Feijóo comunicó a sus colegas del Partido Popular los procesos judiciales que afectan al presidente del Gobierno español, además de expresar su inquietud por la regularización masiva que se va a llevar a cabo en España.
«Para numerosos dirigentes, lo que sucede en España resulta sorprendente«. Así describen fuentes del Partido Popular Europeo (PPE) la impresión que reina entre los líderes populares que se reunieron este viernes y sábado en Zagreb, y a quienes el presidente del PP español, Alberto Núñez Feijóo, detalló los casos de corrupción que afectan al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Los asistentes a la cumbre del principal partido europeo incluyen figuras destacadas. Se cuenta, por supuesto, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. También está la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y el líder del PPE, Manfred Weber. Se suman asimismo el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis; y el de Polonia, Donald Tusk. Además, figuran el vicepresidente italiano, Antonio Tajani; la secretaria general del partido, Dolors Montserrat; y el primer ministro croata, Andrej Plenkovic, quien ejerce de anfitrión.
«Alberto expuso la situación en España, con ministros y personas de su máxima confianza en prisión o enfrentando procesos judiciales; realmente es increíble. Un Gobierno habitual no resistiría una situación semejante. Es asombroso», explican a EL MUNDO fuentes presentes en la reunión. Hacen referencia a la situación de José Luis Ábalos, Koldo García o Santos Cerdán, además de a la fontanera Leire Díez, el hermano del presidente, David Sánchez, su esposa Begoña Gómez, y lo que pueda suceder con Francina Armengol o Ángel Víctor Torres.
El líder del PP también transmitió a sus compañeros de partido la preocupación por la regularización masiva de inmigrantes que España planea implementar. Gran parte desconocía este aspecto, y Feijóo se esforzó por explicar que esto tiene consecuencias para toda la Unión Europea. «Dado que estamos en el espacio Schengen, obviamente esto nos afecta a todos. Y quienes obtienen un permiso de residencia en la UE adquieren derecho a la reagrupación familiar, así que no hablamos solo de 500.000 personas, sino de un número mayor», explican desde el PPE.
Este posicionamiento, no obstante, contrasta con el expresado oficialmente por la Comisión Europea. El comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, declaró el pasado jueves que «las decisiones y políticas para regularizar a nacionales de terceros países en situación irregular son competencia de los Estados miembros«.
«Se trata de personas que ya residen en Estados miembros de la UE. En estas circunstancias, corresponde a los Estados decidir su reacción«, reafirmó el comisario austriaco el mismo día en que el PP solicitó a Bruselas que evaluase si la medida tomada por Sánchez incumple la política migratoria comunitaria.
Brunner no respondió directamente a esta petición, sino durante la sesión de preguntas en una rueda de prensa. Sin embargo, su rechazo a la intención del PP fue claro y no fue bien recibido dentro de la formación popular. Tanto que los responsables del Partido Popular ya han manifestado a Von der Leyen su descontento con los comentarios del comisario, quien, además, pertenece a la misma familia política y proviene de uno de los países con posturas más estrictas en materia de inmigración.
Fuentes comunitarias indican que la declaración de Brunner no fue coordinada con la presidenta de la Comisión ni con su influyente jefe de gabinete, Bjoern Seibert. En la cumbre del PPE, el partido completo asumió la postura de Génova. «La regularización masiva de inmigrantes irregulares debilita de forma significativa nuestra política migratoria. Por ello, apoyamos una política migratoria legal, organizada y controlada. La solidaridad descontrolada constituye una negligencia política inaceptable«, se establece en las conclusiones tras las dos jornadas de reunión.
Asimismo, el PP logró incluir en este texto un respaldo explícito a Venezuela y su petición en Mercosur. Sobre el acuerdo comercial con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el PPE afirman que está «comprometido a asegurar la aplicación de salvaguardias para los agricultores, con disparadores automáticos claros y un presupuesto adicional acordado de 45.000 millones de euros».