Ruth Selma Herrera

Teniendo en cuenta la magnitud de los problemas que enfrentan a diario los usuarios de los servicios públicos y la persistente amenaza del alza en la tarifa de la energía, varios representantes de asociaciones de Masaya, Granada, León, y de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores, se reunieron recientemente con el Responsable de la Dirección de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía (DDC), con Directivos de INE y de INAA, a fin de analizar con estas dependencias públicas, pagadas con nuestros impuestos, las causas de los reiterados problemas.

Se expusieron en estas reuniones las acciones que demandan los usuarios a estos ENTES RECTORES para se dispongan a cumplir con la función que por mandato institucional les corresponde y que de una vez por todas se decidan a ejercer algún control sobre las empresas, que como ENACAL y DIS NORTE – DIS SUR (es decir Unión Fenosa), se han convertido en un verdadero enemigo de la ciudadanía, sin que aparezca el Estado velando, como debe ser, por los derechos del pueblo.

Los mensajes esenciales presentados por los consumidores en estos encuentros deben ser del conocimiento de toda la población y se pueden resumir de la siguiente manera:

Los Entes Rectores de los servicios públicos (INE, INAA, TELCOR, MTI- Alcaldías) y la DDC como oficina gubernamental que tutela el cumplimiento de la Ley de Derechos del Consumidor, no pueden ni deben seguir mostrándose «ajenos» a la interminable lista de reclamos de pobladores por los cobros indebidos y la mala calidad de los servicios públicos.
Los Entes Rectores y la DDC deben explicar a las empresas que facturan los servicios públicos y a los usuarios de éstos, que la Ley #182, Derechos del Consumidor, es una Ley Orden Público e Interés Social, y que por lo tanto sus disposiciones deben prevalecer frente a lo contenido en las leyes que regulan a cada sector (energía, comunicaciones etc.).
Que la DDC debe ejercer sus funciones de manera beligerante y requerir a los Entes Rectores acciones que contribuyan a agilizar las respuestas de las empresas con los usuarios. Así como la prioridad de que la DDC haga convenios con el Ministerio de Educación para que éste integre los derechos de los consumidores en los planes de enseñanza de primaria y secundaria, como lo obliga el Art. 46 del Reglamento de la Ley de Consumidores
La DDC – Mific debe cumplir el mandato que desde 1994 tiene de establecer oficinas municipales, para asegurar el cumplimiento de la Ley de Defensa de los Consumidores; y ocho años después no existe ninguna, aún cuando se establece que puede auxiliarse de los gobiernos municipales. Sin embargo en la DDC dan la apariencia que están mas interesados en reformar la Ley que en aplicarla, cuando eso no lo están demandando los consumidores.
INE y la DDC deben revisar de inmediato que Unión Fenosa está aplicando un Contrato que no está ajustado a las leyes y que viola los derechos de los usuarios de energía eléctrica.
INAA debe evitar a lo inmediato que ENACAL continué cobrando doblemente el servicio de agua a los usuarios de los municipios y barrios donde hay escasez de este vital liquido. Enacal está cobrando las facturas mensuales de un servicio que no llega, o que es totalmente deficiente, y además les cobra por el agua que distribuye a través de las pipas.
Durante la reunión los diversos exponentes de parte de las asociaciones y de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores demandaron que INE suspenda la disposición tomada por Unión Fenosa (Dis Norte-Dis Sur) de cobrar un depósito a los usuarios y de pretender encarecer ilegalmente el 1% por mora. Se denunció así mismo la imposición del «arreglo de pago» a los usuarios cuando el reclamante solicita revisión de un cobro indebido o alterado, lo cual burla sus derechos. Cada vez son más los usuarios que reclaman por que les han instalado medidores mal calibrados. Se recordó así mismo que esta trasnacional cobra cada mes a miles de usuarios un servicio de alumbrado público que no presta y que esos fondos deben ser resarcidos a los consumidores.