y la defensa de Aldama. Tras recibir la petición, la Sala se retiró a deliberar y, pasado un breve tiempo, comunicó su rechazo, alegando falta de fundamento y presentación fuera de plazo.
La defensa de Koldo García solicitó además al tribunal que se ordenara un careo entre su representado y el también acusado, el empresario colaborador en la investigación Víctor de Aldama.
Asimismo, la abogada pidió que se acepte que Koldo y Aldama se sometan a una prueba de polígrafo para verificar la honestidad de sus declaraciones, un procedimiento no contemplado expresamente en la ley, pero tampoco prohibido, según indicó.
Durante la mañana, la audiencia preliminar puso sobre la mesa diversas cuestiones técnicas, en el marco del juicio que ha significado la primera salida de prisión de Ábalos y Koldo tras 77 días en Soto del Real (Madrid). No acudieron voluntariamente: solicitaron ser eximidos de asistir, pero el tribunal lo denegó.
Koldo y Ábalos están acompañados en el banquillo por Aldama, como tercer acusado. Su abogado, José Antonio Choclán, negó haber alcanzado un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal, respondiendo así a una petición previa de la defensa de Koldo para que el tribunal exhibiera dicho convenio.
El letrado explicó que no existe ningún «acuerdo opaco con la Fiscalía», y que su cliente se acogió a una norma penal que contempla la colaboración con la Justicia para obtener atenuantes.
El fiscal jefe también se pronunció sobre este punto: «No hay ningún acuerdo entre el señor Aldama y la Fiscalía. La declaración de Aldama no fue inducida ni conocida previamente por el fiscal. Cuando Aldama y su abogado decidieron declarar, manifestaron lo que consideraron oportuno, y el fiscal lo supo en ese momento». La colaboración ha supuesto que el fiscal solicite una reducción en la pena, conforme a la legislación vigente, recalcó Luzón.
Por su parte, el abogado del PP señaló durante su intervención que «está ante la cúpula de una organización criminal», refiriéndose a Ábalos, Koldo y Aldama como «cabecillas» de la red delictiva. La acusación popular defendió que durante la instrucción se definieron los límites de la causa en el Alto Tribunal y que el juicio debe celebrarse en el Supremo.
Además, la imagen en el banquillo este jueves fue inusual, aunque cada vez más común: los acusados no se sentaron frente al tribunal, sino detrás de sus abogados, para facilitar su derecho a la defensa. Lo que permanece constante es que ambos presos permanecen custodiados por dos policías nacionales.
El ex número dos del PSOE y su asesor serán juzgados por una amplia serie de hechos que constituyen un delito continuado de cohecho. Entre ellos figuran las adjudicaciones a la empresa Soluciones de Gestión, los nombramientos de sus amigas en diversas empresas públicas, el contrato de arrendamiento de un chalet en La Línea de la Concepción (Cádiz), y la estancia del exministro en un chalet vacacional en Marbella (Málaga), entre otros.
Para Ábalos, Anticorrupción solicita 24 años de prisión, y 19 para Koldo. La petición para Aldama, con menos cargos y la atenuante de colaboración, es de siete años.
Se han producido modificaciones de última hora en la composición de la Sala que dictará sentencia. Sale la magistrada Ana Ferrer y entra Susana Polo, quien se suma a Andrés Martínez Arrieta (presidente), Manuel Marchena, Andrés Palomo, Eduardo de Porres, Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández.