El Gobierno presenta hoy en el Consejo de Ministros dos propuestas distintas. Ha alcanzado un acuerdo básico con el PNV que reduce la moratoria de desahucios y que espera sea aceptado también por Junts
En muchos ámbitos de la vida 2+2 no siempre suma cuatro. Y en política, tampoco. Por ello, las cuentas del Gobierno han ido cambiando a lo largo de la legislatura. Desde el «sólo existe una mayoría parlamentaria posible, una mayoría progresista liderada por el PSOE» hasta el «no contamos con grandes mayorías, pero sí con importantes resultados para la mayoría social de nuestro país». Durante este proceso, muchas bancadas han dejado de apoyar al Ejecutivo. Como admiten varios ministros, «no existe una mayoría progresista» en el Congreso. Esto condiciona todo, especialmente la aprobación de medidas socioeconómicas, como las relacionadas con la vivienda y la moratoria en la prohibición de los desahucios.
PNV, Junts y Coalición Canaria han pedido más ayudas y protección para los pequeños propietarios, mientras que las fuerzas de izquierda —Bildu, ERC, Podemos, BNG— rechazan concesiones para los caseros y demandan concentrar todos los esfuerzos en los inquilinos vulnerables. El Gobierno se ha movido dentro de este ajuste, negociando durante días con los grupos parlamentarios, según confirmaron fuentes al diario, para intentar aprobar en el Congreso la subida de las pensiones y la moratoria de los desahucios. Estas medidas, integradas en un decreto ómnibus, fueron rechazadas la semana pasada por PP, Vox y Junts.
Las negociaciones se intensificaron en las últimas horas y, de hecho, seguían abiertas hasta última hora del lunes. Sánchez, junto a su equipo cercano —Montero y Bolaños— continúan negociando con los grupos y evaluaron a primera hora del martes llevar dos textos separados, uno de pensiones y otro sobre desahucios, a la reunión del Consejo de Ministros para su aprobación. «Se trabaja para garantizar la subida de las pensiones lo antes posible», confirmaron fuentes gubernamentales. La aprobación coincide con la fase final de las elecciones en Aragón, donde el presidente aseguró en un mitin que ese aumento está garantizado. Ahora, el PSOE podrá utilizar este argumento para presentarse como el partido que defiende a los pensionistas.
Desde los grupos y el Ejecutivo indicaban que el plan A consistía en volver a aprobar «todas las medidas del escudo social», es decir, el mismo decreto ómnibus rechazado con alguna variación que, por ejemplo, exima a pequeños propietarios con una única vivienda en alquiler de la obligación de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación vulnerable.
Ante la dificultad de conciliar posturas entre sus socios, con distintas sensibilidades políticas y económicas, el Gobierno ha diseñado un plan B que separa la revalorización de pensiones y la suspensión de desahucios en dos decretos independientes, para asegurar la aprobación del incremento general del 2,7% a más de 10 millones de pensionistas. Serán dos textos distintos: uno para pensiones y la eliminación de la obligación de presentar declaración de IRPF para beneficiarios de prestaciones por desempleo; y otro para la moratoria en la prohibición de desahucios y demás medidas del denominado escudo social. «Se ha debatido tanto el qué como el cómo», indicaron a EL MUNDO fuentes cercanas a las negociaciones, apuntando que la decisión final podría tomarse en el último momento. «Ahora explican las razones por las que rechazan el escudo social», señalaron desde el Gobierno, haciendo referencia a PP y Junts.
Es relevante recordar que Junts, al igual que el PP, solicitó al Gobierno que presentara un decreto únicamente con la revalorización de las pensiones, compromiso que aprobarían. Los independentistas catalanes han tildado de «chantaje» la postura del Ejecutivo de querer aprobar un decreto con diversas medidas socioeconómicas: prohibición de desahucios; ayudas a víctimas de la dana; jubilación anticipada de bomberos; incentivos para compra de vehículos eléctricos; congelación de cotizaciones a autónomos; y transferencias a comunidades y entidades locales, entre otras.
Reducción de la moratoria de desahucios
La clave en esta situación podría residir en el PNV. Ante la ausencia de negociación —según las partes— entre Moncloa y Junts, el Gobierno ha buscado un texto con el respaldo de los nacionalistas vascos, al considerar que también podría contar con la aprobación de los seguidores de Carles Puigdemont. Se trata de un redactado que garantiza mecanismos que protejan a los propietarios por impago de alquiler y aseguren que las ayudas lleguen eficazmente.
Moncloa y el PNV han pactado un texto que libera a pequeños propietarios con una única vivienda en alquiler de la obligación de proporcionar una solución habitacional alternativa a personas en vulnerabilidad, trasladando esta responsabilidad a los servicios sociales. Quedan exonerados de esta carga aquellos dueños que posean una o dos viviendas, incluyendo la habitual y otra en arrendamiento.
El texto aprobado retoma una medida de normativas previas, pero que no estaba incluida en el decreto presentado la semana pasada al Congreso: en caso de que un propietario vulnerable tenga tres o más viviendas, el desahucio puede realizarse, pues se equipara la vulnerabilidad del arrendador con la del arrendatario, al entender que necesita uno de los inmuebles. Fuentes gubernamentales aclaran que quienes poseen tres o cuatro viviendas también se consideran vulnerables. En la práctica, esto suaviza la medida, limando su alcance, con la intención de atraer a Junts.
El acuerdo con el PNV, sin embargo, genera malestar entre los socios de izquierda, que rechazan medidas dirigidas a los caseros y defienden atender únicamente a inquilinos vulnerables. Desde Podemos, su secretaria general, Ione Belarra, ha calificado este pacto como un «asco absoluto». «El PNV acuerda con el PSOE desalojar a inquilinos vulnerables que residan en pisos de caseros que ‘sólo’ tienen una propiedad para alquilar. Pobrecitos, sólo pertenecen al segmento más acomodado de nuestra sociedad».
Feijóo rechaza el pacto
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que con este acuerdo «se anula el derecho a la propiedad». El líder opositor, desde el aeropuerto de Teruel, reprochó que con la nueva medida, «quien con esfuerzo y trabajo haya adquirido más de una vivienda y viva de esa renta deberá dejar de percibirla si su inquilino no puede efectuar el pago», lo que a su juicio evidencia la promoción de la «discriminación y tensión social» generada por el Gobierno de España. Igualmente, criticó que el Ejecutivo haya aprobado ahora la revalorización de las pensiones tras haber «utilizado a los pensionistas como rehenes para condicionar su voto». Un proceder mediante el cual, según Feijóo, «queda claro que el Gobierno los estuvo empleando para priorizar sus propios intereses políticos».