La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado un recurso contra la concesión del tercer grado otorgado por el Gobierno vasco al etarra Gadafi.
El 30 de septiembre pasado, la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Ejecutivo autonómico autorizó la semilibertad a Juan Carlos Iglesias Chouza, nombre real del terrorista.
No obstante, este viernes, el fiscal Carlos García Berro ha impugnado esta medida, lo que implica que, de momento, la excarcelación queda suspendida.
Por consiguiente, la decisión definitiva dependerá ahora del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional.
Gadafi fue condenado a un total de 1.126 años de prisión, si bien con un límite máximo de cumplimiento de 30 años.
Fuentes fiscales, citadas por EL ESPAÑOL, indican que, aunque reconoce que Iglesias ha cumplido ya tres cuartas partes de esas tres décadas, García Berro fundamentó su oposición a la semilibertad señalando que el terrorista fue sentenciado por «hechos de extrema gravedad».
Además, resaltó la duración considerable de su condena y apuntó que durante su reclusión solo se le han concedido cuatro permisos de salida.
El fiscal, sin embargo, reconoce que el interno «ha mostrado una evolución muy positiva en el tratamiento penitenciario». «Pero los objetivos perseguidos con este tratamiento no pueden dejar de lado los fines del proceso penal», asegura García Berro en su recurso.
Gadafi figura entre los etarras con un historial delictivo destacado. Entre sus crímenes se encuentra el asesinato del niño Fabio Moreno, que tenía apenas dos años.
Este jueves, el Partido Popular vasco expresó su rechazo ante la concesión del tercer grado a este terrorista. El líder del PP en la comunidad, Javier de Andrés, criticó que «el Gobierno vasco de PNV y PSOE» haya otorgado la semilibertad «al responsable de 15 asesinatos, incluido el de un niño de dos años».
En 2021, el Gobierno central transfirió las competencias sobre las prisiones vascas al Ejecutivo regional, que desde entonces tiene la facultad para decidir sobre los terceros grados de los presos de ETA.
Sin embargo, según una resolución del Tribunal Supremo, basta con que la Fiscalía presente un recurso contra esta decisión para que la excarcelación se paralice hasta que la Justicia se pronuncie.
En este caso, corresponde resolver al juez titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional.