Por andar promoviendo privatización de HIDROGESA
—MARIA HAYDEE BRENES FLORES— Managua
Desleal, así fue calificada la actitud del diputado suplente Agustín Jarquín Anaya por la licenciada Ruth Selma Herrera de la Red de defensa al consumidor, por la búsqueda de éste de un consenso que permita la privatización de la empresa HIDROGESA que este año generó alrededor de nueve millones de dólares de ganancias por los servicios prestados al Estado Nicaragüense.
No nos esperábamos que uno de los pocos diputados que habían enarbolado la bandera contra la privatización de HIDROGESA sea el mismo que ahora abogue porque sea vendida, señaló Herrera, sobre todo siendo de su conocimiento que en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia existe un recurso de amparo que imposibilita la misma.
«Me ha parecido una burla de parte del diputado Jarquín que ahora aparece como vendedor de la idea de privatizar y distribuir los porcentajes a las municipalidades y comunidades indígenas. La pregunta, señor Jarquín, es qué ganan las municipalidades y pueblos indígenas si entregamos en bandeja de plata nuestros recursos naturales», dijo Herrera.
DIPUTADO, RECUERDE LAS LEYES
La vocera de la red solicitó al ingeniero Jarquín Anaya que recuerde las leyes que están sobre cualquier negociación como la que en el mes de septiembre realizaron el jefe de la bancada sandinista Daniel Ortega y el presidente de la República Enrique Bolaños.
«Nosotros en su debido momento dimos a conocer las negociaciones que se estaban dando para beneficiar a la Coastal Power a pesar de que el dos de septiembre se aprobó la ley 440 que prohíbe entregar concesiones de agua y recursos hídricos bajo cualquier modalidad. La insistencia desde el Ejecutivo ha continuado y al parecer ya comenzó a doblarle el brazo a los diputados que nos apoyaban», comentó Herrera.
Además de la aprobada ley 440, la Constitución Política de nuestro país, en su artículo 105, establece como deberes del Estado asegurar el acceso de los nicaragüenses a los servicios básicos, y en el caso de la privatización de los mismos, debe darse una ley que los regule.