Las discrepancias entre partidos acerca de la protección a pequeños propietarios y la extensión del escudo social dificultan la aprobación de medidas clave para jubilados e inquilinos vulnerables
El Gobierno español ha lanzado una operación política urgente para ratificar el aumento de las pensiones y preservar, en la medida de lo posible, la moratoria antidesahucios destinada a arrendatarios en situación vulnerable. Frente a la mayoría conservadora en el Congreso, el Ejecutivo optó por dividir el decreto ómnibus con el fin de sortear vetos y asegurar el respaldo mínimo necesario, según informó El País.
El lunes por la noche, el gabinete de Félix Bolaños retomó las negociaciones después del rechazo parlamentario al decreto que unía la revalorización de las pensiones con el mantenimiento del escudo social. PP, Vox y Junts se opusieron, respaldando la actualización de las pensiones, mas reclamando desvincular la moratoria de desahucios.
Como respuesta, el Gobierno decidió separar el decreto: uno específico para las pensiones y otras medidas con consenso, y otro para la moratoria, que genera discrepancias. Moncloa contempla posponer el debate y la votación si las negociaciones se complican, aunque prioriza garantizar la revalorización para los jubilados.
Tensiones y negociaciones
Las diferencias entre Junts y PNV marcaron el cambio de estrategia. Ambos partidos exigen que la moratoria antidesahucios excluya a pequeños propietarios y, en el caso de Junts, también a quienes poseen dos o tres viviendas. Coalición Canaria apoya esta solicitud. Los nacionalistas catalanes argumentan que el escudo, tal como está planteado, afecta negativamente a propietarios incapaces de asumir impagos de inquilinos vulnerables, a pesar de las compensaciones públicas contempladas, cuya efectividad ponen en duda.
El PNV ha solicitado que el Ejecutivo “replantee” el decreto para proteger a arrendadores particulares y eximirlos de la responsabilidad de buscar soluciones habitacionales, insistiendo en que esta carga debe recaer en la Administración. Así lo expresó la portavoz Maribel Vaquero, quien enfatizó que la ayuda pública no debería afectar a quienes solo disponen de una vivienda en alquiler.
Por su parte, Sumar y otros partidos de izquierda han presionado para mantener la moratoria. Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Sumar, mostró disposición a modificar la medida, siempre que se preserve la protección a las familias.
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, solicitó en TVE no ceder a “chantajes de las derechas” y defendió priorizar la protección de pensionistas y hogares vulnerables. El bloque de Sumar acepta dividir los decretos, pero rechaza aplazar los acuerdos.
Despiece legislativo y precedentes
Ante el bloqueo, el Gobierno evalúa repetir la táctica usada el año pasado: dividir los decretos en uno social y otro económico, lo que en ese momento permitió sumar el voto de Junts y desbloquear la subida de las pensiones, con el respaldo posterior del PP.
La negociación actual gira en torno a excluir a pequeños propietarios de la moratoria, definiendo a quienes tengan una o dos viviendas, con el fin de facilitar la aprobación parlamentaria. Esta estrategia busca equilibrar el apoyo entre nacionalistas y partidos progresistas.
El Pleno del Congreso, con los votos de PP, Vox y Junts, derogó este martes el decreto ley del denominado 'escudo social', que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerables. (Fuente: Europa Press/Congreso)
Otras fuerzas dentro del bloque de investidura defendieron las medidas sociales. Eva García Sempere (Izquierda Unida) consideró intolerable tener que elegir entre pensiones y protección social. Alberto Ibáñez (Compromís) exigió incluir todas las medidas y exenciones fiscales. Gabriel Rufián (ERC) criticó rechazar un decreto con “la mayoría de las cosas buenas” por un desacuerdo en un solo punto, según El País.
Pablo Fernández (Podemos) sugirió que, si la derecha y los nacionalistas catalanes insisten en oponerse a la moratoria, el Gobierno podría presentar decretos mensuales o incluso hacerse cargo del pago del alquiler de familias vulnerables para impedir desahucios, subrayando que corresponde al Ejecutivo encontrar la fórmula más eficaz para aprobar la revalorización de las pensiones.
Escenarios abiertos y presión de los plazos
La continuidad de la moratoria antidesahucios permanece en incertidumbre. Si se votan por separado, el aumento de las pensiones queda asegurado, pero crece el riesgo de que el escudo social no obtenga el apoyo necesario, lo que pondría en riesgo a cerca de 50.000 familias.
Las negociaciones, iniciadas el domingo, se extendieron hasta la noche del lunes en busca de un acuerdo que evite la desprotección social y garantice el respaldo a los jubilados. El Gobierno sigue manteniendo contactos, atento a un desenlace en las próximas horas.