El Gobierno vasco ha otorgado la semilibertad a Txeroki, autorizándolo a salir de la cárcel para trabajar durante los días laborables, a pesar de que el juez no ha recibido aún el expediente completo.
Esta resolución se fundamenta en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que facilita medidas más favorables para el preso y tiene carácter inmediato.
Organizaciones de víctimas, como AVT y COVITE, han criticado esta medida, considerándola un «tercer grado encubierto» y una irregularidad en la ejecución judicial de las penas.
Txeroki, cuyo nombre real es Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina, fue sentenciado a más de 400 años de prisión por atentados vinculados a ETA, incluyendo el asesinato de un magistrado.
El peligroso etarra Txeroki (seudónimo de Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina) podrá salir de prisión para trabajar de lunes a viernes. Durante la semana deberá regresar a dormir a la prisión de Martutene (San Sebastián), donde permanece recluido.
Así lo ha resuelto el Gobierno vasco, que desde octubre de 2021 posee las competencias en materia penitenciaria.
Según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, el magistrado José Luis Castro detuvo en diciembre pasado un permiso de salida otorgado previamente por la junta de tratamiento a Txeroki.
Para evaluar su conveniencia, el juez solicitó el expediente penitenciario completo del reo, pero no le fue entregado íntegramente.
Por ese motivo, decidió suspender el permiso a la espera de recibir toda la documentación.
Transcurridos dos meses, dicha documentación no ha llegado hasta ahora.
Mientras tanto, la junta de tratamiento de la prisión, ignorando el análisis jurídico del juez, recomendó la aplicación del artículo 100.2 a Garikoitz Aspiazu, medida que el Gobierno vasco aprobó.
El Departamento de Justicia y Derechos Humanos, dirigido por el PSOE, adoptó esta resolución a partir de las sugerencias de los técnicos penitenciarios que forman la junta de tratamiento.
El Ejecutivo autonómico ha aplicado el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario (RP), que también ha sido concedido a otros condenados por terrorismo.
Aunque constituye una forma de semilibertad, no equivale exactamente a un tercer grado. De hecho, la implantación del artículo 100.2 del RP conlleva ciertas ventajas adicionales para el preso en este caso.
Esta medida es de carácter ejecutivo; es decir, se implementa de forma inmediata. Si a Txeroki se le hubiera otorgado el tercer grado y la Fiscalía de la Audiencia Nacional hubiese recurrido, su salida habría quedado suspendida hasta que se pronunciara el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
Con el artículo 100.2, sin embargo, no ocurre eso. Aunque el juez deberá decidir, lo hará una vez que Txeroki ya esté en libertad durante el día.
Próximamente, el magistrado José Luis Castro solicitará a la Fiscalía, dirigida por Carlos García Berro, un informe sobre la aplicación de este precepto del RP al peligroso etarra. Posteriormente, resolverá si mantiene o revoca la medida.
La decisión aplicada a Txeroki tiene efecto inmediato y no puede ser detenida mediante un recurso de la Fiscalía, dado que hasta ahora no ha habido pronunciamiento judicial.
Deberá comunicar al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria la ubicación y horarios de su empleo o actividad voluntaria.
Rechazo por parte de las víctimas
EL ESPAÑOL contactó con la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Miguel Folguera, consejero de la entidad, señala que las víctimas directas de los atentados perpetrados por Txeroki se encuentran «profundamente afectadas» emocionalmente.
«Supone otro golpe duro», comenta, al tiempo que critica lo que califica como un «tercer grado velado».
Por su lado, Daniel Portero, presidente de la asociación Dignidad y Justicia y diputado autonómico del PP en Madrid, relaciona esta flexibilización en la pena de Txeroki con «las exigencias de EH Bildu a Pedro Sánchez para asegurar su continuidad en La Moncloa».
Asimismo, COVITE, bajo la presidencia de Consuelo Ordóñez, denuncia el uso «recurrente» del artículo 100.2, que considera un «fraude en la ejecución penal» y un método para «vaciar las cárceles según lo impuesto por EH Bildu».
Detenido en Francia en 2008, Mikel Garikoitz Aspiazu cumple penas acumuladas que superan los 400 años de cárcel. Fue condenado, entre otros delitos, por el asesinato del magistrado José María Lidón.