El Gobierno de Navarra ha confirmado que un niño de 4 años fue víctima de una agresión sexual por parte de otro menor de 16 años en un centro tutelado ubicado en Mutilva.
El suceso tuvo lugar el 17 de enero, y el Gobierno asegura que el protocolo de actuación se cumplió correctamente, aunque la madre del menor fue notificada solo un día después.
La entidad responsable del centro reconoció una negligencia al permitir que el niño permaneciera solo en la cocina durante la noche del ataque.
Los servicios sociales admitieron ante la madre que su hijo no debería estar en ese tipo de centro y explicaron la ausencia de una familia de acogida disponible en ese momento.
El Gobierno de Navarra confirmó este miércoles la existencia de una «agresión» sufrida por un menor en un centro tutelado dependiente de la Administración foral, tal como adelantó EL ESPAÑOL.
Los hechos ocurrieron el 17 de enero en un piso para menores gestionado por la Fundación Amigó en Mutilva, a cinco kilómetros de Pamplona. Un niño de 4 años fue agredido sexualmente por otro interno de 16 años.
Aunque el Gobierno foral confirmó el incidente, defendió la forma en que se ha manejado el caso.
«El Gobierno protege a los menores y ha actuado conforme al protocolo, que ha funcionado correctamente«, declaró el vicepresidente navarro y portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez, este miércoles en rueda de prensa.
A pesar de que todo se desarrolló «correctamente», existen detalles que difieren de las explicaciones oficiales dadas hasta ahora por el Gobierno.
Por ejemplo, el menor fue ingresado el mismo día en el Hospital Universitario de Navarra para ser valorado, pero su madre no fue informada sobre el incidente hasta la jornada siguiente.
Asimismo, desde el centro asumieron la «negligencia» de que un niño de esa edad estuviera solo en la cocina durante la noche en que se produjo la agresión sexual, según pudo conocer este medio.
El hecho tuvo lugar pocos días antes de que la presidenta navarra, María Chivite, inaugurara en Pamplona el primer centro de atención integral para menores víctimas de abuso sexual en la Comunidad Foral.
Este nuevo centro, denominado Barnahus, comenzará a funcionar en febrero con el propósito de «ofrecer una respuesta unificada y especializada» a las víctimas de violencia sexual.
«A veces ocurren estas situaciones»
Además del personal educativo del centro, las funcionarias de los servicios sociales, responsables de la tutela, reconocieron ante la madre que su hijo no debería permanecer en dicho centro de menores, según informó este medio.
La mujer recibió esta información de una representante del Servicio de Acogimiento Familiar de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, dependiente del Departamento de Derechos Sociales, en una reunión que tuvo lugar el 23 de enero.
La madre, de 30 años, tiene la patria potestad suspendida. Su hijo pequeño está bajo la tutela del Gobierno navarro desde diciembre de 2024, tras la declaración formal de desamparo por parte de la Administración.
«Nadie desea ni espera que estas cosas sucedan, pero a veces ocurren«, indicó a la madre la funcionaria de servicios sociales durante la reunión.
La madre expresó su desacuerdo puesto que consideraba que su hijo no debería estar en un piso tutelado y mucho menos cuando hay tantos niños mayores allí.
«Es el menor de todos, y no pueden brindarle la atención requerida para su edad», protestó.
Desde servicios sociales le informaron que se había intentado encontrar una familia de acogida, pero que en ese momento no había ninguna disponible.
«Interés superior del menor»
En la rueda de prensa de este miércoles, el vicepresidente navarro evitó entrar en detalles y dijo que el Gobierno no puede «pronunciarse» dado que el caso involucra a menores.
«Primero está el interés superior del menor y la confidencialidad de las actuaciones […] para proteger su honor, intimidad y reputación», agregó.
Además, el número dos de María Chivite criticó el uso político que la oposición está dando al caso.
Acusó a la «extrema derecha», en alusión a Vox, de promover un «discurso falso que estigmatiza a los menores según su origen y nacionalidad».
También desaprobó la postura del PP y UPN por «dar eco» a estas informaciones «sabiendo que se trata de un asunto muy sensible».
Tras la publicación de este medio, Vox solicitó la «dimisión inmediata» de la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Chivite, María del Carmen Maeztu.
Por su parte, Unión del Pueblo Navarro exigió «explicaciones públicas» al Ejecutivo por los «fallos en el sistema de tutela».