La norma incluirá que un tercio de los puestos del consejo de administración de las compañías de entre 50 y 1.000 empleados esté ocupado por los asalariados
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, promoverá una ley que establezca que al menos un 2% de las empresas sean propiedad o estén gestionadas por los trabajadores, porcentaje que puede incrementarse hasta el 10% en grandes compañías. Esta propuesta forma parte de un informe encargado por el Ministro de Trabajo a un comité internacional de expertos, y que se presentó este lunes bajo el título Dos promesas para quienes trabajan: voz y propiedad.
El informe sugiere asimismo que un tercio de los puestos del consejo de administración esté reservado para los trabajadores en compañías con entre 50 y 1.000 empleados, y que esta cifra aumente hasta la mitad del consejo en empresas con más de 1.000 trabajadores.
Durante la presentación del informe, Yolanda Díaz aseguró que estas propuestas se plasmarán en una nueva ley, complementada con una mesa de diálogo social, cuyo objetivo es llevar a cabo lo que considera “la gran reforma pendiente” en España: la democratización de las empresas.
“Un tercio de nuestro día lo pasamos bajo techos sin control democrático… esto debe ser corregido”, afirmó la vicepresidenta, resaltando que “una empresa sin la voz de los trabajadores es como un Parlamento sin el voto de la ciudadanía”.
Yolanda Díaz explica los detalles de la nueva norma para ampliar los permisos por fallecimiento (EuropaPress)
Una necesidad constitucional y social
Por su parte, la presidenta del comité de expertos que ha elaborado el informe, la socióloga Isabelle Ferreras, destacó que la gobernanza corporativa en España no cumple con el artículo 129.2 de la Constitución, situando al país entre los menos desarrollados de Europa en términos de participación y propiedad de los trabajadores.
“Es necesario completar la transición mediante la democratización de las empresas. No es un lujo, sino un mandato constitucional que se ha convertido en una urgencia”, afirmó Ferreras. Además, la experta señaló que estas reformas no solo responden a una cuestión legal, sino que representan una herramienta para mejorar la competitividad y la cohesión social, involucrando directamente a quienes operan las empresas en la toma de decisiones estratégicas.
El informe también plantea fortalecer los comités de empresa, especialmente en lo que respecta al derecho a la información y consulta sobre decisiones clave. Entre las propuestas más novedosas figura el derecho de estos comités a intervenir en la implementación de herramientas de inteligencia artificial, incluyendo la posibilidad de vetar decisiones relacionadas con su despliegue o uso en la organización.
Índice de Desarrollo Democrático Corporativo y sistema de incentivos
Para promover la participación efectiva de los trabajadores, la comisión propone establecer el Índice de Desarrollo Democrático Corporativo, que evaluará a las empresas según su nivel de democracia interna. Este índice se vincularía con un sistema de incentivos tipo bonus-malus, diseñado para premiar a las empresas más democráticas con beneficios fiscales, acceso preferente a la contratación pública o reducciones impositivas, mientras que las que tengan bajos niveles de participación podrían enfrentar sanciones o medidas desincentivadoras.
El Ministerio de Trabajo señala que esta propuesta podría generar resultados económicos positivos, incluyendo un aumento de la actividad empresarial, mayores inversiones y salarios, reducción del desempleo y una posible disminución de la deuda pública, fomentando así un círculo virtuoso que relaciona democracia interna con prosperidad económica.
La reforma contemplada se aplicaría a todas las empresas españolas, con una posible excepción para pymes de menos de 50 empleados. Además, el informe considera que la combinación del índice democrático con un marco regulatorio firme podría convertirse en un modelo replicable en otros países europeos, acorde con las tendencias internacionales de gobernanza responsable y participación laboral.
El comité que redactó el informe fue establecido por el Ministerio de Trabajo el 21 de febrero de 2025, presidido por Isabelle Ferreras y compuesto por expertos en ciencias sociales, derecho laboral, economía, filosofía política, gobernanza empresarial e inteligencia artificial. Su trabajo constituye uno de los esfuerzos más completos realizados en Europa para integrar propiedad, participación y tecnología dentro de la estructura empresarial.