Ruth Selma Herrera
Las celebraciones de fin de año y la abundante propaganda comercial no lograron esconder la precupación de los consumidores frente a la subida de los precios de los medicamentos y de muchos alimentos, particularmente en los perecederos cuyos precios se dispararon en el presente mes. Tampoco «las fiestas» lograron opacar la angustia frente a la amenaza de una alza de gandes magnitudes en la tarifa de energía eléctrica. Aún cuando se hable de una supuesta «moratoria» de un semestre, sabemos que sólo se está postergando el golpe y lo que en verdad sucede es que, son casi seis meses el tiempo que tomará a Union Fenosa completar los procedimientos establecidos por el INE para recibirl la nueva solicitud de aumento de tarifas y darles respuesta formal. Esta sin duda será favorable a ese grupo económico sí bajamos la presión social sobre este tema.
Los usuarios debemos hacer esfuerzos especiales por informarnos sobre los acontecimientos que perjudican el destino de una parte significativa de los ingresos familiares. Para muchos implica incluso el riesgo de quedarse sin acceso legal a servicios públicos vitales. Entre los asuntos que cada uno de nosotros debe conocer o recordar sobre el tema de la energía eléctrica están los siguientes:
1.- La Ley de la Industria Eléctrica (272) aprobada en 1988 autoriza la operación de una cadena de agentes económicos entre quienes «se reparten roles» en todo el sistema de energía, entre ellos: Generadores, transmisores, distribuidores, comercializadores, e importadores de energía. La generación está en manos de al menos 5 empresas privadas y dos estatales. La transmisión por Ley la realiza el Estado; la distribución se privatizó a favor de un monopolio (Union Fenosa), quien también cobra la comercialización. Para estos agentes, a quienes teoricamente regula el INE, la Ley establece que los generadores podrán fijar sus precios en base al mercado, y solamente se regula la tarifa del distribuidor al usuario y la del tráfico de energía (transmisión) entre los generadores y los distrubiudores.
2.-Esta situación además pone en evidencia varios problemas: El INE no cumple con su función reguladora sobre todos los agentes económicos involucrados; nos está haciendo pagar los desaciertos de una privatización mal realizada (contratos y cargos indebidos); no está fomentando la inversión pública y privada para producir energía de menor costo y con sostenibilidad ambiental, como la eólica y solar, que ayudarían a diversificar las fuentes de generación y a reducir la dependecia de la tarifa con respecto a los precios del petroleo. Es decir no hay planificación del Estado para que el país enfrente en el futuro cercano sus estratégicos requerimientos de energía, tanto destinada al consumo familiar como a estimular una mayor actividad productiva en varios sectores. Debe reformarse la Ley para que INE controle la tarifa a los generadores, su eficiencia de operación, y evitar que éstos acumulen costos que trasladan a la distribución. INE debe evitar como única solución transferir costos a los usuarios y exigir mejor desempeño empresarial a quienes han apostado a este sector por saberlo de alta rentabilidad.
3.-El gobierno de Alemán y los Organismos Internacionales forzaron una acelerada privatización de la energía con la «justificación» de que en manos de empresarios privados (las generadoras y Unión Fenosa) no sólo sería más eficiente la actividad energética, sino que se ampliaria la cobertura y se elevaría la calidad de los servicios, etc, etc. La práctica muestra que eso ha ocurrido, los precios de han incrementado en ambas actividades, todos los meses nos aplican incrementos por el deslizamiento (tarifas dolarizadas); no se ha avanzado en instalar el alumbrado público (aunque se cobra a todos los usuarios), y tampoco en la ampliación de la cobertura, dado que «no es negocio» llevarle este servicio a habitantes pobres y menos aún a la población de las zonas rurales. Para colmo Union Fenosa ha anunciado que a los nuevos clientes y a los que ellos consideren morosos (lo cual es ilegal) les obligarán a rendir fianza y a depositar el equivalente a un mes de consumo como condición para no suspenderles el servicio. 4.-Dependerá del INE y de sus negociaciones con Generadores y Union Fenosa, la decisión que se tome respecto al aumento en la tarifa de energía. Pero también de la actitud que los consumidores asumamos frente a estos problemas, a sabiendas que no sólo es el fatidico 31.4% de la nueva tarifa, sino su efecto en el 8% de comercalización, el 1% para mantener INE y el 15 % de impuestos. Como si eso fuera poco, su efecto multiplicador en los costos de la industria y servicios llevará a alzas de los productos de la canasta básica, incluida la tarifa del agua, como lo ha reconocido ante las denuncias, la misma Enacal. Esto significa no sólo la caída del consumo y la probable quiebra de varias empresas nacionales, sino el efecto de ahuyentar la inversión que generaría empleo. De ser así, todo esto sucedería a cambio de favorecer a un minúsculo grupo de empresarios que se han ubicado en lo mas rentable de un sector esencial para la economía del país.
5.-Cómo se administren los servicios esenciales, es decir los bienes públicos, impacta en la vida de los consumidores, y la población debería interrogarse sí conviene organizar una consulta nacional, un plesbicito, para pronunciarnos sobre en qué manos deben estar estos servicios. En Costa Rica es el Estado quien gestiona la energía, y hace casi tres años la población se alzó en protestas cuando pretendieron privatizarla. Qué pensamos los nicaraguenses ahora que la energía puede alcanzar precios prohibitivos; cuando nos sabemos estafados con las bondades de la cacareada privatización?. El ejemplo mas ilustrador de las consecuencias de este tipo de políticas neoliberales está en los acontecimientos vividos esta semana en la Argentina. Será que en Nicaragua los sectores que generan opinión se decidirán a reclamar al Gobierno y a los Organismos Internacionales que saquen las oportunas lecciones de éstos hechos?.
6.-Un primer paso obligado para evitar mas errores en las políticas públicas debería ser declarar una moratoria contra cualquier nueva privatización, como la que está planeada con las plantas generadoras aún en manos del Estado. ENEL apuesta a mal venderlas en enero, y además con ello, a escamotear al patrimonio nacional el derecho al uso de aguas (ríos, lagos, presas) con que funcionan las plantas hidroeléctricas, mismas que deben ser objeto de protección nacional. Seguiremos callando nuestras voces mientras se enajenan de nuestros derechos?