Un informe de la Policía Nacional alerta sobre el incremento de denuncias falsas por pérdida de pasaporte entre extranjeros, especialmente de nacionalidades pakistaní, argelina y marroquí.
Numerosos denunciantes cuentan con antecedentes penales y policiales, e incluso poseen múltiples identidades o resoluciones administrativas vigentes en Extranjería.
Las denuncias por extravío de pasaporte han aumentado en un 60% en comparación con el año previo, coincidiendo con el anuncio de una regularización extraordinaria para inmigrantes.
El nuevo reglamento permite regularizar la situación únicamente mediante una declaración responsable de ausencia de antecedentes, sin necesidad de acreditación oficial, lo que genera preocupaciones en la Policía sobre posibles riesgos de seguridad.
Un informe emitido por la Policía Nacional muestra que miles de extranjeros, «en muchos casos con antecedentes penales y policiales«, falsifican la pérdida de su pasaporte para lograr la regularización en España.
El documento, al que EL ESPAÑOL ha tenido acceso exclusivo, tiene fecha del 10 de febrero, dos semanas después del anuncio de Pedro Sánchez sobre la intención del Gobierno de llevar a cabo una regularización extraordinaria de medio millón de inmigrantes.
Los agentes han detectado un aumento del 866,67% en el número de pakistaníes que reportan la pérdida de su pasaporte en lo que va de año. Para argelinos, el incremento alcanza el 356,25%; para marroquíes, un 114%; y para colombianos, un 35%.
El informe, emitido por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, está firmado por el jefe Central de Operaciones, Alfredo García Miravete, y se dirige a las Jefaturas Superiores de Policía, Unidades de Coordinación Operativa Territoriales, además de las Brigadas Provinciales y Locales de Extranjería y Fronteras.
Según los datos disponibles en las unidades de Extranjería, indica el informe, miles de personas podrían «estar buscando la forma de demostrar su presencia en España durante el periodo establecido por el proceso de regularización extraordinaria».
«Se ha constatado un incremento notable en las denuncias presentadas en las Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) por extravío, pérdida o robo de documentos (principalmente pasaportes), realizadas por extranjeros sin documentación», indica el documento policial.
El informe señala que, al identificar a estos extranjeros con los documentos supuestamente extraviados, en muchos casos se ha comprobado que tenían «antecedentes penales y/o policiales en España y/o en otros países».
Además, se ha descubierto que varias de estas personas no eran quienes declaraban ser, ya que figuraban «con identidades distintas a las denunciadas», o tenían «resoluciones administrativas en materia de Extranjería todavía vigentes».
60% más
Los especialistas de Extranjería y Fronteras compararon los datos del 15 de enero al 6 de febrero con los de ese mismo período en 2025.
De esta manera, detectaron que las denuncias por pasaportes extraviados aumentaron cerca del 60% en relación con el mismo lapso del año anterior.
En consecuencia, el jefe Central de Operaciones recomienda en su circular interna que, al presentarse un extranjero indocumentado en una comisaría para «denunciar el extravío, pérdida o robo de su pasaporte, se lleve a cabo una identificación exhaustiva y se verifique su situación administrativa en España».
Todo ello «sin perjuicio de aceptar la denuncia correspondiente, integrando a los distintos servicios de la dependencia implicados en el procedimiento».
El documento revelado por EL ESPAÑOL confirma, tal como indicaban fuentes policiales de alto nivel en semanas recientes, que el Gobierno ha diseñado una regularización extraordinaria que de facto abre un gran riesgo para la seguridad.
Estas fuentes ya adelantaban que este fenómeno tendría lugar, y que dicha regularización podría ser un permiso masivo para todo tipo de perfiles.
«Es importante aclarar: la ausencia de antecedentes penales no implica la inexistencia de antecedentes policiales. Existen individuos investigados, identificados o relacionados con hechos delictivos sin condena, y efectuar una regularización masiva sin un análisis particularizado es una imprudencia desde el punto de vista de la seguridad pública».
Hasta ahora, el reglamento de extranjería exigía que el extranjero presentara certificados de ausencia de antecedentes penales en los países donde hubiese residido en los últimos cinco años. Las excepciones eran muy limitadas y siempre requerían justificación sólida para la imposibilidad de obtener dichos certificados.
La carga probatoria recaía en el solicitante y la excepción estuvo destinada a circunstancias extremas como Estados fallidos, conflictos bélicos o persecuciones.
Con el nuevo reglamento, esta cautela desaparece. El texto estipula que, si en un mes el país de origen no responde, la Administración española informará al interesado.
A partir de ahí, el propio inmigrante «podrá presentar una declaración responsable sobre la inexistencia de antecedentes penales».
Dicha declaración será suficiente para asumir que no posee antecedentes en esos países. No se solicita acreditación ni se menciona un análisis individual, tal como exige la UE. Solo se piden pruebas (tickets, facturas) que demuestren la residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025.
Sin embargo, desde Extranjería se informa que numerosos delincuentes están aprovechando esta medida, incluso usando identidades falsas para identificarse ante la Policía Nacional.