El abogado de AVITE, Ignacio Martínez, ha interpuesto demandas contra 15 perjudicados por la talidomida para exigirles el pago del 10% de la indemnización pública que se les asignó en 2023.
Mientras que aproximadamente 150 socios de la agrupación han cumplido con el pago de ese porcentaje, alrededor de quince se resisten, alegando que dicha compensación no es producto del trabajo jurídico del abogado.
Esta disputa ha generado una crisis interna en AVITE, la principal asociación de afectados, generando acusaciones mutuas sobre los servicios prestados y los cobros realizados al letrado.
Las ayudas públicas concedidas a las víctimas alcanzan unos 750.000 euros por persona, y en conjunto Martínez reclama cerca de 1,5 millones de euros a los socios que aún no han satisfecho el pago.
Se ha producido un cisma en AVITE, la asociación más representativa de afectados por la talidomida. Ignacio Martínez García, su abogado, ha presentado demandas contra aproximadamente 15 miembros de la organización, víctimas de este fármaco, para exigir un porcentaje de la ayuda pública otorgada por el Gobierno en 2023.
La situación es la siguiente: alrededor de 150 socios de AVITE han abonado el 10% (más IVA) de estas subvenciones, de las cuales Hacienda retiene el 47%. Sin embargo, una quincena se niega a realizar dicho pago.
Según los distintos testimonios recopilados por EL ESPAÑOL, existe un conflicto interno dentro de la asociación debido a esta cuestión.
Las fuentes consultadas por este medio señalan que, en promedio, cada víctima de la talidomida ha recibido ayudas públicas del Gobierno por un valor de aproximadamente 750.000 euros. Por ello, Martínez exige un millón y medio de euros en total a los 15 miembros de AVITE que se resisten a pagar su porcentaje.
La talidomida fue creada para aliviar las náuseas de las embarazadas y provocó malformaciones en los fetos. Este medicamento no fue retirado del mercado en España hasta 1985, a pesar de que otros países lo prohibieron en noviembre de 1961.
Gran parte de las víctimas del medicamento nacieron sin algún brazo o pierna y padecen envejecimiento prematuro, además de una dependencia relativa, por lo que han recibido dichas ayudas.
Este diario ha tenido acceso a una de estas demandas —un proceso monitorio— presentada ante un juzgado de Madrid por Ignacio Martínez contra una socia de la asociación, a quien reclama casi 110.000 euros.
En contraste, el abogado particular de esta mujer rechaza esta solicitud. Aunque reconoce que su clienta se comprometió a abonar a Martínez un 10% de la futura indemnización estatal que recibiera, sostiene que dicha compensación no es fruto de la labor del abogado de la asociación.
En respuesta a la demanda, el letrado comenta que fue una enmienda de Ciudadanos, aprobada en 2016, la que inicialmente concedió cierta protección a los afectados por la talidomida, sin que el abogado demandante interviniera.
Además, el abogado recuerda que un real decreto de 2023 reguló la entrega de tales ayudas. Subraya también que, en 2022, la Audiencia Nacional desestimó la reclamación patrimonial presentada por AVITE, que pedía 400 millones de euros al Estado.
«Por tanto, [Martínez] no posee derecho alguno a exigir ese pago», afirma el abogado de la socio demandada.
Como informó EL ESPAÑOL, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional rechazó la demanda millonaria presentada por AVITE.
La asociación denunció la demora en la asignación de las ayudas —en 2022, el real decreto que las regulaba aún no se había publicado— agravada por la pandemia de Covid-19.
No obstante, la Audiencia Nacional determinó que la Administración no incurrió en ninguna «conducta que obstaculizara arbitrariamente la intención del legislador» respecto a la concesión de estas subvenciones. Por ello, tras desestimar todas sus peticiones, la Sala ordenó a AVITE cubrir las costas del proceso, hasta un máximo de 3.000 euros.
El 10% de la ayuda
Por otro lado, en la respuesta a la demanda de Martínez, el abogado de la socia demandada indica que «en cualquier caso, la legitimación activa» para reclamar un porcentaje de dicha ayuda corresponde a AVITE.
«Esta parte no niega que el abogado demandante haya prestado servicios profesionales como letrado a la demandada, pero en ningún momento le han generado beneficio alguno», dice la contestación a la demanda.
Igualmente, sostiene que esos servicios legales ya han sido compensados a Martínez con fondos de la asociación. «Sin embargo, amenaza y coacciona para que, si no se le abona el 10% más IVA, comenzará acciones judiciales», denuncia el abogado de la socia.
En diálogo con este medio, el vicepresidente de AVITE, Rafael Basterrechea, niega esas afirmaciones. «Martínez trabajó durante 15 años para nosotros sin recibir remuneración alguna», asegura vía telefónica.
«Considero, sin ánimo de ofender, que son excusas de quienes no desean pagar», añade, refiriéndose a los 15 socios que rehúsan abonar la cantidad.
Basterrechea también valora de forma positiva la resolución del Tribunal Supremo que eliminó ciertos requisitos impuestos por el real decreto de 2023, ampliando el número de beneficiarios.
«Cuando iniciamos el litigio hace más de 15 años, contratamos a un abogado a éxito y firmamos un contrato con él: solo cobraría si ganaba los pleitos», señala, por su parte, el vicepresidente de AVITE. «Por eso estoy de acuerdo en abonarle su parte», concluye.
Por último, el Supremo estableció que la farmacéutica alemana Grünenthal, fabricante de la talidomida, fue responsable de las malformaciones. No obstante, la vía penal para reclamar contra esta empresa ya ha prescrito.