La convocatoria impacta a operadores públicos y privados, provocando la cancelación de más de 330 trenes en todo el territorio nacional
Los principales sindicatos del ámbito ferroviario en España mantienen la huelga convocada que iniciará a partir de la madrugada del lunes 9 de febrero y se extenderá hasta el 11 de febrero, con el fin de exigir mejoras en la seguridad a raíz de los recientes siniestros de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).
Esta protesta, que involucra a todo el personal del sector ferroviario, se desencadena tras la ruptura de las negociaciones entre los sindicatos y el Ministerio de Transportes el pasado viernes. Desde entonces, no se han programado nuevas reuniones para intentar lograr un acuerdo que evite el paro.
Cambios estructurales en seguridad
La principal demanda de las organizaciones sindicales —entre ellas Semaf, CCOO y UGT— se centra en la necesidad de una reforma profunda en las políticas y procedimientos relacionados con la seguridad. Representantes de Semaf comunicaron a EFE que persisten múltiples aspectos técnicos pendientes de revisión y subrayaron que la huelga solo podrá ser desconvocada si se consigue “un cambio estructural en la seguridad”.
Por otro lado, voceros de CCOO dijeron a EFE que aunque continúan las conversaciones sobre aspectos técnicos, “en esa área la huelga no será desconvocada”. También indicaron que “en las reuniones donde sería posible alcanzar acuerdos, no se tiene previsto ningún encuentro hoy”.
Además de los sindicatos mayoritarios, otras entidades como CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) y Alferro han convocado movilizaciones, aunque no participan en las negociaciones actuales con el Ministerio de Transportes.
Alcance de la huelga y servicios mínimos
La convocatoria incluye a todo el personal vinculado al sector ferroviario, abarcando desde operaciones y mantenimiento hasta circulación, atención a bordo y otras funciones esenciales para el servicio público. La huelga afecta tanto a operadores públicos como privados, incluyendo Adif, Renfe (en servicios de viajeros y mercancías), Iryo, Ouigo, Serveo (servicios a bordo), y compañías logísticas tales como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail y Logirail.
Las palabras de Liliana Sáenz, hija de Natividad de la Torre, una de las víctimas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz.
El Ministerio de Transportes ha establecido servicios mínimos que varían según el tipo de trayecto: el 73% en trenes de alta velocidad y larga distancia (excepto en Cataluña y País Vasco, donde las competencias están transferidas), el 75% en horas punta y el 50% durante el resto del día para cercanías, el 65% en media distancia y el 21% en servicios de mercancías.
Cancelaciones y servicios afectados
La implementación de los servicios mínimos ha dado lugar a la cancelación de más de 330 trenes de alta velocidad y larga distancia entre el 9 y el 11 de febrero, confirmaron Renfe, Ouigo e Iryo. Esta reducción impacta a miles de pasajeros que tenían previsto viajar en ese período, tanto en rutas nacionales como internacionales.
El paro también incluye a empresas de logística y transporte de mercancías, lo cual podría generar efectos en la cadena de suministro y la economía en general.
Los accidentes de Adamuz y Gelida agravan el conflicto
Las demandas sindicales han adquirido mayor relevancia tras los accidentes ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que situaron la seguridad en la red ferroviaria en el centro del debate. Los representantes sindicales insisten en que esos eventos evidencian la urgencia de revisar los protocolos y aumentar las inversiones en sistemas y tecnologías preventivas.
En consecuencia, los sindicatos consideran insuficientes las medidas vigentes y sostienen que sin un compromiso firme por parte del departamento de Óscar Puente, el conflicto podría extenderse por más tiempo.