José Luis Ábalos y Koldo García se presentan ante el Tribunal Supremo en una audiencia preliminar relacionada con la primera causa de corrupción vinculada al actual Gobierno.
Las defensas buscan que el caso sea remitido a la Audiencia Nacional, argumentando que Ábalos perdió su fuero tras renunciar a su acta de diputado.
La Fiscalía solicita una condena de 24 años de prisión para Ábalos y 19,5 años para García por siete posibles delitos, mientras que la acusación popular eleva la petición hasta 30 años.
El proceso se centra en contratos relacionados con mascarillas y supuestos sobornos, además de irregularidades en contrataciones públicas y pagos de alquileres a personas vinculadas a los acusados.
El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, junto a su exasistente, Koldo García, serán trasladados este jueves desde la prisión de Soto del Real al Tribunal Supremo para su primera comparecencia ante la Sala que les juzgará por presuntos delitos graves de corrupción.
Esta no será la vista oral propiamente dicha, sino una audiencia preliminar establecida por la Ley Orgánica 1/2025, en la que las partes podrán presentar cuestiones previas que antes se abordaban en la primera sesión del juicio.
Además, tanto las acusaciones como las defensas deberán argumentar sobre la finalidad y relevancia de las pruebas presentadas, sobre las cuales, a diferencia de la regulación anterior, la Sala aún no ha emitido pronunciamiento.
Ábalos y García solicitan que declaren, entre varias decenas de testigos, los ministros Ángel Víctor Torres y Fernando Grande-Marlaska; el presidente de la Generalitat de Cataluña y exministro de Sanidad, Salvador Illa; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; la exdirectora del CNI Paz Esteban; y la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano.
Es probable que la Sala requiera a las partes una justificación sobre la necesidad de estos testimonios.
Sin embargo, antes de llegar a esa etapa, las defensas intentarán a toda costa suspender la audiencia preliminar.
Fuentes vinculadas a las defensas indican que expondrán nuevos argumentos con ese fin.
Hasta ahora, sus esfuerzos se han centrado en impugnar la competencia del Tribunal Supremo para juzgar a Ábalos tras su renuncia al acta de diputado, que le otorgaba el fuero ante la Sala Penal.
Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, presentó el martes un escrito en el que sostiene que «mantener a Ábalos ante el Tribunal Supremo cuando ya no es diputado implica juzgar a un ciudadano común en una instancia superior ‘artificialmente’, privándole de su juez natural».
Marino Turiel, nuevo defensor del exministro, se ha sumado a la posición de la defensa de Koldo García, que señala que ante el Tribunal Supremo no existe doble instancia.
«Si un diputado renuncia, debería recuperar el derecho a ser juzgado por un tribunal ordinario, asegurando un recurso de apelación completo ante una instancia superior jerárquica», argumenta la letrada.
«La renuncia al acta de diputado es un derecho. Si el investigado decide perder el ‘privilegio’ de ser juzgado en el Tribunal Supremo para obtener una verdadera doble instancia en la justicia común, el Tribunal no debería impedirlo calificándolo de ‘fraude’, ya que el acusado opta por una situación con menores privilegios (la justicia ordinaria)», afirma. «Si no hay cargo, no hay fuero».
El mantenimiento de la competencia del Tribunal Supremo después de una renuncia al fuero una vez iniciado el juicio oral es una cuestión que la Sala Penal ha resuelto desde hace años, por lo que probablemente este planteamiento no prospere.
Esta posición ha generado una doctrina estable desde 2014, que sostiene, entre otros puntos, que «no puede quedar al capricho del acusado convertir en variable y dependiente de su voluntad o de otros factores la determinación del tribunal competente».
En todo caso, las defensas de Ábalos y García insistirán en su postura de que el caso debe ser enviado a la Audiencia Nacional, donde se investiga parte de los hechos en relación con otros procesados no aforados y cuyas conductas se consideran separables de las de Ábalos y su exasistente.
De este modo, la audiencia preliminar se presenta como la última oportunidad para intentar impedir que el primer juicio de corrupción que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez se celebre en el Tribunal Supremo.
La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión y una multa cercana a cuatro millones de euros para José Luis Ábalos, y 19 años y medio de cárcel para Koldo García.
La acusación popular liderada por el PP eleva la petición a 30 años de prisión para cada uno.
Se les atribuyen siete posibles delitos: organización criminal, cohecho, malversación de fondos, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, falsedad documental y prevaricación.
La petición de condena es bastante menor para el tercer acusado, Víctor de Aldama, cuyas declaraciones contra sus compañeros de banquillo han contribuido a la investigación. Tanto la Fiscalía como el PP piden siete años de prisión para él.
La acusación se refiere principalmente a la adjudicación por parte de organismos del Ministerio de Transportes de contratos para mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión SL, donde Aldama actuaba como intermediario, a cambio de sobornos para Ábalos y García.
También se les imputa haber gestionado, desde sus cargos, favores para Aldama o empresas vinculadas a él, como Air Europa o Villafuel.
Las acusaciones también incluyen la contratación en empresas públicas de Jésica Rodríguez y Claudia Montes, mujeres relacionadas con Ábalos.
Jésica Rodríguez fue contratada primero por Ineco y, luego, por Tragsatec, dependientes del Ministerio de Transportes, a pesar de que ella misma admitió ante el juez instructor, Leopoldo Puente, que no realizó ninguna labor durante dos años y medio.
Aldama, a través de un intermediario, también cubrió los gastos y el alquiler de un piso de lujo para Jésica Rodríguez en el centro de Madrid.
Cerdán no es parte
La presencia de los acusados es obligatoria en la audiencia preliminar según lo exige la ley.
La Sala rechazó la solicitud de García y Ábalos para participar en la audiencia vía videoconferencia desde la prisión de Soto del Real (Madrid), donde se encuentran desde el 27 de noviembre.
El juez instructor ordenó su encarcelamiento tras valorar un «riesgo extremo de fuga», derivado de las severas penas a las que podrían enfrentarse y la proximidad del juicio oral.
No obstante, no estará presente, a pesar de haberlo solicitado, Santos Cerdán. El exsecretario de Organización del PSOE es investigado junto con Ábalos y García en otra pieza del caso, relacionada con la adjudicación de obras del Ministerio de Transportes, que ha sido enviada a la Audiencia Nacional tras la pérdida del fuero de Ábalos.
La Sala ha denegado la asistencia de la defensa de Cerdán en la audiencia al no ser parte del procedimiento que se va a juzgar.