Las primeras sanciones a grandes propietarios abren la puerta a decenas de expedientes en tramitación
El Govern de la Generalitat junto a los Comuns han iniciado este martes la aplicación efectiva del régimen sancionador previsto en la ley de vivienda catalana, imponiendo las primeras 13 multas a propietarios por incumplimiento de la normativa. Fuentes del Ejecutivo estiman que estas sanciones podrían alcanzar un total cercano a 120.000 euros en esta primera fase.
El anuncio se realizó después de una reunión celebrada en el Palau de la Generalitat entre la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero; la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, y el presidente del grupo PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret. Este encuentro tuvo como objetivo evaluar el nivel de cumplimiento de los acuerdos vinculados a los suplementos de crédito para 2025, requisito que los Comuns establecieron como esencial antes de comenzar cualquier negociación sobre los Presupuestos de 2026.
Detallan que siete de estas sanciones han sido gestionadas por la Agència Catalana de Consum, mientras que las seis restantes corresponden a la Agència d’Habitatge de Catalunya (AHC). Algunas de las multas ya han sido cobradas, y otras continúan en trámite, pendientes de definir su importe definitivo.
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Las sanciones afectan hasta ahora a personas jurídicas
En la rueda de prensa posterior, Albiach destacó que todas las multas aplicadas hasta la fecha corresponden exclusivamente a personas jurídicas. “No se trata de sancionar a ninguna persona particular o física”, enfatizó, con el fin de despejar las críticas relacionadas con un posible impacto sobre pequeños propietarios.
Entre las sanciones vigentes, resaltan dos graves de 27.000 euros cada una. La primera se debe a un incremento del alquiler sin una justificación adecuada de los conceptos aplicados, mientras que la segunda multa se impuso a una entidad por actuar como administrador de fincas colegiado sin estarlo legalmente. Además, se incluye una sanción leve de 1.750 euros por no informar sobre el índice de precios de alquiler en una zona declarada como tensionada.
Adicionalmente, hay diez expedientes abiertos pendientes de resolución final. Entre ellos, figura un caso grave por no incluir ni el índice de precios ni la etiqueta de eficiencia energética en el anuncio del inmueble, lo que podría acarrear una multa de hasta 25.000 euros, junto a otros tres casos por falta de información sobre el índice de referencia. En el ámbito de la AHC, dos expedientes podrían alcanzar multas de 30.000 euros, otros dos de 3.000 euros, y dos más aún están por determinar.
El régimen sancionador de la ley de vivienda contempla multas que oscilan entre 9.000 euros para infracciones leves, de 9.001 a 90.000 euros para las graves, y de 90.001 a 900.000 euros para las muy graves. Paralelamente, el Govern ha cerrado 26 expedientes al concluir que no encajaban en las situaciones previstas por la ley.
Futuras sanciones “más contundentes”
Sin embargo, este primer paquete representa solo el inicio. Albiach informó que ya hay un segundo grupo de sanciones en proceso: 55 expedientes en trámite en la Agència Catalana de Consum, que podrían sumar alrededor de medio millón de euros, y otros 77 en la Agència d’Habitatge de Catalunya. “Se impondrán en cascada en las próximas semanas”, advirtió la líder de los Comuns, quien también reconoció que en esta fase inicial el Govern ha sido “algo más conservador”, aunque anticipó que las siguientes sanciones serán “mucho más severas”.
Para Albiach, estas multas marcan “un punto de partida” y no el final del proceso. Criticó la lentitud del Ejecutivo en la implementación del régimen sancionador y afirmó que sin la presión de los Comuns esta acción no se habría desencadenado. “Si no lo hubiéramos condicionado como imprescindible para negociar los Presupuestos, hoy el Govern aún no habría impuesto ninguna sanción”, afirmó.
En relación con las próximas semanas, Albiach anunció que en febrero debería ponerse en marcha el registro de grandes tenedores de vivienda y la unidad antidesahucios, dos instrumentos clave pactados con el Govern para fortalecer el control del mercado y asegurar el derecho a la vivienda en Cataluña.