El anuncio sobre una Ley de Amnistía General en Venezuela ha causado escepticismo entre las víctimas del chavismo y las familias de presos políticos, quienes temen que pueda representar impunidad para los perpetradores.

Sergio Contreras, ex preso político y presidente de Refugiados sin Fronteras, exige que la amnistía contemple la finalización de la persecución, el cierre de procesos penales arbitrarios y garantías de no repetición.

El cierre del Helicoide, emblemático por las torturas y la represión, se considera un acto significativo, aunque las víctimas advierten que eso no será suficiente sin reformas profundas y justicia efectiva.

Organizaciones y familiares demandan una ley participativa, con supervisión internacional, reparación completa a las víctimas y la liberación total de todos los perseguidos políticos.

La presentación de una Ley de Amnistía General en Venezuela ha creado divisiones entre las víctimas del chavismo. Para numerosos familiares de presos políticos, lo que Delcy Rodríguez expuso este sábado como un acto histórico suena más como un intento de blanquear que una verdadera justicia.

Sergio Contreras expresa con franqueza: “Lo anunciado no equivale a justicia”, comenta desde España, donde reside en exilio y preside Refugiados sin Fronteras.

Se presenta con una credencial firme. “Soy ex preso político de la Venezuela de los últimos 25 años, sobreviviente de los calabozos del Helicoide, de la DGCIM y de la prisión militar de Ramo Verde”, explica.

“He vivido personalmente lo que significa ser arrebatado de tu vida por denunciar, organizar y resistir”, resume. Por eso observa con recelo un texto que, a su parecer, carece de garantías, participación real de las víctimas y una planificación seria de justicia transicional.

Delcy Rodríguez presentó una amnistía que abarcaría “todo el periodo de violencia política desde 1999 hasta hoy” y anunció el cierre del Helicoide como centro de detención. El régimen chavista intenta posicionarlo como el inicio de una nueva etapa y un proceso de reconciliación nacional.

Las familias de presos políticos respondieron con un mensaje contundente: “La amnistía no debe implicar impunidad” ni convertirse en un borrón y cuenta nueva para los responsables de la represión, advierten.

Contreras coincide con esa interpretación, aportando un enfoque jurídico detallado. “La amnistía, en términos de derecho internacional y justicia transicional, no se limita a liberar a personas privadas de su libertad”, señala.

En su reflexión, insiste en que una amnistía responsable debe contemplar el fin de la persecución política, el cierre definitivo de causas penales arbitrarias y la supresión de órdenes de captura motivadas ideológicamente. Y, crucialmente, garantías firmes de que estas causas no se reactive bajo figuras legales distintas.

Denuncia que nada de esto aparece explícito en lo presentado por la vicepresidenta. “El anuncio de Rodríguez solo plantea un proyecto de ley y una apertura parlamentaria”, señala, sin mecanismos independientes de supervisión ni estándares mínimos del Derecho comparado en procesos democráticos.

El problema, enfatiza, es de gran alcance. Organizaciones de derechos humanos y familiares reportan miles de personas con expedientes abiertos, órdenes de captura o medidas cautelares que condicionan su vida cotidiana.

Se trata de venezolanos que no siempre han estado encarcelados pero viven atrapados en un sistema judicial opresivo. No tienen libertad de movimiento, no pueden ejercer plenamente sus derechos políticos ni reconstruir sus proyectos de vida.

“Esta ley debe incluir, sin excepciones, la liberación definitiva, la desactivación de todos los expedientes penales de índole política y la eliminación de medidas cautelares que restringen la vida y proyectos”, demanda Contreras. “No es admisible que se mantenga un Estado de excepción encubierto mediante figuras procesales o medidas cautelares que prolongan la precariedad y el temor”, añade.

La forma también tiene importancia. Para el ex preso político, una legislación de esta envergadura no puede tramitarse apresuradamente ni aprobarse en solo dos días en el Palacio Federal Legislativo.

Sostiene que se deben convocar audiencias públicas, garantizar la participación de víctimas y organizaciones, contar con la intervención de mecanismos internacionales de derechos humanos y aplicar controles efectivos de constitucionalidad.

“Si se quiere evitar repetir errores históricos —leyes de amnistía que ocultaron graves violaciones a los derechos humanos— esta ley debe establecer reglas claras para su implementación”, añade.

Su “demanda mínima” incluye la incorporación de todos los perseguidos desde 1999 hasta hoy, sin distinciones ideológicas, ni filtros burocráticos o exclusiones arbitrarias.

El cierre del Helicoide, el edificio temido donde Contreras fue torturado, tiene un significado visible. “Cerrar las instalaciones donde sufrí torturas y donde muchos otros murieron o quedaron marcados para siempre es un símbolo fuerte”, reconoce.

Pero advierte sobre una interpretación superficial. “Cerrar un inmueble no significa erradicar las prácticas represivas institucionales”, alerta.

Se refiere entonces a lo que debería implicar una verdadera justicia transicional: acceso público a la verdad y reparación integral, sistemas de archivo y acceso a expedientes, garantías de no repetición y reformas profundas en el sistema judicial y de seguridad.

“Estas reformas no pueden faltar en la ley si verdaderamente se busca justicia y transformación”, concluye. De lo contrario, sería una maniobra superficial para aliviar la presión internacional y ganar tiempo.

Contreras no niega la importancia del cambio político. “Celebro que, tras décadas, se reconozca públicamente que la violencia política debe abordarse con leyes y procesos estructurales”, concede.

Pero insiste en marcar los límites. “No alcanza con un anuncio legislativo: se precisa un marco jurídico de justicia transicional amplio, transparente, participativo, irreversible y con plazos definidos”, reclama.

Su llamado trasciende Caracas. “Exijo —y exijo que el mundo también presione por ello— que esta ley sea debatida con plena transparencia, participación y supervisión internacional en derechos humanos, reparación integral a las víctimas, liberación total sin condiciones, cierre y anulación de todas las causas políticas”, enumera.

Solo en esas condiciones, concluye, podría iniciarse un verdadero proceso de reconciliación. “Solo así será posible hablar de justicia auténtica y no de una operación cosmética de política”, sentencia.