El ministro Félix Bolaños ha definido como un «discurso político» las críticas formuladas por la presidenta del Tribunal Supremo y CGPJ, Isabel Perelló, emitidas en presencia del Rey Felipe VI.
Perelló manifestó presiones e influencias que afectan a los jueces y censuró la reforma promovida por Bolaños, indicando que la creación de 500 nuevas plazas no soluciona el déficit existente de jueces.
Bolaños mostró sorpresa por el tono y el momento en que se realizaron las críticas, defendió las reformas del Gobierno y afirmó que continuarán laborando para modernizar el sistema judicial.
Perelló exigió una convocatoria inmediata para cubrir plazas judiciales y advirtió sobre la sobrecarga y los retrasos que afrontan los jueces en España debido a estar por debajo de la media europea.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, calificó como un «discurso político» las declaraciones realizadas ayer por la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, quien denunció sin reservas «presiones externas directas» y «maneras de influencia indirecta» sobre los jueces.
Todo ello ocurrió en presencia del rey Felipe VI, circunstancia que molestó al ministro, quien reconoció su sorpresa por «el lugar» elegido para estas críticas.
Los hechos tuvieron lugar el martes durante la entrega de los despachos a los 121 miembros de la 74 promoción de jueces en un acto celebrado en Barcelona y presidido por el Rey.
Durante el evento, Perelló cuestionó los «problemas» de la reforma conocida como Bolaños, el nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia que, entre otras novedades, transforma los Juzgados de Instrucción en Tribunales de Instancia.
Asimismo, afirmó que la creación de 500 plazas judiciales «no soluciona ni afronta el problema estructural» del «déficit» de jueces y reclamó la defensa del sector ante «presiones externas directas» y «formas de influencia indirecta».
«Discursos políticos que se leen»
Ante estas afirmaciones, Félix Bolaños manifestó hoy su respeto hacia ellas, aunque las definió claramente como «discursos políticos que se leen».
En declaraciones realizadas a los medios antes de participar en unas jornadas sobre el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, el ministro mostró además su sorpresa por «el lugar» donde se emitieron estas palabras y «que fuera en presencia del Rey».
«Me resulta llamativo que el CGPJ demande la creación de 500 nuevas plazas de jueces, que el Ministerio de Justicia, por primera vez en la historia democrática, apruebe esas 500 plazas y que esto no reciba ningún comentario positivo. Quizás en el próximo discurso. Conviene no perder la paciencia», señaló con ironía.
El ministro también advirtió, sin embargo, que «el inmovilismo no conduce a ningún progreso» y afirmó que su departamento continuará impulsando las reformas necesarias para el sistema judicial.
«Nosotros no permaneceremos inmóviles, sino que impulsaremos las reformas que requiere la Justicia y seguiremos avanzando en su implementación porque son fundamentales para lograr una justicia del siglo XXI y bien valorada por la sociedad», añadió.
El discurso de Perelló
En su intervención, Isabel Perelló destacó que es imprescindible que los jueces estén protegidos no solo contra intervenciones o presiones externas directas, sino también frente a formas de influencia indirectas».
Por esta razón, resaltó que la Unión Europea ha asumido «de manera clara» la defensa del Estado de Derecho, especialmente «mediante la protección de la independencia del Poder Judicial».
«Y como magistrados europeos exigimos respeto a nuestro estatus y garantías. Por ello, según el Tribunal de Justicia, es esencial que los jueces estén protegidos» contra «presiones» e «influencias», añadió.
Ante la escasez de jueces, la presidenta del CGPJ demandó una convocatoria urgente de pruebas selectivas para cubrir «las numerosas plazas vacantes».
«La planificación de jueces no puede depender de circunstancias inciertas y futuras, es una necesidad inmediata que no admite demora y que día a día se agrava más. Tampoco se puede disminuir el nivel de exigencia ni la formación requerida, pues esto podría afectar la calidad del sistema», afirmó.
Según Perelló, en España la proporción de jueces es «considerablemente inferior» a la media europea: 11 por cada 100.000 habitantes comparado con 17.
«Este déficit genera un sobreesfuerzo y exceso de carga laboral en los jueces en activo, así como demoras y retrasos en la respuesta judicial, que muchas veces resultan imposibles de asumir para profesionales y ciudadanos», señaló.
Finalmente, respecto a las reformas impulsadas por el Gobierno para optimizar la eficiencia de la Justicia, subrayó que deben ejecutarse «de manera ordenada, organizada y con el plazo adecuado, contando con la participación de los profesionales de la justicia».