Se ha comprobado la existencia de contactos y gestiones, aunque no se ha acreditado el pago ni que el empresario supiera que el funcionario policial estaba en activo.
La Audiencia Nacional ha declarado inocentes a José Manuel Villarejo y Javier López Madrid en el proceso relativo al presunto encargo que habría realizado el empresario al comisario para investigar a la doctora Elisa Pinto, con quien López Madrid mantenía un conflicto personal «grave».
La acusación ejercida por Pinto solicitaba seis años de prisión para Villarejo y López Madrid por un delito de cohecho, y cuatro años más para el socio del comisario, Rafael Redondo. En esta pieza número 24 del caso Tándem, la Fiscalía no presentó cargos. Sin embargo, sí lo hizo en otro procedimiento pendiente de juicio, relacionado con las presuntas amenazas y agresiones al dermatóloga por parte del comisario jubilado bajo orden directa de López Madrid.
Este proceso se centraba en la contratación de Villarejo, si esta realmente se había efectuado, y, en caso afirmativo, si López Madrid estaba al tanto de que en ese momento Villarejo ejercía como comisario en activo. La Sección Cuarta concluye que nada de esto ha sido probado.
Se confirma que el 10 de diciembre de 2013 López Madrid y Redondo se presentaron, a petición del comisario, en la consulta de Pinto, con quien, según la sentencia, el empresario tenía un «grave conflicto personal que derivó en denuncias cruzadas entre ambos». En dicho encuentro, López Madrid le indicó a la doctora que cesara de llamarlo constantemente y advirtió que «si persistía con las llamadas, la Policía iría a visitarla».
Juicio pendiente por amenazas y lesiones
La Sala observa que no se ha demostrado que Villarejo ni su empresa, Grupo Cenyt, hayan solicitado o recibido pago alguno por estos hechos por parte de López Madrid. Tampoco consta que el empresario supiera entonces que Villarejo era un funcionario público activo, dato que habría convertido posibles pagos en un caso de cohecho.
El tribunal considera probados los contactos entre los implicados, pero no que se ofrecieran o exigieran pagos o favores en relación con las gestiones concernientes a Pinto. En sus testimonios, los acusados negaron haber recibido o entregado retribuciones.
Asimismo, la sentencia señala que en este proceso no se han juzgado los hechos vinculados a amenazas, coacciones y lesiones agravadas, competencias del Juzgado de lo Penal 10 de Madrid. Este procedimiento, en el que la Fiscalía solicita 13 años de prisión para López Madrid y Villarejo, ha sufrido múltiples aplazamientos y no tiene fecha programada para su inicio.