El magistrado encargado de la investigación sobre la esposa de Pedro Sánchez advierte que, en caso de no cumplirse el plazo otorgado, lo interpretará como desobediencia a la autoridad judicial.
El juez Juan Carlos Peinado ha otorgado un plazo de 10 días a La Moncloa para que proporcione todos los correos electrónicos enviados y recibidos por Begoña Gómez a través de su cuenta oficial desde que su esposo asumió la Presidencia del Gobierno en 2018. Asimismo, ha encargado a la UCO la revisión de estos mensajes en el marco de la investigación por posible malversación que afecta a la esposa de Pedro Sánchez.
En la misma resolución y con igual urgencia, el magistrado demanda al Ministerio del Interior la entrega de los registros de viajes aéreos realizados durante ese periodo por Gómez y su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez. Peinado indica que dichos datos deben ser obtenidos a través de la Oficina Nacional de Información del Pasajero (ONIP), que forma parte del Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado y fue establecida tras los atentados del 11-S para la prevención de delitos graves y terrorismo.
El juez subraya que el incumplimiento del plazo de 10 días podría constituir «un delito de desobediencia judicial» para quienes respondan en la Secretaría General de Presidencia del Gobierno y en la ONIP.
Este procedimiento se impulsa por dos motivos. Primero, porque la Audiencia de Madrid anuló su solicitud inicial referente a la lista de mensajes de Gómez desde su cuenta oficial, al considerar que fue solicitada incorrectamente mediante una resolución carente de justificación. Ahora, en su auto, el juez argumenta que esta medida es esencial para determinar si la asesora asignada a Presidencia del Gobierno colaboraba en tareas profesionales privadas de Gómez.
Respecto a la solicitud de información sobre los vuelos de ambas, Peinado procede después de que las defensas se negaran a entregar los pasaportes, alegando que, como investigadas, no estaban obligadas a facilitar esa información. Dentro de esta diligencia, el juez precisa que requiere al organismo de Interior confirmar si efectuaron viajes a «la República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y a la Federación de Repúblicas Rusas».