Por ahora, se trata de una propuesta elaborada por el Consejo de Ministros sin fecha definida para su implementación

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó una “estrategia para fortalecer el estado de bienestar” que incluye 100 metas, entre ellas la prestación universal por crianza, una iniciativa mediante la cual el Ejecutivo busca “erradicar la pobreza infantil más extrema” para 2030, otorgando hasta 200 euros mensuales a las familias con menores a su cargo.
La prestación universal por crianza es una propuesta del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien, desde que asumió su cargo, ha promocionado esta medida como “la herramienta más eficiente para disminuir la pobreza infantil”. El Ejecutivo ha explicado que esta iniciativa debe complementarse con “un sistema fiscal redistributivo, progresivo y equitativo”.
Esta propuesta, dirigida a beneficiar a las familias españolas, forma parte de la Estrategia de Desarrollo Sostenible elaborada por Bustinduy, cuyo propósito es “fortalecer el estado de bienestar” y orientar las políticas públicas para que la transición social, económica y ambiental en España “se lleve a cabo garantizando derechos, igualdad y cohesión territorial”, al tiempo que se acelera la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Una estrategia sin fecha de lanzamiento
La propuesta surge tras la publicación de la Encuesta de Condiciones de Vida, que muestra una mejora general en la pobreza infantil, aunque los niveles siguen siendo elevados en España. “Desde hace años existe consenso en que la mejor forma de limitar este problema es la medida vigente en 17 países de la Unión Europea”, señaló Bustinduy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además, destacó que disponen de “evidencia científica suficiente para prever un impacto inmediato en nuestro país”.
“Sabemos que el coste estimado puede alcanzar hasta 65.000 millones de euros anuales y que sus efectos se reflejan a lo largo de toda la vida, manifestándose en un peor rendimiento educativo, menor integración en el mercado laboral, salarios inferiores y peores indicadores de salud. El retorno social será inmediato y superará ampliamente nuestras expectativas”, añadió.
La ministra de Sanidad, Mónica García, presenta el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. (Ministerio de Sanidad)
Por el momento, esta es únicamente una estrategia del Consejo de Ministros, sin que el Ejecutivo haya precisado cuándo ni cómo será aprobada. Por su parte, el ministro de Derechos Sociales ha manifestado su “confianza” en que los próximos Presupuestos Generales del Estado permitan “avanzar en esa dirección”, aludiendo a la posible inclusión de esta propuesta en el nuevo paquete presupuestario.
El impuesto a los ricos que propone Bustinduy
La iniciativa del Consejo de Ministros se dio a conocer una semana después de que el ministro de Derechos Sociales planteara la implementación en España de la llamada “tasa Zucman”, un impuesto anual del 2% a los ultra ricos con el que se aspira a erradicar la pobreza infantil a nivel global.
Bustinduy sostuvo una reunión con el creador de esta propuesta, el economista Gabriel Zucman, y resaltó que están “trabajando en todos los aspectos técnicos para desplegar y desarrollar esta posible medida, la cual tendría un impacto excepcional en la reducción de la pobreza infantil en España, donde los índices aún son muy altos”.
“Consideramos que España puede convertirse en un referente y que este trabajo, que se realiza aquí mediante la cooperación y colaboración internacional, puede extenderse para asegurarnos de recuperar el control en nuestras democracias sobre los algoritmos que influyen en gran parte de la vida pública, económica y social”, concluyó.

