La Comisión Europea considera impracticable que los gobiernos establezcan requerimientos adicionales para las plataformas digitales más allá de lo que estipula la Ley Europea de Servicios Digitales (DSA).
Desde Bruselas se enfatiza que la responsabilidad recae en las plataformas, no en sus máximos ejecutivos, descartando la opción de perseguir penalmente a CEOs como Elon Musk por la publicación de contenidos ilegales.
España tiene previsto reformar su legislación para impedir que menores de 16 años accedan a redes sociales y para tipificar nuevos delitos relacionados con la manipulación algorítmica.
El Gobierno español participa en un proyecto piloto europeo para la verificación de edad y promueve la aplicación móvil Cartera Digital Beta para asegurar un acceso seguro a menores.
La Comisión Europea advirtió este miércoles que resulta «impracticable» que los gobiernos puedan superar el marco establecido por la Ley Europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) e impongan «medidas u obligaciones adicionales» a las grandes plataformas y a sus responsables.
Bruselas fundamenta su postura en que la legislación común busca un «efecto armonizador» para proteger a los menores en el uso de redes sociales, poniendo el foco en la responsabilidad de las empresas y no en la de sus directores.
«Implementar medidas u obligaciones adicionales para las plataformas es claramente impracticable, ya que está regulado por la DSA, con su efecto coordinado para proteger a 450 millones de ciudadanos. No buscamos proteger solo a los menores en España, sino queremos proteger a toda Europa con la DSA», afirmó en rueda de prensa en Bruselas el portavoz comunitario en Seguridad Tecnológica, Thomas Regnier.
«No es necesario sobrepasar el ámbito de la DSA», remarcó el portavoz, quien al responder sobre la valoración del Ejecutivo comunitario frente a las medidas anunciadas la víspera por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subrayó que las iniciativas de los Estados miembro en este ámbito deben ajustarse a los límites de la DSA.
Respecto a la propuesta en sí, Regnier aclaró que Bruselas no puede determinar su compatibilidad con la DSA al no existir aún un texto legislativo para su análisis.
«No hay un proyecto de ley, si (en su momento) surge uno, probablemente deberá notificarse a la Comisión Europea para su estudio», añadió.
«¿Puede un CEO ser responsable de lo que usted publica en internet? ¿Soy yo responsable, como CEO, de lo que usted comparte en línea? Es algo muy complejo, por esa razón la DSA no realiza investigaciones penales individuales. Con la DSA no perseguimos a personas, sino que focalizamos en las plataformas«, explicó Regnier.
Si un directivo «favorece algorítmicamente a un partido político o disminuye la visibilidad de otros, no es responsable; la plataforma es quien asume la responsabilidad«, reiteró.
De hecho, el día anterior Regnier celebró que España «se sume al grupo» de países europeos que ya implementan restricciones para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, como Francia, Dinamarca, Grecia o Austria.
La potestad para fijar la edad mínima de acceso recae exclusivamente en los Estados miembro, aunque el control del cumplimiento y las decisiones derivadas corresponden a la Comisión Europea, precisó.
Añadió que esos países, incluida España, forman parte desde hace meses de un proyecto piloto para una aplicación comunitaria de verificación de edad, con el propósito de «adaptar» los parámetros a las particularidades de cada Estado miembro.
Se espera que esta herramienta, desarrollada por la Comisión Europea, esté disponible en todas las App Store desde marzo próximo, aunque su uso no será obligatorio en todos los Estados hasta finales del año.
Para entonces, las plataformas deberán disponer de un sistema capaz de verificar y validar la edad del usuario y, aunque no están obligadas a adoptar la aplicación europea, deberán demostrar que su alternativa proporciona garantías equivalentes que aseguren el cumplimiento de las normativas nacionales y comunitarias.
Las medidas de España
El Gobierno busca impulsar varias reformas legislativas, algunas mediante el Código Penal y otras a través de una Ley Orgánica específica, para regular múltiples aspectos relacionados con las redes sociales, tales como la prohibición para menores de 16 años y la creación de nuevos delitos vinculados a la manipulación algorítmica.
Sánchez pretende que los directivos de las plataformas digitales sean considerados «penalmente responsables» por infracciones cometidas en sus servicios, especialmente ante incumplimientos en órdenes de retirada de contenidos ilegales.
Según fuentes gubernamentales, los altos ejecutivos de compañías tecnológicas podrían enfrentar responsabilidad penal por la falta de acción deliberada frente a ese tipo de contenidos.
Asimismo, el Ejecutivo quiere que se tipifiquen como delitos la manipulación de algoritmos que facilite la amplificación consciente de materiales ilegales y la alteración de sistemas automatizados de procesamiento de datos, puesto que estos contenidos no surgen espontáneamente, sino que son «generados, impulsados y multiplicados por actores específicos y algoritmos diseñados para maximizar beneficios».
Las propuestas, tanto para la responsabilidad penal de directivos como para la manipulación algorítmica, se recogerán mediante una reforma del Código Penal y un Proyecto de Ley Orgánica que el Gobierno planea presentar al Parlamento.
En paralelo, España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años, pero la existencia de métodos fiables para verificar la edad al crear cuentas en estas plataformas constituye el principal desafío para garantizar un acceso digital seguro.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció esta medida como parte de un paquete de iniciativas para reforzar el control sobre las plataformas digitales. España se une así a otros países que ya aprobaron regulaciones similares, como Australia, Francia, Nueva Zelanda y Malasia.
El reto principal es contar con un sistema de verificación confiable, pues métodos como el reconocimiento facial biométrico, la tarjeta de crédito o el DNI generan preocupaciones relacionadas con la protección de datos sensibles.
El Gobierno impulsa su propia solución, presentada por el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública en julio de 2024: la aplicación móvil Cartera Digital Beta, con la que participa en un piloto ya en marcha impulsado por la Comisión Europea.
Esta aplicación se basa en la futura Cartera de Identidad Digital Europea y permite verificar la mayoría de edad de forma anónima, sin revelar datos personales, garantizando la privacidad. La credencial expira cada 30 días para evitar el rastreo del usuario entre distintas aplicaciones.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, explicó tras el Consejo de Ministros la modificación legal que autoriza la prohibición: «España vuelve a posicionarse como líder internacional con una medida avanzada, para la cual nos asociamos con otros cinco países europeos, cuya primera reunión está prevista en los próximos días».
Aunque falta detallar ese encuentro, cabe recordar que la Comisión Europea eligió a España para liderar un proyecto piloto enfocado en crear una base común europea de verificación de edad, al considerar su herramienta la más desarrollada técnicamente.
Este martes, la Comisión Europea valoró positivamente el anuncio de España pero puntualizó que la legislación nacional no puede imponer a las plataformas «obligaciones adicionales» a las previstas por la ley europea de servicios digitales (DSA).
Según esta entidad, el uso obligatorio de la aplicación testada en el piloto, en el que participan España, Francia, Dinamarca, Italia y Grecia, no podrá ser impuesto, siempre que las plataformas dispongan de mecanismos efectivos para la verificación de edad.